Rodríguez los procesó por presunta estafa, falsedad ideológica y asociación ilícita junto al ex “barra K” Marcelo Mallo, quien fuera el referente de Hinchadas Unidas Argentinas, por una operatoria en la que según sospechaba la entonces diputada nacional Liliana Schwindt (massista), contaban con la supuesta connivencia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Ambos acumulan más antecedentes incómodos. Lamparelli movió y ganó fortunas desde Puerto Madero en la compra y venta de dólares en los mercados oficial y blue durante el kirchnerismo y quedó bajo la mira de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), mientras que Marcal Gago aparece en otra causa por presunta estafa en la que debió dar explicaciones Ramón Allan Bogado, el espía señalado por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia vinculada a Irán, según publicó La Nación.
Lamparelli y Marcal Gago también afrontaron una causa en el fuero Penal Económico -en la que fueron sobreseídos, decisión que fue apelada- y aparecen también vinculados a la financiera SGI –“La Rosadita”-, por la que Federico Elaskar y Leonardo Fariña movieron decenas de millones de dólares del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.
Sin embargo, las escuchas telefónicas exponen el involucramiento de Dengra. La investigación comenzó en Salta, donde el entonces director regional de la AFIP Rafael Resnick Brenner -ahora uno de los acusados en el juicio oral por el “caso Ciccone”- recibió una denuncia en junio de 2014 sobre Pessotto, verificó los primeros indicios sobre él y Dengra, y reportó al Juzgado Federal Nº 1 de Salta, que ordenó escuchas sobre nueve teléfonos y la intervención de cuatro correos electrónicos durante más de un año y medio, más otras tareas de inteligencia por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Con esas escuchas se logró reconstruir cómo operaba la banda con la ayuda del área de sistemas de la AFIP, que le marcaba potenciales clientes y borraba deudas, previo pago de comisiones.
Más tarde, el Juzgado Federal de Salta se declaró incompetente y remitió el expediente a la jueza Arroyo Salgado, que a mediados de este año completó más de 200 allanamientos.