En el caso de los jubilados se pagaron este año unas 20 mil sentencias por casi US$ 600 millones y quedan más de 2 millones en suspenso, de los cuales casi 800 mil entraron en el reparación histórica.
El catenaccio previsional y laboral
Las controversias judiciales laboral y previsional hacen mucho más ruido político por la cantidad de involucrados en el conflicto, que por el peso que tienen en la contabilidad deudora de la Procuración del Tesoro nacional, ya que entre causas previsionales y amparos por las tarifas hasta demandas millonarias en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial (encargado de resolver disputas entre países y empresas) en total reúnen 2.240.000 juicios en tribunales federales en instancias internacionales.
Las cifras fueron extraídas del Sistema de Gestión de Juicios (Sigej), que contiene la información de todas las dependencias públicas, menos las de la ANSES y AFIP, que están con cuentas aparte.
La potencial contingencia supera los US$ 37.000 millones, o sea un 61% más que el déficit fiscal previsto para este año, de acuerdo con estimaciones que manejan en la Casa Rosada y en la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, y de los más de 2 millones de causas, apenas 743 revisten una especial preocupación para el gobierno, según la respuesta a un pedido de información pública hecho por La Nación a la Procuración.
Se trata de 119 casos "de relevancia económica" y otros 571 de "relevancia institucional", a los que se suman otros 53 que combinan ambas etiquetas, si bien se cree que hay más de 1400 procesos "complejos" y unas 19 demandas, por US$ 6200 millones, en tribunales internacionales.
El desmenuzamiento ubica al Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, como el que acumula más juicios "calientes", con 308, de los cuales 194 son amparos pedidos en 2016 por defensorías del pueblo, municipalidades y entidades sin fines de lucro ante el aumento de las tarifas eléctricas.
Otros tres expedientes por daños y perjuicios van contra Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, de Cristóbal López, por más de $ 155 millones.
En la cartera de Justicia recayeron, entre otras, las acciones impulsadas por Alejandro Fargosi contra los miembros del Consejo de la Magistratura sin título de abogado y el amparo del ex diputado Manuel Garrido para declarar la nulidad de los nombramientos de 57 conjueces durante el kirchnerismo, de acuerdo con la nota publicada en La Nación.
También entre los que tienen juicios complejos se encuentran el Banco Nación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Policía Federal, cuyos conflictos incluyen disputas con barrabravas e incluso los procesos contra los custodios del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Entre 230 demandas relevantes, la que tiene el reclamo económico más alto es la de una ONG paraguaya, en concepto de indemnización por los efectos del Tratado de la Triple Alianza, de 1865, por US$ 150.000 millones.
Asimismo hay dos iniciados por AFJPs por la estatización de los fondos de pensiones, que son por más de US$ 90 millones cada uno, más un juicio de La Pampa para obtener el pago del saldo del Fondo Nacional de Energía Eléctrica.
Un juez que era accionista del Banco de Hurlingham, Juan Claudio Chavanne, lleva años tras una reparación de US$ 25 millones al Banco Central por actas dictadas por la Junta Militar durante la última dictadura
Córdoba pleiteó por $ 3.300 millones por los descuentos sobre fondos de la coparticipación, el cual podría quedar superado ante el acuerdo federal con las provincias.
TBA (la concesionaria del ex ferrocarril Sarmiento, que estuvo involucrada en la tragedia de Once y a la que se le dictó la quiebra) entabló una causa por indemnización por daños y perjuicios y aparece una contrademanda del Correo Argentino, una empresa de la familia Macri, al Estado.
El Ministerio de Hacienda lleva pagados $ 10.800 millones en los últimos 10 años por deudas derivadas de litigios, de los cuales $ 6.026 millones fueron erogaciones del Servicio de Deuda Pública, mientras que $ 1.300 millones, aproximadamente, pertenecen a pagos de la Policía Federal Argentina, que acumula muchas deudas con efectivos retirados que reclaman que se incluyan distintos conceptos de sus salarios a su jubilación.
Algo similar a lo que sucede con las Fuerzas Armadas, que en la última década debieron destinar más de $ 500 millones por ese concepto.
El pago mal liquidado de recomposiciones salariales a las fuerzas de seguridad de manera no remunerativa, que no se contabilizan para la jubilación, constituye un riesgo latente de multiplicación de demandas.
La Procuración del Tesoro nacional dispuso relevar expedientes para efectuar una especie de inventario de las demanda que pesan contra el Estado, al encontrar desactualizados los sistemas en los que los distintos servicios jurídicos ministeriales los vinieron asentando a lo largo de décadas y se perpetúan por el desorden en que fueron acumulados.
La suma es escalofriante si se la compara con el déficit fiscal estimado para este año, del que representa más de un 61%.
