Serán claves en la cumbre de mandatarios que sesionará en OIivos los impuestos que se modifican en la reforma, como los vinculados a la seguridad social, a las ganancias corporativas y personales, al valor agregado, a los créditos y débitos bancarios, ingresos brutos, sellos y aduanas interiores, internos, a los combustibles y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles.
Los lineamientos de la reforma dan cuenta de los impuestos en cascada (a los créditos y débitos bancarios -más conocido como al cheque- y los provinciales a los ingresos brutos) que serán presentados por la Administración Macri como una fuente de distorsiones del sistema impositivo, ya que generan incentivos a la integración vertical, a la concentración geográfica (vía las alícuotas de extraña jurisdicción), a la desintermediación financiera (particularmente el que grava al cheque) y un considerable sesgo antiexportador.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo en recientes declaraciones a la prensa que "ningún otro país del mundo recauda, como Argentina, 6 puntos del PBI en esta clase de tributos”. Propone aumentar gradualmente hasta 100% el porcentaje de débitos y créditos bancarios y que se aplique a cuenta de ganancias.
Pero uno de los principales objetivos del gobierno nacional consiste en convencer a las provincias para que reduzcan gradualmente las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos.
Batuta bonaerense
Las prendas de negociación de mayor peso con que cuenta la Casa Rosada son la coparticipación federal y los impuestos internos que afectan a las economías regionales.
La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, salió a marcarles la cancha a sus colegas con el proyecto de Ley Impositiva 2018 que envió a la Legislatura y propone una reforma a nivel provincial que compensa con un aumento de impuesto inmobiliario urbano y rural, las rebajas en los Ingresos Brutos.
Este es el faro con que el gobierno nacional pretende iluminar a las provincias restantes para las sumas y restas propuestas.
Pero el otro intríngulis a resolver en esta suerte de asamblea de gobernantes es el sistema jubilatorio de reparto, cada vez más deficitario, al que consideran un obstáculo cada vez más grande contra la inversión, el empleo, los salarios y el crecimiento en el largo plazo.
La contracara del ajuste fiscal planteado, que es la sustentabilidad del financiamiento de la deuda pública de la administración nacional, discurre por un farragoso terreno político, ya que se presentaría como un costo de oportunidad que la Casa Rosada está dispuesta a aprovechar, por más que se da de patadas con viejas consignas antiimperialistas avenidas en banderas “progres” de lucha: las líneas contingentes (stand by) del FMI.
La necesidad que figura en el presupuesto de refinanciar intereses asciende a $406 mil millones; unos us$21 mil millones, de los que poco más de un tercio podría cubrirse cambiando la movilidad jubilatoria por la indexación.
El gran dilema parlamentario: levantar la mano para achicar las jubilaciones o ir al Fondo y condenarse al hostigamiento de la militancia radicalizada.
La ONG especializada en análisis presupuestario, ASAP, recuerda que la decisión de reducir el déficit fiscal de manera gradual y con financiamiento externo implica una suba del endeudamiento.
La escalera descendente del déficit primario va del 4,2% del PIB de 2017 al 3,2% en el Ejercicio 2018; al 2,2% en el 2019, y al 1,2% en 2020, para tornarse positivo (superávit) a partir del ejercicio 2022. Es acompañada por un crecimiento en el peso de los intereses de la deuda, del 1,76% del PIB en 2017 a 1,97% en 2018, alcanzando su pico máximo en 2019, con 2,15% del PIB.
El desglose del proyecto de Ley de Presupuesto 2018, según especifica, prevé un rojo de $678.870 millones, lo que equivale al 5,5% del PIB estimado para ese año.
Dicho importe, sumado a las amortizaciones de la deuda previamente contraída y a la cancelación de otros pasivos ($1.284.401 millones, 10,3% del PIB), a otros compromisos financieros (inversión financiera, por $235.999 millones, 1,90% del PIB), determina una necesidad de financiamiento total de $2.199.269 millones (17,9% del PIB).
Señala que tanto la amortización de deuda como la cancelación de pasivos son pasibles de refinanciar sin mayores inconvenientes, por lo que no constituyen una carga financiera efectiva.
Entre estos conceptos se destacan:
-Adelantos Transitorios del BCRA, renovables por $570.930 millones (aportando un financiamiento neto del orden de los $140.000 millones).
-Operaciones intra Sector Público. Se estiman en $506.113 millones.
Más allá de los números, aparecieron presencias físicas que se asocian a vías alternativas de financiamiento: la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el encargado para el país, Roberto Cardarelli, quien arribó a Buenos Aires la semana pasada para revisar las cuentas fiscales.
Es la 2da oportunidad desde el cambio de signo político de Gobierno en 2015 que la economía argentina vuelve a estar auditada por el Fondo, ya recuperadas las estadísticas oficiales confiables.
Cardarelli y su equipo empezaron a reunirse con funcionarios del Banco Central a fin de analizar los números de la autoridad monetaria, justo cuando el titular de la entidad Federico Sturzenegger envió una nueva señal antiinflacionaria al mercado, con la nueva suba de la tasa de referencia.
Después vienen encuentros con representantes del Ministerio de Hacienda y de la cartera de Finanzas que conduce Luis Caputo, en las que se pasará revista al plan de reformas que presentó la semana pasada el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner.
Según trascendió, para el FMI es clave la cuestión fiscal, ya que considera “crítico cumplir con el objetivo anunciado de recortar el déficit fiscal federal primario en 2% en 2018/19”.
En ese sentido, el Gobierno tiene a favor que en el 3er trimestre se sobrecumplió la meta fiscal, con un déficit que descendió al 2,2% del Producto Bruto Interno por el equivalente a $222.379 millones.
En cuanto al gasto público, el FMI recomendó “nuevos recortes de los subsidios generosos y mal focalizados de la energía” y “una racionalización en muchos otros ámbitos, como salarios, bienes y servicios y transferencias discrecionales al sector privado y a las provincias”.
