Es cierto que algunas bebidas alcohólicas y los cigarrillos no tienen demasiados argumentos para justificar que no sean gravadas con impuestos especiales, ya que es norma en el resto del mundo en las luchas anti-alcohol y antitabaco.
Otro frente de tormenta se abrirá el jueves próximo, en Olivos, cuando el presidente Mauricio Macri y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, les pidan a todos los gobernadores que asistan a la reunión convocada que recorten los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos en sus provincias, por el equivalente al 1,5 ó 2% del PBI en 5 años, hasta 2023. Implicaría que resignen ingresos entre $150.000 y 200.000 millones.
La señal que llegó a la Casa Rosada es que “minga” levantará alguno la mano para aprobar las reformas si llevan atado el paquete de impuestos internos.
Pero el objetivo prioritario del gobierno nacional no pasa por doblegar a los mandatarios provinciales, sino lograr su aval y el de los legisladores para los cambios previsionales y laborales que contiene el núcleo de la reforma y hasta en los diálogos preliminares a nivel parlamentario entre el macrismo, sus aliados y la oposición de buenos modales se mencionan tomas y dacas para que no se evidencien vencedores ni vencidos.
El resto de los impuestos que integran el paquete son marginales, a negociar, y el blanqueo laboral, de acuerdo a cómo se instrumente, tiene apellido: Indalo y otras empresas, como Oca, en lista de espera para la compra por parte de fondos amigos, todo esto, en definitiva, desenmascara la falta de inversión, que no llega al 15% del PBI cuando en la región está más cerca del 20%.
La cuestión pasa por reducir $123.000 millones el déficit fiscal para 2018, al bajar de los 4,5 a 3,2 puntos del PBI.
Al número se llega mediante el ahorro respecto de los gastos que figuran en el presupuesto ya presentado para 2018 entre 80.000 y $90.000 millones, más los ingresos de los tributos a la renta financiera, los cambios en ganancias y el IVA a los servicios financieros, más la recaudación extra por la mejora de la actividad económica.
Las pastillas del abuelo
Sin embargo, de la modificación de la "movilidad jubilatoria" con la que se indexan los pagos a los pensionados y su reemplazo por la medición a través de la inflación real de la economía sale la mayor parte del recorte al déficit.
Desde una óptica amiga, el economista de FIEL, Daniel Artana, hizo un análisis positivo en torno de la decisión del gobierno de reducir la carga tributaria sobre la producción, la exportación, la inversión y el empleo de menor calificación es positiva, aunque le adjudicó “algo de voluntarismo en las proyecciones que pueden servir para movilizar a la dirigencia a reducir el gasto o a complicar la reducción gradual del déficit proyectada”
No está de acuerdo con el aumento a los impuestos sobre el ahorro por el bajísimo nivel de inversión que hay en el país y opina que subir los impuestos a los asalariados con mayor tasa de ahorro, así como aumentar la tributación sobre los ingresos de capital, puede generar algún desincentivo.
Y en tal sentido recuerda que, en base a la evidencia internacional, la forma más eficaz de corregir el déficit externo pasa por reducir el consumo del sector público y no tanto por modificar los incentivos al ahorro privado.
Pondera, en cambio, que la reforma apunte a reducir en forma importante los impuestos sobre inversiones y exportaciones, ya que, por un lado, rebaja del 35 al 25% la alícuota que grava las ganancias reinvertidas por las empresas, y baja notablemente el sesgo antiproducción nacional del sistema actual.
Celebra que se proponga eliminar buena parte de la cascada en ingresos brutos (llevando a cero las tasas para el sector primario, la industria y la construcción y rebajando la que grava a la actividad financiera); lo mismo que sellos, que es otro impuesto en cascada. Observa que se acota, asimismo, el impacto negativo del impuesto a las transacciones financieras, al permitir que se utilice la totalidad como pago a cuenta de ganancias.
También que se garantice la devolución de los saldos a favor del contribuyente por IVA pagado en el proceso de inversión, que hoy se demora hasta que la firma entra en marcha.
En cuanto al empleo, Artana afirma que la tributación sobre los ingresos de los asalariados (computando aportes personales más cargas patronales) se reduce para la mayoría de empresas.
Aclara que el efecto final para cada una es complicado de estimar, ya que se propone eliminar la porción de cargas patronales que se acredita contra el IVA (favorece más a las empresas más alejadas de Buenos Aires), y se eliminarían los beneficios a algunos sectores que hoy pagan menores cargas patronales (educación privada), las sobretasas que hoy castigan a otros y las reducciones para las microempresas con menos de 5 empleados.
Pone de relieve, sin embargo, que la reforma reduce la tributación sobre los asalariados de menores ingresos, pero aumenta los impuestos para los medios altos y altos, debido a que se introduce un mínimo no imponible para las cargas patronales de $ 12.000 al mes, que favorece a las personas con menores ingresos formales. Explica que al aumentar las cargas patronales del 17 al 19.5% y eliminar el tope de $ 82.000 para los aportes personales se incrementa la tributación sobre las personas que ganen por encima de ese monto (para quien tiene un sueldo bruto de $ 82.000 los 2.5% de mayores cargas patronales son iguales que el 17% sobre los $ 12.000 de mínimo no imponible).
Además, deberían perder (o ganar menos) las empresas con una mayor proporción de trabajo calificado que cobra salarios relativamente mayores a los del promedio de la economía.
Los impuestos sobre el ahorro aumentan respecto de la situación actual al gravarse la renta financiera hoy exenta y aumentar la tasa marginal sobre los trabajadores que tienen un sueldo bruto mayor a $ 82.000 que pasa del 35% actual (sólo por ganancias) a alrededor de 45% (ganancias al 35% sobre un menor sueldo neto de aportes personales sin el tope).
Es difícil criticar la decisión de gravar la renta financiera, pero sí la oportunidad y la instrumentación. En tal sentido, debe considerarse que otros ingresos del capital, como dividendos y alquileres, están gravados al 35%.
En este último caso, se requiere definir aspectos complejos (entre otros, derivados, ganancias de capital) y con el riesgo que se graven ganancias nominales que son pérdidas luego de que se ajustan por inflación (lo que ha ocurrido en algunos meses recientes para los plazos fijos).
Se está inclusive ante una rebaja importante por la reducción/eliminación de los impuestos en cascada que también afectan el precio de venta al mercado interno. Este efecto es significativo porque se reducirían impuestos por alrededor de 3% del PIB que hoy sufren los exportadores, los productores nacionales y los consumidores.
