¿A qué se refería el Presidente? ¿Habrá proyectado su enojo contra algún medio que difundió información que no esperaba que se conociera? Se habla del fastidio que le generó la filtración de datos de la AFIP sobre personas que ingresaron al blanqueo de capitales, incluidos miembros de su entorno. Tal vez le molesten las críticas, fuertes, que parten de varios periodistas de una señal de noticias.
¿Pero podría el Presidente calificar el ejercicio del periodismo como una "comportamiento mafioso", es decir, delictivo? El Presidente no abundó al respecto en un discurso muy breve - de poco más de 7 minutos- ante empresarios con los que se reunió en la quinta de Olivos.
Sin embargo, el Presidente no puede arrojar la piedra y esconder la mano. Su calidad de funcionario público y, más que nada, su investidura lo interpelan para que denuncie como corresponde cualquier presunto delito del que tenga conocimiento.
No se trata esto último de sólo una cuestión ética o moral. Es además un deber legal fijado en el artículo 177 del Código Penal, que dicta que los funcionarios o empleados públicos "tendrán la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio".
Se sabe que la tensión entre el periodismo y el Poder es constante. No debería sorprender algún enfrentamiento. Pero no exime al Presidente de fundamentar sus acusaciones.
Entonces, si el Presidente conoce sobre "comportamientos mafiosos", o sea delictivos, de cualquier índole, no debe sólo denunciarlos desde el atril, sino que es su deber llevar la certeza o sospecha ante la sede judicial. También no debería escatimar información a la sociedad sobre tan pesada acusación. Si el Presidente sabe algo, que lo diga. Y que también lo denuncie como corresponde. Si no puede hacerlo, sus palabras podrían ser interpretadas como meras presiones al libre ejercicio del periodismo y, en última instancia, a la libertad de expresión.
