La desconfianza en la confidencialidad de eventuales presentaciones hará abstenerse a más de uno de los potenciales candidatos a entrar, no sólo porque podría ver afectada su reputación, sino por el riesgo de quedar al descubierto y que después venga otro gobierno a cobrarle.
Otra vez, aparece el síndrome CFK, como el que los inversores invocan como excusa para llevarse en lugar de apostar capitales al modelo que encarna Mauricio Macri.
Sin ir más lejos, al disertar ayer (31/08) en el Latam Economic Forum, el economista Miguel Ángel Broda, quien aclaró simpatizar con este gobierno pero sin considerarse un barrabrava, advirtió que "si no se logra salir exitosamente de las trampas que hoy tiene la economía, en 10 años vuelve el populismo".
A vuelta de correo
Nadie le saca de la cabeza al “trío galleta” (tal como llaman en la interna de la AFIP a la mesa chica de la Jefatura de Gabinete) que la infidencia tiene relación con el conflicto que se ventiló por todos lados que saltó antes de la movilización de la CGT a Plaza de Mayo, cuando le atribuyen al vicejefe Mario Quintana haber realizado una misión oficiosa ante Hugo Moyano para no consumar la protesta sindical y menos aún pasar a mayores con un paro, a cambio de un salvataje de la empresa telepostal Oca, que incluía una generosa refinanciación de la deuda con AFIP ($4.000 millones), a la que Alberto Abad, que en casos anteriores se opuso a aplicar el plan excepcional de pagos en 150 cuotas previsto en el artículo 32 de la ley de procedimiento fiscal discrecionalmente aplicada por Ricardo Echegaray a los amigos K, tampoco quiso ponerle el gancho.
Aunque quedó en la nebulosa, en ese sentido, el episodio del 30/03, a pocas horas de que se cerrara el plazo de la moratoria fiscal, cuando la AFIP le informó a Oil Combustible, la empresa de Cristóbal López que adeuda $ 8.000 millones en impuestos, y podrá acogerse al beneficio de pagarlos a razón de unos $ 57 millones por mes. En noviembre 2016 le había sido denegado, en momentos en que se daba por sentado que el mandamás de Indalo iba a ser procesado por defraudación a la administración pública por la deuda impositiva.
De ahí que se asegure que el ex Farmacity no se cortó solo para negociar con el líder camionero, a quien le adjudican estar por detrás de Patricio Farcuh, formal cabeza de OCA, y que esta vez la negativa, en consecuencia, ubicó a Abad al filo de la renuncia.
La radiopasillo del ente recaudador comenta que pudo haber habido consultas de los altos mandos requeridas a la data base profunda para buscar elementos que fortalecieran la posición del jefe en la disputa con Quintana por Oca, operación que estuvo a cargo de Jorge Enrique Linskens, quien se venía desempeñando como subdirector de Sistemas y tenía el control del acceso al sistema que guarda el secreto fiscal de todos los contribuyentes.
Es un planta permanente de AFIP que había ingresado durante la primera etapa de su gestión de Abad, cuando Néstor Kirchner era el Presidente, por lo que se lo considera un hombre de su riñón y nadie adscribe, en consecuencia, a que pudiera haber obrado de mala fe.
En todo caso, la suspicacia apunta a que una eventual apertura del blindaje que protegía los datos ultraconfidenciales podría haber sido el resquicio aprovechado por miradas malintencionadas que aprovecharon para difundirlo. A Página/12 es obvio por cuál vía llegó, pero no se sabe si le publicó una síntesis con los nombres salientes y reservaron un listado completo para más adelante, o no le llegó todo. Hay quienes afirman que están en venta en la City muchos datos no publicados aún.
Abad cumplió la formalidad de hacer la denuncia judicial por filtración de datos del blanqueo, que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 en manos de Rodolfo Canicoba Corral, pero la urgencia la tiene en su propia cocina. Nombró a otro hombre de su confianza, el director de Auditoría e Informática, Néstor Sosa, en lugar de Linskens con facultades plenipotenciarias para encontrar los culpables del filtrado.
Gabriel Morini, de Ámbito Financiero, recuerda que “no es la primera vez que la AFIP queda bajo la mira por la difusión de datos bajo secreto fiscal de personalidades. Dos denuncias penales se dilataron en los tribunales federales que expusieron bandos internos antagónicos que se acusaban entre sí”.
Pero, fundamentalmente, para volver a garantizar el blindaje de las identidades de las personas y empresas que ingresaron en el blanqueo, y para que no espante a los futuros invitados a entrar en el plan de regularización previsional que viene, cuyo potencial es el 33% de los trabajadores no tiene aportes previsionales ni a la obra social: unas 4,5 millones de personas, sobre todo que prestan servicios en rubros que manejan altos porcentajes de empleo en negro (textil, campo y construcción, entre otros).
Un modo de inducir presentaciones espontáneas que se usó en el blanqueo de activos fue enviar cartas a no declarantes detectados con el software Analytics, que permitió obtener un perfil a partir de 40 variables de cómo se comportan los ingresantes, compararla con toda la base de datos de contribuyentes y encontrar a aquellos que se acercaban en un 95% a ese patrón de conducta: el 40% ingresó al sinceramiento.
El "Plan de Informalidad Cero" en carpeta para después de octubre se basa en la condonación de multas y capital por cargas y contribuciones impagas para empresas que regularicen dependientes, a los que pagarán todas las cargas sociales y luego le darán, por hasta el salario mínimo de cada trabajador, un crédito fiscal por todas las contribuciones patronales, que podrá usarlo para liquidar el 100% de IVA y Ganancias.
El sistema previsional es el gasto público más importante que realiza el Gobierno, ya que representa casi el 35% y alcanza a más de 13 puntos del PIB, la relación entre trabajadores formales y jubilados es de 1,3, las contribuciones patronales y personales son del 27% del salario, sólo 48,8% se financia con los aportes de los empleadores y trabajadores formales y la informalidad laboral es del 35%.
Este panorama surge de un informe de Marcelo Garriga, director de la maestría en Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.
