La puesta en marcha de las represas es vital para relanzar la relación con China, el principal financista de las obras públicas de mayor envergadura. Esto quedó expuesto en la última gira del presidente Mauricio Macri al gigante asiático, en mayo último, donde tuvo que escuchar el reclamo de su par de la República Popular de China, Xi Jinping, sobre la falta de avances en una obra donde ya habían desembolsado US$800 millones, de los US$4730 millones comprometidos.
El reclamo venía acompañado de la posibilidad de que se frene el flujo de fondos para otras obras importantes. Tomando las nuevas centrales nucleares Atucha IV y V, parte del Plan Belgrano y recuperación del ferrocarril Belgrano Cargas, obras viales, de parques de energía alternativa y la hidroeléctrica el Tambolar, suman en total financiamiento por US$24.242 millones.
A esto se le suma los US$11.000 millones del swap que hoy se contabilizan como parte de las reservas del Banco Central, y US$4200 millones del Eximbank de China para financiar operaciones de comercio exterior.
La "chinodependencia" quedó expuesta cuando en 2016 el embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, anticipaba que "si analizamos que dos hidroeléctricas, dos centrales nucleares, y seguramente un 70% de lo que van a ser las licitaciones de energía solar y eólica, son chinas, podemos decir que el modelo energético argentino de los próximos 20 años estará muy ligado a la asociación con China".
Pero por ahora, la UTE conformada por la firma China Gezhouba Group Company Limited y las locales Electroingeniería S.A. e Hidrocuyo S.A. está a la espera de la decisión de la Corte sobre la cautelar sobre el impacto ambiental de la obra.
Cabe recordar que luego de la publicación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y la audiencia pública celebrada en el Congreso de la Nación, los diputados y senadores presentaron sus informes. Si bien los informes de las Comisiones vinculadas a temas energéticos y ambientales de ambas Cámaras presentaron un dictamen favorable, hubieron numerosos informes individuales críticos que pusieron de relieve los daños colectivos, las paradojas y falencias del discurso oficial, y los vicios y nulidades del estudio de impacto ambiental.
Entre ellos se encuentran los duros informes de Juan Carlos 'Cali' Villalonga (diputado ambientalista de Cambiemos), Graciela Camaño (Frente Renovador), Fernando 'Pino' Solanas (Proyecto Sur) y Graciela Cousinet (Libres del Sur). Estos informes se hicieron eco de las críticas manifestadas por las ONG y la ciudadanía durante la audiencia pública. Las mismas no fueron tenidas en cuenta por los ministros Aranguren y Bergman.
La coalición de organizaciones 'Río Santa Cruz Sin Represas' ha planteado la nulidad del EsIA y de la Evaluación de Impacto Ambiental y ha solicitado una nueva medida cautelar para que las obras continúen suspendidas hasta que se elabore uno nuevo que subsane todos los vicios y omisiones de los que estaba plagado aquél presentado por Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA).
La fundación 'Vida Silvestre' señala entre las acciones urgentes que:
- Se efectúe y publique el EsIA respecto del tendido eléctrico de alta tensión,
- se presente el análisis de alternativas de proyectos,
- se presente la evaluación ambiental estratégica prevista en la Ley de Glaciares,
- se evalúen los impactos en los glaciares que componen el Campo de Hielo Patagónico Sur,
- se completen los relevamientos y campañas sobre la cuestión biológica,
- se analice el proceso de "sismicidad inducida",
- se completen en su totalidad las tareas de rescate arqueológico,
- se efectúe la consulta previa a las comunidades originarias, se elaboren proyecciones serias de precipitaciones y cambio climático,
- se efectúe el inventario de humedales y se incluyan dictámenes técnicos concluyentes del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el CONICET.
Además, desde distintas organizaciones ambientales consideran que "con esta medida el Gobierno buscar avanzar con las represas para cumplir con el cronograma impuesto desde la República Popular de China".
Manuel Jaramillo, director general de 'Vida Silvestre', aseguró que con estas represas "se va a alterar el último río glaciario (el Santa Cruz) que corre libre desde la Cordillera hasta el océano Atlántico. Hay discusiones sobre el acoplamiento de la represa Kirchner con el Lago Argentino, puede afectar al Glaciar Perito Moreno e iría en contra de la ley de glaciares".
"Por otro lado, hay una afectación del paisaje y de más de 250 sitios arqueológicos de los pueblos originarios, que van a quedar bajo el agua. Este tipo de obras tienen que tener una consulta con los pueblos originarios por los convenios internacionales que firmó el país y que están por encima de la leyes nacionales y esta consulta aún no se hizo", remarcó Jaramillo en diálogo con el diario 'La Nación'.
Sobre la necesidad de hacer estas obras, Jaramillo señaló que "en general, la energía hidroeléctiva es mejor que otras, pero no es sustentable. Hay lugares en Argentina, sobre ríos que fueron intervenidos y no tienen tanta biodiversidad, que no afectarían al Glaciar Perito Moreno, que podrían ser posibles. Hay algunas represas que se consideran necesarias, como las que están sobre los ríos en Mendoza y San Juan. No es posible pensar en represas sobre los ríos Paraná, Uruguay o Santa Cruz. Es una energía que está muy lejos de los centros de consumo, que va a tener un 30% de pérdida en la transmisión. Son un mal negocio social, ambiental y económico. Vamos a estar dentro de 10 años inaugurando una carreta como si fuera un Fórmula 1".
"Vamos a pedir 5 mil millones de dólares a China con una tecnología que está quedando obsoleta. Con un quinto de esa guita podés producir la misma cantidad de electricidad con energía Solar, eólica o biomasa. Fue muy duro escuchar a De Vido y Aranguren festejando las represas. Si algo tienen de bueno las represas es que han venido a inundar la grieta", afirmó Jaramillo.
Jaramillo destaca: "Acá hay un problema de plata, hay un convenio firmado con China para mejorar el Belgrano Cargas que incluye una cláusula de cross default, que indica que si no hace una obra no se hace la otra y hay una multa de 1300 millones de dólares que rige sobre la Argentina. Por una cuestión de plata vamos a arruinar el último río glaciario. Nosotros decimos que con la plata que se ahorran con otro tipo energía les paguen la multa a los chinos. Este es un problema que viene del Gobierno anterior, el actual lo hizo un poco más amigable, pero no alcanza".
E insisten en que aunque el gobierno mantenga el discurso de que el Estudio de Impacto Ambiental y la audiencia pública fueron meros trámites, el proceso sigue judicializado y la última palabra la tiene la Justicia.
