Ayer, los delegados de UECARA se reunieron el presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados bonaerense, Marcelo Torres, su par del Frente para la Victoria, Lauro Grande y el Secretario de Servicios Públicos, Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Ruesga.
“Nos enviaron los telegramas de pre aviso que quedamos fuera del sistema”, explicó González en una conferencia de prensa ofrecida en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia.
“Nos están dejando afuera de la nueva planta, eso quiere decir que nos van a reemplazar; va a venir una empresa amiga de alguien y sustituirán a los trabajadores”, agregó.
El integrante de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (Uecara) detalló que los expulsados son constructores, capataces, técnicos administrativos, supervisores, coordinadores de obra y profesionales que participaron de la reactivación de Atucha II.
“Nosotros motorizamos la puesta en marcha de una central y ahora nos dejan fuera del Plan Nuclear. Volvieron de China con una firma macro de un comienzo de una cuarta planta y nos están dejando afuera a los trabajadores que nos capacitamos para llevar adelante esta tarea”, agregó González.
Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la firma que controla Atucha I, Atucha II y Embalse, justifica los nuevos despidos con el argumento de la falta de presupuesto. Sin embargo, los trabajadores tienen algunas sospechas: dicen que el tema podría venir de lo que está sucediendo en Atucha I, donde desembarcó el “amigo-hermano” del Presidente, Nicolás Caputo, a través de la adjudicación de una megaobra con una inversión millonaria.
Se trata de la construcción de un espacio para el Almacenamiento en Seco de Elemento Combustible Quemado (ASECQ), una obra indispensable para que Atucha I pueda renovar la licencia que le permita seguir produciendo energía.
La obra es por 513,6 millones de pesos y no tuvo difusión porque al ser una sociedad anónima NASA no está obligada a realizar licitaciones públicas, aunque sea una firma controlada por el Estado Nacional. En enero del año pasado, Caputo ya había sido beneficiado con la adjudicación de la obra civil para la instalación del reactor nuclear RA-10, un contrato de 797 millones de pesos.
“Un trabajador que estuvo más de diez años en una planta nuclear tiene un conocimiento intransferible sobre tecnología, riesgos de seguridad, producción. Se pueden cambiar obreros, pero el conocimiento que desarrollaron los que construyeron Atucha II lo estamos dilapidando”, expresó, al tiempo que interrogó: “¿De dónde van a salir los trabajadores para construir las próximas centrales nucleares? ¿Los vamos a importar?”, lanzó Torres.
“Nosotros asistimos al refuncionamiento de la central nuclear, que estuvo parada en los años 90, la reactivamos y la pusimos en marcha. Mínimamente merecemos seguir trabajando en el Plan Nuclear”, sostuvo, por su parte, uno de los trabajadores despedidos.
