Se sospecha que los intereses de los 'fondos de Santa Cruz' (provenientes de US$ 630 millones de regalías petroleras más los US$ 1.100 millones que la Provincia de Santa Cruz recibió por la privatización de YPF en 1999) fueron usados como garantía oculta a favor de los Eskenazi, cuya participación podría ser, en verdad, una tapadera de Néstor Kirchner, especulan muchos.
En ese contexto apareció en escena el fallecido Aldo Ducler, ofreciendo sus servicios a la Unidad de Investigación Financiera pero exigiendo un beneficio por la información que pudiera aportar.
En su presentación ante el titular de la UIF, Mariano Federici, Ducler pedía el 10% del ahorro que tendría el Estado argentino con su información que demostraría que “fue fraudulenta” la compra del 15% de las acciones de YPF por parte del grupo Petersen.
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La historia
En mayo de 2011, los Eskenazi ampliaron otro 10% su participación en YPF, pagando US$ 1.304 millones con un esquema similar a la adquisición anterior: US$ 700 millones de un crédito de bancos y los otros US$ 600 millones de un crédito de la propia Repsol: ya tenían 25,46%, y Repsol estaba con 58% de la empresa. Otro 16% de fondos e inversores internacionales, y el resto entre el Estado Nacional, las provincias de Chubut y Formosa y el Programa de Propiedad Participada.
Por motivos todavía desconocidos, CFK decidió quitar de la gestión de YPF a los Eskenazi -quienes, sin embargo, a la fecha siguen controlando Banco Santa Cruz-, y expropió en abril de 2012 el 51% de las acciones de YPF pero sin tocar la parte de los Eskenazi. Previamente, decisiones gubernamentales hicieron caer la cotización de las acciones, deterioradas por la congelación del precio de los combustibles y quitándole a YPF áreas de exploración en el interior del país.
Pero en febrero de 2014, el gobierno de Cristina le pagó US$ 6.000 millones a Repsol por el 51% de la compañía que había expropiado. Y 1 año y medio después, el valor bursátil de YPF era menos de la mitad del que tenía en aquella fecha de pago.
Las 2 sociedades españolas que los Eskenazi habían usado para su ingreso a YPF dejaron de pagar a los bancos y se declararon en quiebra. El síndico de la quiebra española subastó en Nueva York las acciones de ambas Petersen (que no tienen jurídicamente ninguna relación con Petersen Energía PTY Ltda, con sede en Australia, eje de los otros negocios petroleros que mantienen los Eskenazi), y también subastó el derecho a litigar contra el Estado argentino e YPF por el perjuicio que significó la expropiación.
Dicen que el fondo de alto riesgo Burford Capital LLC compró el derecho a juicio, acordando quedarse con el 70% del eventual beneficio y el 30% restante los distribuiriía entre los acreedores de la quiebra. Los Eskenazi, quienes continúan con sus negocios, que no sólo incluyen a los bancos Santa Cruz, San Juan, Entre Ríos y Santa Fe sino también petróleo y acciones en otras empresas, niegan eso del 30%.
“Esos derechos del 30% del juicio se los quedó el síndico español. Esta es información pública. El grupo Petersen jamás litigará contra el Estado argentino en el exterior y así se lo hicimos saber al Gobierno”, dijeron al diario Clarín.
Sin embargo, misteriosamente, el ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, no recibió instrucciones para la compra de ese derecho a juicio por US$ 15 millones, lo que hubiera evitado la demanda.
La demanda se presentó en marzo de 2015 en los tribunales de Nueva York y el Estado argentino perdió en 1ra. instancia.
Ahora todo se encuentra en la instancia de apelación.
Hay otro juicio en marcha contra la Argentina, promovido por el fondo buitre Eton Park. En la suma de demandas por YPF, US$ 5.000 millones.
Muy tardíamente el Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y abogados del Ministerio de Finanzas se plantearon apelar la decisión de la jueza de Nueva York, Loretta Prezka, de que el juicio continúe en jurisdicción de la justicia estadounidense.
A diferencia del juicio promovido por Paul Singer, la Argentina no aceptó ceder la soberanía de su Justicia frente a los tribunales de USA.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York debe escuchar a las partes fundamentar sus respectivos reclamos.
La demanda sostiene que la reestatización de 2012 “violó el estatuto de YPF” que dice que si hay una compra de la mayoría de las acciones se debe hacer una oferta a los accionistas minoritarios.
