La denuncia contra Gómez Centurion había sido presentada por los diputados del Frente para la Victoria Héctor Recalde, María Teresa García, Marcos Cleri, Diana Conti, Carlos Castagneto y Rodolfo Tailhade, quienes habían advertido que con sus declaraciones el funcionario "defendía públicamente el terrorismo de Estado, instrumentado a través del plan sistemático de desaparición forzada de personas y apropiación de niños que la Justicia encontró probado en numerosas causas".
Todo sucedió a fines de enero pasado cuando, como invitado del programa "Debo decir" de América TV, Gómez Centurión afirmó: "Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían como manejarlo, y que habría arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento".
Además, negó el número de desaparecidos de 30.000, ya que dijo que "desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mil mentiras".
"Adviértase que las frases que se le reprocha haber dicho a Gómez Centurión, tomándolas tanto de forma aislada como en su contexto, no podrían configurar objetivamente ninguna de las hipótesis delictivas que sugieren los denunciantes", sostuvo el juez.
La denuncia contra Gómez Centurión apuntaba al presunto "negacionismo" de éste. En ese sentido y a partir de ese episodio y otros alrededor del mismo tema, la legislatura bonaerense convirtió en ley un proyecto "antinegacionista" que utilizar en comunicaciones oficiales las consignas "30 mil desaparecidos" y "Dictadura cívico-militar". La gobernadora María Eugenia Vidal promulgó la ley en los últimos días.