Si se le hubieran cumplido los sueños a Mauricio Macri, de cuando todavía esgrimía el slogan de la pobreza cero, las negociaciones con vistas a plantear este 2017 tendrían que haber estado enmarcadas por una economía en movimiento, inversiones en ejecución e inflación como mínimo a mitad de camino de la actual. Y, si no fuera mucho pedir, con un mundo amable que le diera la bienvenida a la reinserción argentina y no replegado y enjuto ante el escenario autista que pregona el inesperado presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Nada de eso sucedió, y lo que es peor,
> tiene la maquinita de imprimir billetes recalentada,
> un gasto público mayor al que decían que iban a bajar cuando asumieron, y
> una renovada ofensiva sobre el poder adquisitivo de la población para que se haga cargo de los subsidios a la energía, de que las compañías que la prestan ganen plata para poder invertir en la extracción y distribución y que los contribuyentes que ya pagan hagan otro esfuercito para aliviar el déficit fiscal.
Calendario electoral en mano, Macri finalmente les pasó la pelota literalmente a los demás de las promesas incumplidas: federalizó la demanda nacional docente, endosa a la clase activa la factura presupuestaria en mora, hizo “la gran Moreno” diferenciando los precios de contado de los de cuotas en las planillas para que los encuestadores del INdEC tomen nota al hacer los relevamientos y hasta le soltó la mano a la bolsa de gatos que ayudó a crear en la AFA en lugar de buscar soluciones para el fútbol que tan bien conoce.
El “arréglense entre ustedes” que ahora busca ser impuesto como política de Estado sorprende a las partes en pugna debilitadas por un elevado proceso febril causado por la mala praxis del propio gobierno en su primer año “de aprendizaje” y el contexto climático exterior sobrecargado por la “tromba global” que acaba de desatar Washington DC más la crisis institucional que se perpetúa del influyente vecino, Brasil.
Justo, justo, ahora, en medio del crítico escenario nacional en el que empieza la primera semana corrida de febrero, la tapa de la edición impresa del diario La Nación instala un enfoque eficientista para anteponerle a la mecánica de los ajustes salariales en la relación entre el Estado y su abultada plantilla de personal.
El mismo ministro de la Modernización, Andrés Ibarra, que dio las 12:00 antes de hora cuando fue a importar las computadoras del voto electrónico antes que saliera la ley de reforma electoral que impusiera ese sistema, es el que expone al medio de prensa amigo un plan de capacitación al que deberán someterse los empleados públicos para que el salario premie los objetivos cumplidos. Es como un recuerdo del futuro que oprima la tecla “delete” a la exacción inflacionaria de 2016.
El esquema parte de la misma lógica que el de la política salarial acordada por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con algunos de los gremios estatales antes de finalizar el año: empezar todo de nuevo alineados a la pauta inflacionaria del 17% que contiene el presupuesto nacional y, si se desbordara, reabrir las conversaciones promediado el año. El 2% mensual en los 2 primeros meses del año y con el cronograma de tarifazos iniciado por el ministro de Energía, más las prepagas, la canasta escolar, etc, el tope salarial del 18% arranca como un piso y se congela hasta el momento en que se decida reconsiderarlo. Como diría la tribuna, “pelito para la vieja hacia atrás” y “pelota de hoy pateada para adelante”.
Lo que sí, Ibarra aprovechó para pasar el aviso de que no habrá más despidos "como en la primera etapa de gobierno", es decir, “limpieza de la herencia K” o recortes numéricos de gente en función de metas de reducción del gasto.
En todo caso, por haberle sido otorgada la facultad de estudiar e implementar alternativas para mejorar cualquier proceso relacionado con el funcionamiento del sector público, la cartera de Modernización podrá evaluar la cantidad y el perfil del personal que se encuentra en funciones, a fin de establecer y distribuir las contrataciones, con la posibilidad de modificar la distribución vigente hasta el 31/12/2016.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, le allanó el camino con una resolución que ordena a todas las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo enviar el detalle de los cargos que ocupa el personal permanente y temporario.
Como puntapié inicial de la misión de desburocratizar o digitalizar el Estado, el ex funcionario de Socma y ex secretario de Boca Juniors en los tiempos en que Macri presidía el club xeneize, puso en marcha la informatización de las relaciones internas en la administración pública, empezando por centralizar en el sistema de Trámites a la Distancia de AFIP los requisitos requeridos en las relaciones contractuales.
Dijo Ibarra al respecto: “El año pasado capacitamos más de 35 mil personas en el tema de expediente electrónico. Con el planeamiento, vamos viendo los problemas. Hay áreas que claramente necesitan gente y personas que se pueden formar. También en el Estado hay mucha gente por jubilarse. Lo que se está haciendo es un trabajo en el que buscamos organizar el Estado, que las oficinas trabajen bien, con gente capacitada y con el objetivo de darle un buen servicio al ciudadano”.
Esta primera barrida virtual se hizo con el objeto de justificar las incorporaciones que se superpusieron con la política inicial de despidos, a tal punto que el resultado final prácticamente fue neutro, y de avanzar en la depuración con peine más fino en aras de completar el proceso de racionalización interrumpido en abril ante la protesta generalizada por el ajuste, motorizada políticamente por el kirchnerismo.
El plantel de la APN
La administración pública nacional (APN) está integrada por un total de 210 mil empleados, e incluye a los que trabajan en la órbita de la Presidencia, los Ministerios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el PAMI y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa).
La capa gerencial, que abarca entre directores y coordinadores y viene debajo de ministros, secretarios y subsecretarios, cargos que habitualmente se cubren por la conducción política del gobierno de turno y no goza de protección de los gremios estatales, suma casi 3.000 personas.
La línea de corte que imagina aplicar el ministro de Modernización, en consonancia con la idea que le bajan desde la Jefatura de Gabinete, pasa por la tecnología, y el caballo de Troya para penetrar en la capa que identifican con el personaje que hacían Susana Giménez y Antonio Gasalla de las empleadas públicas será la capacitación “para generar movilidad”, como invoca que se hizo en la Ciudad.
En la camada de incorporaciones que hizo el gobierno nacional en su primer año de gestión se notó la supremacía de gente capacitada en diseño y programación y que la tendencia es ir a las plataformas digitales, tal como señaló Ibarra a La Nación. A lo que agregó que “hay personas que tienen una formación básica en algunos de estos temas y le podemos dar una formación básica para cubrir áreas clave del Gobierno”.
Piensan en eventuales reasignaciones frente a la desactivación de programas, como por ejemplo, el de Fútbol para Todos, y promete una manera orgánica, racional y ordenada, que intente preservar las fuentes de trabajo.
“Ese es el trabajo que vamos a hacer, de ninguna manera va a haber un achique o un ajuste”, asegura.
De las sumas y restas inmanentes del cambio de statu quo por movimiento (ascendente en la estructura o hacia la puerta de salida) surgirá la evaluación de desempeño anual, de la que la formación del empleado será parte. “Como en todos lados, la única manera de mover a un empleado público es con evaluaciones de desempeño negativas, que lo perjudican en la carrera”, reveló Ibarra trayendo reminiscencias de lo que significan las “materias filtro” para la regulación de los tiempos de las graduaciones universitarias. De ahí que el proyecto del Gobierno sea que en el corto plazo la totalidad de los miembros de la administración central deba asistir a los cursos de capacitación.
Por de pronto, en la entrevista con La Nación, aseguró que el nuevo proyecto para crear un instituto universitario, al que se le destinan $60.000 millones para poner en marcha 219 cursos reservados a un universo de 85 mil empleados, permitirá que los trabajadores que se esfuercen para mejorar su formación y ascender en la carrera del sector público accedan a mejores ingresos.
Hasta entonces, en el inicio del electoral 2017, el macrismo tendrá que vérselas en paritarias con los gremios estatales que llevarán en conjunto la inquietud del ajuste por inflación de los salarios del total de sus representados, sin discriminar entre burocratizados, poco o mucho afectos al trabajo, quedados o que adhieran a la idea de metas y objetivos que premien los merecimientos con dinero y ascensos.
