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Ercolini ya no tiene obstáculos para resolver si procesa o sobresee a Cristina

La Cámara Federal rechazó un pedido de la defensa de la ex presidente Cristina Fernández para anular su declaración como acusada por considerar que la causa está direccionada, y confirmó así la indagatoria en la causa de las obras en Santa Cruz, realizada el 31 de octubre pasado. Así, el juez federal Julián Ercolini no tiene obstáculos para resolver si procesa, sobresee o le dicta la falta de mérito a Cristina y al resto de los 16 acusados que hay en la causa y que también ya fueron indagados.

 

 

La Cámara Federal porteña avaló la declaración indagatoria que prestó el 31 de octubre pasado la ex presidenta Cristina Fernández en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de las empresas del detenido Lázaro Báez.

La Sala Primera de tribunal rechazó un planteo de nulidad que había formulado la defensa de la ex mandataria a través de su abogado, José Beraldi, quien había estimado que el llamado a indagatoria era "arbitrario".

Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia replicaron que el llamado a indagatoria, como parte de los actos de investigación y como derecho de la defensa de un imputado, son inapelables.

De esta manera, el tribunal de alzada respaldó la validez de la indagatoria ordenada por el juez federal Julián Ercolini y ya realizada, en el marco de una tanda que incluye a otros 16 imputados, quienes ya cumplieron también con el trámite. Tras lo cual, vuelven a tener vigencia los plazos procesales (diez días hábiles) de que dispone el magistrado para resolver la situación procesal de todos los implicados en la causa, incluyendo a la ex jefa de Estado.

Según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, impulsores de la causa, desde la presidencia de la Nación se dispuso una suerte de direccionamiento de la obra pública para favorecer a las empresas de Lázaro Báez, presuntamente por su relación de amistad y negocios conjuntos con la familia Kirchner.

Junto con la ex presidente también están acusados en la causa Báez, el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, su segundo José López –también detenido– y funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional y de Santa Cruz durante el kirchnerismo.

Todos ya fueron indagados y ahora el juez debe resolver su situación procesal.

 

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