En el caso del ingeniero Vladimir Araque, él fue detenido en mayo de 2014 sin orden judicial tras un allanamiento realizado en Altamira, al este de Caracas, y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. Fue uno de los tantos detenidos luego de las protestas antigubernamentales de aquel año.
En el caso del general de brigada Romer Mena, él fue privado de su libertad en agosto de 2015 tras un allanamiento a su vivienda. Mientras que el abogado Leopoldo D´Alta estaba preso desde junio de 2015 y se le acusó de haber mantenido contacto con Yonny Bolívar, presunto autor del asesinato de Adriana Urquiola, quien murió de un tiro en la cabeza durante las protestas de 2014. El Ministerio Público trató de usar su caso para criminalizar al alcalde Antonio Ledezma.
El portal web A Todo Momento publicó unas imágenes de los presos políticos y las condiciones de detención en las que se encuentran en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. Las fotografías habrían sido filtradas por funcionarios de esta policía política venezolana y muestran al diputado a la Asamblea Nacional y preso político Renzo Prieto, a Gregory Sanabria, al dirigente estudiantil Villca Fernández, a Yeimy Varela, Rony Navarro, Ángel Contreras, Andrea González, Betty Grossy y a Venus Medina, quienes presuntamente habrían sido sometidos a requisas y torturas físicas y psicológicas por parte de los funcionarios.
Un efectivo del Sebin fue quien envió las imágenes, bajo el seudónimo de “Paz”, a través de un correo electrónico que le hizo llegar a varios medios de comunicación nacionales e internacionales.
Según publica el portal, el policía escribió en el correo que 38 comisarios de esta fuerza de seguridad no están de acuerdo con las torturas a las que tienen que someter a los presos políticos. En este sentido, recalca que si no se logra la liberación inmediata de los 28, que tienen boleta de excarcelación, continuarán publicando imágenes, fotos y expedientes forjados que se encuentran en su poder.
Familiares de los presos políticos realizaron este martes un llamado al Nuncio Apostólico, Aldo Giordano, para que visite la sede del Sebin donde permanecen recluidos sus familiares. La información fue emitida a través de una carta. En el escrito también se le pidió servir como mediador frente al Gobierno, para que permita el ingreso de médicos de la Cruz Roja Internacional. Se explica que es necesario verificar el estado de salud de los nueve presos que se encuentran en huelga de hambre.
La abogada Elenis Rodríguez informó que hay un total de 9 presos políticos en la sede del Sebin que este martes cumplen 10 días en huelga de hambre. “Esta huelga es extrema pero es una forma de protestar pacíficamente cuando sus derechos están compulsados, sus derechos son sistemáticamente violados”, dijo.
Colombia
El Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó que se respeten y garanticen los derechos del comercio formal de los municipios y departamentos fronterizos tras el cierre de 72 horas de la frontera con Venezuela, anunciado por el presidente Maduro.
Asimismo, informaron que las Fuerzas Armadas de ese país reforzaron con patrullajes los 50 pasos comunes, a fin de lograr una frontera segura y ordenada.
A continuación comunicado íntegro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia:
"El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, informa que el cierre unilateral de la frontera por 72 horas anunciado por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del estado de excepción y emergencia económica, tiene como objetivo sacar de circulación los billetes de 100 bolívares, los cuales serán reemplazados de manera progresiva por seis nuevos billetes y tres monedas que se sumarán al nuevo cono monetario.
A partir de hoy 13 de diciembre, las personas tendrán tres días para reconvertir los billetes de 100 bolívares a las nuevas denominaciones de billetes y monedas en los bancos públicos y privados venezolanos.
Colombia solicita se respeten y garanticen los derechos del comercio formal de los municipios y departamentos fronterizos puesto que esta medida afecta a las personas que, de buena fe, comercializaron legalmente los productos de primera necesidad en bolívares y ahora, al no poderlos cambiar, perdieron todo su valor.
Por su parte, las Fuerzas Armadas de Colombia reforzaron con patrullajes los 50 pasos comunes, a fin de lograr una frontera segura y ordenada.
Colombia ratifica su disposición para que mediante la coordinación y el diálogo se puedan combatir las problemáticas que afectan la zona de frontera y especialmente las ocasionadas por la delincuencia organizada."
