El CELS junto a Amnesty Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) promovieron la presentación que derivó en el informe que se conoció este viernes.
Consultados por Urgente24 sobre si la ONU podía pedirle al Poder Ejecutivo de la Argentina que anule un fallo de la justicia provincial de Jujuy, desde el CELS respondieron que lo que solicita es que "el Gobierno arbitre las medidas necesarias" para cumplir con este pedido. Gabriela Kletzel, directora del Equipo Internacional de la entidad que dirige el periodista Horacio Verbitsky, explicó a este medio que la solicitud se hace al Estado argentino porque es éste el que interviene en las relaciones con la ONU, así como en otras de carácter internacional. En una comunicación telefónica, Kletzel dijo que una de las formas en las que el Gobierno Nacional, que participó en el seguimiento del caso de Sala por parte del Grupo de Trabajo, es presentarse ante los tribunales de Jujuy respaldando la posición de Naciones Unidas.
Kletzel aseguró que el informe del Grupo de Trabajo hizo hincapié en la presunta designación irregular de fiscales, lo que habría conducido a la detención de Sala, poniendo bajo foco también sobre las responsabilidades políticas del caso.
Según el comunicado del CELS, además, al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad.
A su vez, consideró que el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención.
El Grupo entendió que la detención de Sala "se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos", solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse, agrega el comunicado.
De acuerdo a lanación.com, el documento del Grupo de Trabajo llegó este viernes a la Cancillería. Desde el Palacio San Martín afirmaron que se está evaluando el tema ya que sobre Sala pesa una denuncia penal por malversación de fondos públicos y está detenida también por esa causa aunque sin sentencia firme.
Según ese medio, la validez final del contenido del informe será determinada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de la que depende el Grupo de Trabajo.
Por su parte, el gobierno jujeño le bajó el tono al informe de la ONU. "Es por ahora una recomendación de un grupo de trabajo, pero no es definitivo", dijeron fuentes citadas por lanación.com.
El CELS ofrecerá una conferencia de prensa sobre este tema a las 16:00 en Piedras 547, Capital Federal.
