Tras las averiguaciones se supo que la mujer desempeñaba tareas "en el Ministerio de Desarrollo de la Nación" aunque actualmente era "desocupada gracias al cambio". En su indagatoria la mujer reconoció haber realizado las publicaciones, pero las atribuyó a "un exabrupto generado por el enojo producido a raíz de la pérdida de su empleo".
El descargo de la mujer que amenazó a Antonia Macri: “Estaba enojada con el cambio”
"Me quedé sin trabajo y dije eso que escribí ahí pero sin intenciones de asesinar a alguien, me parece una locura eso. Fue un exabrupto por el enojo que me generó quedarme sin trabajo (...) En diciembre me quedé sin contrato y no me lo renovaron, pero seguí trabajando hasta los primeros días de marzo porque de palabra supuestamente iba a seguir trabajando. Al final no continuó el contrato y no me pagaron ninguno de esos meses. Los meses de noviembre y diciembre me los pagaron en febrero recién. Y fue toda esa sumatoria de cosas lo que me hizo estallar en poner esa estupidez que puse", dijo.
El juez evaluó los alcances del derecho constitucional de la libertad de pensamiento y expresión para determinar si los mensajes podrían verse resguardados por ese derecho, concluyendo que, por el contrario, las expresiones de odio manifestadas eran de las prohibidas por el propio derecho constitucional.
Finalmente dispuso el embargo de los bienes o dinero de la procesada hasta cubrir 150.000 pesos. Para ello reparó en que las costas del proceso debían verse integradas también por los gastos en los que había incurrido el Estado Nacional a raíz de las amenazas realizadas. Entre ellos, se contaron los operativos de seguridad dispuestos por el departamento de seguridad presidencial, que tuvo que reforzar todos los aspectos (materiales, humanos, logísticos, etc.) de la seguridad del presidente y su familia, a fin de evitar un posible atentado.
