A fines de marzo, el gobierno de Santos y el ELN, la segunda guerrilla de Colombia, anunciaron en Caracas el comienzo de un proceso de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. En esa ocasión indicaron que las mesas de negociación se instalarán en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, que junto con Noruega serán los garantes de este proceso de paz, similar al que lleva Bogotá con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) en La Habana desde 2012.
El conflicto colombiano ha enfrentado durante más de 50 años a guerrillas, paramilitares, miembros de la fuerza pública y grupos del narcotráfico, dejando hasta ahora un saldo de alrededor de 260 000 muertos, 45 000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
Líderes de las FARC con custodia
Los líderes de la guerrilla colombiana de las FARC serán protegidos por unidades conformadas por rebeldes desmovilizados y efectivos de las Fuerzas Armadas después de que se firme la paz y cumplan con los requisitos para hacer política, dijo ayer el ministro de Defensa.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) esperan llegar este año a un acuerdo para acabar con más de cinco décadas de conflicto, lo que le permitiría a la guerrilla formar un partido político y entrar en la sociedad civil.
La seguridad para los rebeldes desmovilizados es un tema sensible en la negociación de paz que se inició a fines del 2012 en Cuba con el objetivo de acabar el conflicto que ha dejado 220.000 muertos.
"No podemos permitir que la política en Colombia se siga haciendo con armas, ni de las FARC, ni contra las FARC", dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en una entrevista con Reuters, precisando que la seguridad de los rebeldes aún se está discutiendo en las conversaciones de La Habana.
"Como fue en el caso del M-19 habrá participación inicial en sus esquemas de seguridad (de rebeldes desmovilizados)", agregó.
La Unión Patriótica, un grupo político de izquierda surgido en 1985 de un fallido acuerdo de paz con las FARC, fue diezmada por escuadrones paramilitares de derecha que asesinaron a 5.000 de sus dirigentes y partidarios, incluidos dos candidatos presidenciales.
Carlos Pizarro, candidato presidencial de la desmovilizada guerrilla del M-19, también murió en 1990 en un ataque de paramilitares que penetraron su esquema de seguridad, conformado por integrantes de la desaparecida policía secreta.
Pero después el gobierno entrenó e incorporó a guerrilleros desmovilizados del M-19 a los esquemas de protección de los dirigentes del grupo, en una estrategia que funcionó.
