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Clubes de fútbol y bingos

El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ordenó hoy domingo (03/01) las indagatorias a los dueños de los Bingos de Hurlingham y Ciudadela por la supuesta evasión de $130.000.000 por la confección de facturas apócrifas por servicios que nunca se prestaron. Por esta denuncia, ya se realizaron 20 allanamientos que incluyeron las sedes de ambas casas de juegos, la Asociación Argentina de Árbitros y cuatro equipos de fútbol: Estudiantes de Buenos Aires, Argentino de Merlo, Ituzaingó y Deportivo Merlo. La investigación fue impulsada por el fiscal federal Paul Starc, y allí se habría determinado que al menos 33 empresas proveedoras sobrefacturaban servicios y bienes. A partir de la pesquisa encarada por el Ministerio Público de Tres de Febrero se habría determinado que una de las salas de juego denunciada habría evadido aproximadamente $60.000.000 mientras que el monto de la evasión adjudicado por los investigadores al otro bingo sería de $ 70.000.000.
03 de enero de 2016 - 21:47

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- El juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, indagará a 11 directivos de las casas de juego de Ciudadela y Hurlingham. Hasta el momento hubo 20 allanamientos. Entre los 11 acusados figuran varios integrantes del directorio de la empresa que maneja ambos bingos para que declaren entre el 23 de febrero y el 1° de marzo próximos. A partir de la investigación impulsada por el fiscal federal Paul Starc se habría determinado que al menos 33 empresas proveedoras sobrefacturaban servicios y bienes.

Aunque las sedes de cuatro clubes de fútbol fueron allanadas (Estudiantes de Buenos Aires, Argentino de Merlo, Ituzaingó y Deportivo Merlo) y aparecen señaladas por la Justicia, ninguno de los dirigentes fue acusado. En las entidades, los funcionarios judiciales secuestraron facturas por publicidad de los bingos en las camisetas. La sospecha de los investigadores apunta a una posible sobrefacturación.

La pesquisa está a cargo del Ministerio Público de Tres de Febrero y se habría determinado que una de las salas de juego denunciada habría evadido aproximadamente $60.000.000 mientras que el monto de la evasión adjudicado por los investigadores al otro bingo sería de $ 70.000.000.

En consecuencia, algunos de los integrantes de los directorios de ambas sociedades bajo sospecha, también figura en la lista de convocados a indagatoria, entre ellos, un empresario, intermediario en las transferencias de jugadores de fútbol, aunque ninguno de esos futbolistas se desempeña en clubes de primera división.

Según informaron fuentes judiciales consultadas por el diario La Nación, la investigación comenzó a partir de una denuncia que recibió el fiscal federal Starc, quien luego de dos años en los que tomó declaraciones testimoniales, solicitó los allanamientos en las dos casas de juego y en las sedes de los mencionados equipos de fútbol. Además, pidió la detención de los imputados, pero el juez lo rechazó y sostuvo que “la expectativa de pena no basta por sí sola para justificar riesgos procesales. Se estima prematuro avanzar con las detenciones requeridas, al menos hasta tanto se clarifique el panorama planteado”.

También, el juez federal convocó a los acusados para que sean indagados y ordenó que se embarguen sus bienes por $15.000.000 a cada uno de ellos. “Si bien los bingos libraban cheques por el total de las operaciones que se sobrefacturaban, lo hacían mediante un pago que no pasaba por las cuentas de proveedores y eran canjeados en otras empresas como mutuales, cerealeras o cooperativas que gozan de una alicuota reducida en el impuesto al débito y crédito bancario. Así obtenían una reducción en el costo financiero de la operatoria”, se explicó en la resolución judicial en la que se resolvió la convocatoria para que los imputados sean indagados. 

En su requerimiento, el fiscal Starc remarcó la disponibilidad de recursos económicos por parte de los imputados quienes habrían expuesto “una minuciosa logística para el despliegue de la actividad delictuosa”.

Según consta en la resolución judicial, uno de los citados para las indagatorias fue el presidente de la sociedad que maneja ambos bingos, que fue identificado como Jorge Pereyra. Se trata de un empresario que, en agosto de 2011 sufrió un intento de asalto cuando llegaba a su casa de San Isidro. Dos meses después, en octubre de ese año, fue asaltado cuando, con otros empresarios comía un asado en el stud Codiciado, en Martínez.

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