Y él se detuvo.
Era el 6 de noviembre de 1984 y “La banda de los Comisarios” daba su primer golpe conocido en democracia. En cuanto bajó de su coche, a Meller lo ataron, lo pasaron a otro auto y se lo llevaron secuestrado. Minutos más tarde llamaron a su esposa y le exigieron 3.000.000 de dólares.
Lo metieron en el mismo sótano de la Avenida Garay 2882 donde años antes había estado, entre otros, Karina Werthein. Un tubo de plástico que atravesaba el techo de “la caja” era su única comunicación con sus captores, que se prepararon para un trámite largo aunque no tan relajado como los que habían protagonizado durante la dictadura. La prueba de que ya no estaban tan tranquilos fue que, como el secuestro se hizo público en los medios, decidieron cobrarle una multa a la familia: Incrementaron el monto exigido en un millón de dólares.
-Ahora tu familia va a ir dos meses a la máquina, por haber ido a la Policía y a la prensa –le dijeron a la víctima. Y lo castigaron con un silencio que duró, tal lo anticipado, dos meses.
Meller atravesaría Navidad y Año Nuevo hundido en el sótano, donde la tremenda inundación que hubo en Buenos Aires en enero de 1985 casi lo termina ahogando. “El agua empezó a subir. Grité y no vino nadie, así que trepé una mesa. Pero el agua me alcanzó y tuve que poner una silla arriba”, contaría meses más tarde. “Recién cuando el agua me llegó al cuello me ayudaron”.
Para cuando llegó el momento del pago, el empresario llevaba cuatro meses secuestrado y había perdido dieciocho kilos. Su familia entregó los 4.000.000 de dólares y, el 9 de marzo de 1985, lo liberaron. Antes, lo amenazaron con “hacer boleta” a su esposa, hijos, hermanos y otros familiares si revelaba algún dato que permitiera identificarlos.
Unos meses más tarde, la banda se encontraría con un gran inconveniente: el segundo secuestro de Osvaldo Sivak y la lucha de su familia reactivarían la investigación del primero, lo que en 1986 llevaría a la cárcel a los subcomisarios José “el Turco” Ahmed y Alfredo “Poroto” Vidal. Ambos estarían presos hasta el 14 de diciembre de 1990, cuando la Justicia los condenó a seis años de prisión por aquel caso y los liberó en el mismo acto, al considerar que la pena ya estaba cumplida. Entre tanto sus hombres, se sabría mucho tiempo más tarde, no se habían quedado quietos.
En cuanto salió en libertad, Ahmed se puso a trabajar de nuevo. Reunió a sus cómplices en la confitería Politeama, en la Avenida Corrientes, y allí les anunció cuál sería su siguiente plan.
Meter a un tal Mauricio Macri dentro de un ataúd.
La banda decidió estacionar un micro de escolares en el playón de Canal 7, en pleno Palermo Chico, para estudiar desde allí todos los movimientos del empresario. Durante semanas registraron sus horarios con detalle y hasta analizaron la posibilidad de levantarlo en la esquina de Florida y Paraguay, donde frecuentaba un departamento. Pero la zona no les gustó y volvieron a inclinarse por sorprenderlo cuando llegaba a la lujosa residencia familiar, cerca de la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle. Por fin resolvieron dar el golpe en la noche del 20 de agosto de 1991, pero la aparición de una mujer acompañándolo los obligó a posponerlo cuatro veces. Recién a la 1:15 de la madrugada del 24 de agosto tuvieron la oportunidad.
Y no la desaprovecharon.
Macri bajó solo de su auto en Tagle, entre Tedín y Estrada, y tres hombres que esperaban dentro de un Fiat 600 se le tiraron encima. Uno le pegó una trompada, otro lo agarró del cuello y el tercero terminó por dejarle en claro que no se trataba de un robo: lo golpeó y lo empujó para que entrara a la parte de atrás de una combi Volkswagen blanca. Allí, entre todos le vendaron los ojos, lo cubrieron con un capucha, le sacaron el traje y le arrancaron el reloj. Le ataron las manos por adelante con un alambre y algo de cinta adhesiva y entonces sí, lo metieron dentro de un ataúd, lo taparon y sentaron encima.
Media hora pasó Macri sintiéndose un cadáver rumbo al cementerio, ahogado por el encierro y casi sin aire. Tenía 32 años y no estaba ni cerca de estar preparado para algo así. Pero su viaje solo era hasta el sótano de la Avenida Garay 2882 donde antes habían estado Werthein y Meller. Lo bajaron caminando a “la caja”, lo tiraron sobre un catre y lo vistieron con un pijama. Le pusieron en los tobillos unas cadenas que estaban enganchadas a otras, soldada al suelo, y lo dejaron solo, rodeado de paredes de madera y sobre un piso cubierto por una alfombra persa. Un televisor en el que podía ver los cinco canales que había, una mesa, una silla y un baño químico contemplaban el espacio de seis metros cuadrados y dos de alto, donde una cámara de circuito cerrado lo filmaba las 24 horas.
Desde entonces, su único contacto con los captores sería a través del tubo de veinte centímetros de diámetro que había en el techo, por el que le pasaban la comida comprada en una rotisería cercana, siempre dentro de bolsas de nylon. También le hablaban por ahí: lo llamaban “Mario”, le exigía que le dijera “Mario” al cuidador de turno y hasta lo cargaban por cómo roncaba cuando dormía.
Entre tanto, llamaba a su padre, el poderoso empresario Franco Macri, y le exigía millones de dólares para liberarlo.
–Tengo tanto apuro como ustedes. He intentado reunir los seis millones en las tres bolsas solicitadas, tratado de evitar levantar sospechas. También les dije antes, no sé si me habrán escuchado, que la reserva está casi fuera de control. Todo el día periodistas y amigos y jefes del Gobierno preguntaron si yo había sido secuestrado. Mañana probablemente preguntarán por Mauricio. Es imprescindible simplificar el intercambio y apurarnos para evitar intervenciones o errores -les respondía el padre de la víctima.
No se equivocaba. Las negociaciones recién estaban comenzando cuando el caso hizo público, con un impacto extraordinario. Guardias periodísticas se montaron de inmediato en la puerta de la casa de la familia, que el 29 de agosto decidió lanzar un comunicado negando la existencia del secuestro. Ese mismo día, el presidente Carlos Menem aseguraba a la prensa que “el secuestro de Mauricio Macri” no variaba “en nada el clima de estabilidad y de tranquilidad” que vivía la Argentina y se acercaba hasta la residencia familiar para ponerse a disposición. Las versiones de los medios iban desde la posibilidad de que hubiera “carapintadas” involucrados hasta “mano de obra desocupada”.
No estaban tan lejos de la realidad.
-El Presidente nos ha asegurado que no habría ningún tipo de intervención policial –intentó convencer Franco Macri a los captores en su siguiente contacto. No le creyeron.
El 1º de septiembre, un anónimo alertó a la Policía sobre el lugar donde podrían encontrar el cadáver de Macri, en Panamericana ente Pelliza y San Martín (Olivos). Investigadores y periodistas corrieron hacia el lugar, pero no encontraron nada.
Horas después, los secuestradores volvieron a llamar y le pasaron a su padre una grabación con la voz de su hijo, que para entonces estaba enfermo y recibiendo antibióticos de manos de sus captores.
-De acá salgo solamente con eso (pagando), de otra manera no salgo, así que no flanquees ante la presión. Esperá que te van a llamar en cualquier momento para ver a qué hora salís a hacer la entrega, ¿ok? Mandale un beso a toda familia, que estoy bien y que no se preocupen, ¿estamos? –decía Mauricio.
Su padre tomó nota del mensaje.
-Tengo preparados seis millones en las tres bolsas solicitadas, suma que he podido reunir sin despertar sospechas sobre su uso e intervención de la Policía, que está muy al acecho. Insisto que sería ideal hacer un intercambio desde lo más simple posible. Y se me ocurrió la posibilidad de que lo efectuemos con la participación de una tercera persona de confianza mutua. Por ejemplo, el Nuncio Apostólico, si aceptan. Estoy convencido de algo que dijo Mauricio: que confiara en el criterio de ustedes. Pero tienen que comprender que este es un pacto, un acuerdo, un negocio en el cual las dos partes debemos poder tener ciertas garantías mínimas –propuso en la siguiente comunicación.
El 3 de septiembre, por fin, llegó el momento de pagar los 6.000.000 de dólares de rescate. Franco logró eludir la necesidad de hacerlo en persona –tenía miedo de que lo tomaran de rehén- y envió en su lugar al chofer de Mauricio, Roberto Osvaldo Pascual, y a uno de sus mejores amigos, el hoy también empresario Nicolás Martín Caputo.
Ambos se reunieron a las nueve de la mañana en la primera posta señalada por los captores, la esquina de Tucumán y Carlos Pellegrini, frente al Teatro Colón. En un Peugeot 505 gris alquilado, desde allí iniciaron un recorrido de nueve horas que los llevó por diecinueve puntos diferentes. En cada uno encontraban un mensaje que los guiaba hacia el siguiente. Así, cargados con el dinero. Que había sido microfilmado billete por billete, con tres teléfonos celulares a mano y una guía Filcar, recorrieron la Avenida Rivadavia, la General Paz, la Panamericana, el Golf Club de Boulogne, distintos lugares de Tigre, Del Viso, parque Leloir, Gonzáles Catan y Lomas de Zamoras, hasta que los hicieron dirigirse a la Isla Maciel, en Dock Sud (Avellaneda). Ahí, a metros de un muelle ubicado sobre el Riachuelo, tuvieron que dejar abandonado el coche con las llaves puestas y tres bolsos negros con el dinero dentro del baúl. Desde un departamento cercano los vigilaba a través de prismáticos.
Los secuestradores fueron a buscar el coche, lo llevaron hasta un costado de la cancha de San Telmo y allí trasladaron los bolsos a un Doge 1500, en el que desaparecieron de la zona. Millonarios.
Los Macri todavía tuvieron que esperar dos días más para recibir algo a cambio. En la noche del 5 de septiembre, el día 13 de su cautiverio, los secuestradores sacaron a Mauricio del sótano y lo metieron en el baúl de un Ford Falcon.
Condujeron durante 45 minutos hasta que llegaron al bajo Flores, a un descampado ubicado a pocas cuadras del estadio de Deportivo Español, cerca de Dellepiane y la autopista Richeri. Lo bajaron, le dieron algo de plata, unos cospeles telefónicos, un beso y un abrazo.
-Decí que te dejamos en Lomas de Zamora –le pidieron. Macri estaba vendado y atado. Sentado en un cordón, esperó los diez minutos que le había ordenado, mordió la cuerda que le sujetaba las muñecas y logró sacarse el trapo que tenía sobre los ojos. Caminó unas cuadras y se tomó un taxi rumbo a Florida y Paraguay, adonde llegó poco antes de las dos de la mañana del 6 de septiembre. De allí se dirigió a la casa paterna.
Las peores horas de su vida habían terminado.
-No se pagó absolutamente nada y me encuentro perfectamente bien. Hasta me compraron el jogging los señores –dijo el futuro jefe de Gobierno porteño (N. de la R.: hoy día Presidente de la Nación) a la prensa esa misma madrugada, señalándose la ropa celeste que vestía-. Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Realmente estoy bien, me trataron bien, fui bien cuidado. Estoy listo para empezar a trabajar mañana, como si nada hubiera pasado –agregó, antes de posar para los fotógrafos junto a su padre y al ministro del Interior, José Luis Manzano, cuyo rostro mostraba el alivio del Gobierno por no tener que afrontar con Macri secuestrado las elecciones legislativas que se celebrarían dos días después.
La cusa quedó en manos del juez Nereo Bonifati, que le encomendó el trabajo a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal. De inmediato, los investigadores se centraron en una serie de datos clave: la primera carta extorsiva recibida por Franco Macri –donde se le decía que el secuestro no tenía motivos económicos sino “de orden filosófico y moral” –era casi calcada de la que había recibido siete años antes Jaime Meller, el papá del empresario Sergio Meller; varias de las postas que los captores habían obligado a seguir a los “pagadores” de los rescates eran las mismas en ambos caos; y todo el accionar de los secuestradores había tenido, en los dos episodios, el estilo inocultable de los 'grupos de tareas' de la dictadura.
De los grupos de la Policía.
El 19 de noviembre, menos de un mes y medio después de la liberación de Macri, los oficiales de Defraudaciones y Estafas detuvieron a un hombre llamado Juan Carlos Bayarri, alias “el Pelado”, quien estaba acompañado por su padre. No estaba en el listado de represores de la Conadep, por su paso por las patotas de la Superintendencia de Seguridad Federal. Era, como no podía ser de otra manera, un sargento de la Policía, retirado desde 1988.
Según los investigadores, ante las primeras preguntas, su ex colega confesó su participación en el secuestro de Macri y de los de Werthein, Rudi Apstein, Julio Ducdoc y Meller. También, dijeron, dio una lista con los nombres de todos los integrantes de la banda.
“La banda de los Comisarios”.
El siguiente en caer fue el también ex sargento de la Federal, Carlos Benitos, arrestado en Córdoba y trasladado por tierra a Capital Federal. Luego fue el turno de otro ex suboficial con pasado de dictadura, Miguel Ángel “Jopo” Ramírez.
Pero aún faltaban los cabecillas.
En el juzgado de Bonifati apareció entonces un mensaje anónimo, que vinculaba el caso Macri con el primer secuestro de Sivak. Apuntaba directo a tres nombres: “El Turco Jose”, su hermano Camilo –que se haría llamar “Mario”, decía la misiva- y un tercer hermano de ambos.
La alusión al subcomisario José “el Turco” Ahmed era directa.
Los policías de Defraudaciones y Estafas salieron a buscar a su ex colega. El 22 de Noviembre lo encontraron en un bar, le informaron al juez; Ahmed confesaba su participación en el secuestro de Macri y también entregaba un listado con los nombres de sus supuestos cómplices. Algunos aumentarían aún más el escándalo que ya rodeaba al caso: eran jefes policiales en actividad.
Pasaron apenas unos días hasta que los detuvieron. El primero fue el comisario mayor Raúl González, un ex torturador del llamado "circuito ABO”, quien a pesar de su pasado trabajaba en la Superintendencia de Comunicaciones de la Federal y tenía desde allí libre acceso a todas las comunicaciones que realizaban los investigadores durante el secuestro.
“Soy víctima de una interna policial”, dijo apenas lo arrestaron, y culpó por su detención al entonces jefe de la Federal, el comisario general Jorge Luis Passero, quien a su vez lo tildó de “fanático carapintada”. Los otros dos fueron el comisario Hugo Luis Andersen, jefe de la seccional 6ª, y el comisario Juan Carlos Arza, a cargo de la 38ª.
La investigación siguió adelante en busca de otros dos hombres clave: Camilo Ahmed -quien si bien no era policía, había hecho tareas como civil para la Superintendencia de Seguridad Federal durante la dictadura- y el subcomisario Alfredo “Poroto” Vidal, el del caso Sivak.
El hermano del “Turco José” aparecía muerto el 13 de enero de 1992, al pie de un edifico ubicado en el calle Bolívar al 2100, en Mar del Plata, con un tiro en la sien y claras muestras de haber caído desde el piso 12. Supuestamente se había suicidado, pero nadie se preocuparía por investigar demasiado los motivos. Vidal, en tanto, recién sería detenido en marzo de 2001, por lo que la causa en su contra tramitaría por separado a la del resto. Nunca se aclararía si, como se sospechó en su momento, en realidad había negociado irse del país a cambio de entregar al resto de la organización a través de “anónimos”.
En los primeros meses de 1992, el caso de “La Banda de los Comisarios” ya parecía estar resuelto, a pesar de las decenas de versiones que lo rodeaban. La mayoría hablaba de una lista de secuestrados mucho más larga que la que se le estaba imputando a la acusados –Wrthein, Apstein, Ducdod, Meller y Macri- y se mencionaba a decenas de empresarios, que terminaban negando todo ante la Justicia.
El ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti llegó a ser indagado por su presunto vínculo con los secuestradores, sobre todo en el caso Meller, pero tampoco se logró avanzar en su contra. Y hasta el oficial Roberto Buletti, preso por su propia serie de secuestros, se ofreció como testigo clave para terminar de desentrañarla trama oculta de la organización. Pero al llegar al juzgado de Bonifati se arrepintió.
El escándalo ya había pasado. Se recuperaron unos 2.000.000 de dólares en distintos allanamientos y se localizaron no sólo la casa usada para detener a las víctimas en la Avenida Garay sino también la agencia de seguridad privada que tenían los hermanos Ahmed, llamada San Jorge. En su sede, en la calle Constitución 2773, se secuestró hasta la máquina de escribir Olivetti modelo “Lettera 35” con la que se habían redactado muchas de las notas enviadas a los familiares de las víctimas durante los secuestros.
Y así la investigación empezó a cerrarse con lo que había. “Para entender e qué autitos anduvimos, tendrían que saber que yo trabajé en las brigadas de Seguridad Federal, a cargo del ‘Turco’ Ahmed y del ‘Poroto’ Vidal, en la época de la denominada guerra sucia”, explicó el ex suboficial Miguel Ángel “Jopo” Ramírez e su indagatoria. “El primer hecho que hicimos fue el de Karina Werthein, hija de un banquero, en 1978. La propuesta me la hizo Ahmed en el mismo edifico de Seguridad Federal […]. Él sabía todo lo relativo a cuanto estaba trabajando la Poli y evitar así enfrentamientos”, agregó. “La mayor parte de la plata se la llevaban ‘los socios’ (Ahmed y Vidal), que era los que aguantaban al chancho en el pozo y ponían la infraestructura”, señaló.
El ex sargento Juan Carlos “Pelado” Bayarri también coincidió en apuntarles a Ahmed y a Vidal al declarar como acusado. “Ellos eran los jefes de la banda, que se inició en Seguridad Federal”, indicó. “Ahmed era uno de ´los socios”. Yo, Ramírez y Carlos Benito éramos operativos, ‘soldados’ que recibíamos órdenes”, aseguró. Fue el único que dio una pista sobre el destino del empresario Julio Ducdoc: “Después de cobrar mi parte, me enteré de que Ducdoc no había sido liberado, sino que ‘los socios’ habían dispuesto a su eliminación, por falta de garantías en cuanto a que iba a reconocernos”.
Más nostálgico, el ex sargento Benito prefirió recordar en su indagatoria la comunicación que había entre los miembros de la banda. “Éramos como hermanos, de tantos trabajos juntos. Sobre todo de la época de la lucha contra la subversión”, declaró.
Procesados, en febrero de 1992 la Cámara en lo Criminal les confirmó la preventiva a los tres ex suboficiales, al ex subcomisario Ahmed, al ex comisario mayor Raúl González y a un ex militar, Héctor Ferrer, que había aportado un departamento para vigilar el pago del rescate de Macri. En cambio, desvinculó del caso a los comisarios Andersen y Arza. Para el juicio hubo que esperar algo más: casi diez años. Se hizo por escrito –al momento de los arrestos regía el antiguo Código Penal- y terminó el 6 de agosto de 2001 con las condenas a perpetua de otra de ocho años para Ferrer y una de cinco para González.
Pero aún faltaba más.
En las entrañas de la Justicia Federal todavía quedaba sin resolver otro secuestro extorsivo resonante: el del empresario Rodolfo Clutterbuck, miembro del directorio de Alpargatas y del Banco Francés y ex vicedirector del Banco Central durante la dictadura. El caso había empezado el 16 de octubre de 1988, un Día de la Madre, y nunca había terminado. Aquel Día, el ejecutivo llegaba a jugar al golf a un club de San Martín cuando le cruzaron en el camino un Falcon con una sirena adosada al techo. Lo obligaron a detenerse, tal como si se tratara de un operativo policial, y se lo llevaron cautivo. Unas horas después llamaron a su mujer y le pidieron 500.000 dólares para liberarlo.
Jamás lo harían.
Los secuestradores mantuvieron un par de comunicaciones telefónicas más y después empezaron a enviarle notas mecanografiadas a su familia. “La vida de Rodolfo vale mucho más que 500.000 dólares. El pedido real y definitivo es de 2.000.000 de dólares. Ustedes son los únicos responsables de la angustia de Rodolfo y, en definitiva, de su futuro”, decía una de las comunicaciones. “Tengan el dinero en dos bolsos fuertes de cuero”, exigía otra. Sin embargo, nunca llegaría a acordarse un lugar para hacer el pago-sobre todo, por falta de una prueba de vida que convenciera a los familiares del empresario- y en 1939 se acabaron los contactos.
No se supo más nada de Clutterbuck.
Hasta diciembre de 2001.
Entonces, una investigación privada encargada por la familia de la víctima logró un primer resultado: las notas extorsivas enviadas por los captores habían sido escritas con la misma Olivetti “Lettera 35” encontrada una década antes en la agencia de seguridad San Jorge, propiedad de los hermanos Ahmed. Pero ninguno de ellos podía ser acusado por el hecho, dado que “el Turco” José estaba en prisión por el caso Sivak para la fecha del secuestro del empresario Camilo ya había muerto. De todas formas, la causa avanzó y logró involucrar por testimonios y otras pruebas a los ex suboficiales Miguel Ángel Ramírez –era suya la voz que se escuchaba en la grabación de uno de los llamados extorsivos hechos a los Clutterbuck- y Carlos Benito.
Parecía que la historia de “La Banda de los Comisarios” quedaba definitivamente cerrada.
Pero no.
Aún faltaba caer sus torturadores.
No todo había sido como lo habían contado.
De hecho, había sido mucho peor.
En la mañana del 18 de noviembre de 1991, menos de un mes y medio después de la liberación de Mauricio Macri, el ex sargento Juan Carlos Bayarri y su padre, Juan José, frenaron con su coche en el semáforo de Avenida Mitre y Centenario Uruguayo, en Avellaneda. De repente, tres autos se les cruzaron adelante y unos cuatro o cinco hombres vestidos de civil saltaron a la calle, armados con pistolas y escopetas, exigiéndoles que levantaran las manos.
Parecía un secuestro.
Pero era un operativo policial.
Sin que existiera orden de captura alguna, los Bayarri fueron detenidos por oficiales de la División Defraudaciones y estafas de la Policía Federal. Al padre lo liberarían 36 horas después en parque Chacabuco, pero para su hijo tenían reservado un destino mucho peor: lo llevaron esposado y vendado hasta un lugar al que le decían “el pozo”, pero que según lo que él pudo ver no era otro que “El Olimpo”, aquel centro clandestino de detención de Ramón L. Falcón y Lacarra que conocía tan bien por haber sido su destino durante la dictadura.
Allí. Sus ex colegas lo desnudaron, lo acostaron en un catre y lo empezaron a interrogar sobre su participación el secuestro de Macri y en todos los caso anteriores.
Enseguida le aplicaron picana eléctrica en las tetillas, en los genitales, en el ano y en la planta del pie derecho, mientras le decían que su padre estaba sufriendo lo mismo y lo hacían adivinar si seguía vivo o no. Luego volvieron a interrogarlo y, ante su negativa a hablar, lo picanearon otra vez y lo ahogaron poniéndole una bolsa en la cabeza (el “submarino seco”), para después molerlo a golpes hasta reventarle el tímpano derecho. Así lo tendrían durante dos días enteros.
El 19 de noviembre, los policías de Defraudaciones y Estafas blanquearon su detención ante la Justicia –dijeron que la habían encontrado en La Boca, para ocultar que había actuado en Provincia sin notificar a un juez local- y el 20 de noviembre, por fin, lo trasladaron al Departamento Central de Policía. Tenía toda la ropa teñida con su propia sangre y apenas si podía caminar.
El interrogatorio a Bayarri continuó en una oficina, donde lo hicieron escuchar una grabación en la que su ex compañero Carlos Benito confesaba su propia participación el secuestro de Meller y lo incriminaba a él en el de Macri y en los de las víctimas anteriores.
-Si querés seguir vivo y volver a ver a tu viejo, tenés que hacer cargo de todo esto –le explicaron.
Bayarri no dudó más. Le dieron unas hojas y allí escribió todo lo que le dictaron: lo nombres y sobrenombres de una serie de personas –encabezadas por “el Turco” Ahmed y “Poroto” Vidal- y detalles sobre la supuesta vinculación de cada una con los distintos secuestros extorsivos que estaban bajo investigación.
El 22 de noviembre, los policías de Defraudaciones y Estafas enviaron una nota al juez Bonifati donde dejaban constancia de que Bayarri les había pedido declarar “para aliviar su estado de conciencia”, porque “no aguantaba más y quería comenzar a cumplir la pena por su participación” en los secuestros. Acompañaron el documento con las hojas manuscritas por el detenido, donde confesaba su supuesto rol en los casos Werthein, Apsei, Ducdoc, Meller y Macri. Dos días después, el ex policía era llevado a Tribunales, donde ratificaría su confesión. Un médico lo revisaría y constataría las lesiones que tenía en la cabeza, detectables a simple vista.
Pero a nadie le importaría. En paralelo, los oficiales de Defraudaciones y Estafas habían viajado a la provincia de Córdoba a detener al ex sargento Carlos Benito, quien también tendría una historia particular para contar. Un grupo de hombres de civil lo capturó en la calle y lo metió en una camioneta para sacarlo de Villa Carlos Paz rumbo a la Capital Federal. En el camino los golpearon tanto que le arrancaron tres dientes. Al llegar, lo encerraron en una oficina para encapucharlo, meterle la cabeza en un frentón con agua hasta casi ahogarlo y clavarle alfileres debajo de las uñas.
-Tenemos autorización bien de arriba para ir a buscar a tu mujer y a tu hijo y hacerles lo mismo –le dijeron.
Según diría Benito tiempo más tarde, a continuación le dictaron una serie de detalles sobre el secuestro de Meller que él reprodujo con su voz para que lo n en una cinta: la que le harían escuchar a Bayarri. Después lo llevaron al juzgado de Bonifati, donde lo indagaron para que repitiera su confesión. Un médico lo revisó y constató que tenía lesiones, pero otra vez nadie hizo nada.
Sin embargo, Bayarri no estaba dispuesto a dejar las cosas así.
En marzo de 1992, al ampliar su declaración indagatoria por los secuestros extorsivos, desmintió su propia confesión, negó todos los cargos y reveló por primera vez que había sido torturado. El expediente igual siguió adelante, llegó a juicio y terminó en 2001 con la condena de los acusados de integrar “La Banda de los Comisarios”, con las confesiones de Bayarri y de Benito como prueba fundamental. Pero, en paralelo, se abrió otra investigación por la denuncia de torturas, que cayó en manos del juez Luis Zelaya. Éste la intentó clausurar en tres oportunidades, pero en otras tantas la Cámara del Crimen revirtió su decisión y le ordenó que siguiera profundizando el expediente.
Aún preso y condenado, Bayarri no se quedó quieto. En 1994 presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dependiente de la Organización de Estados Americanos, la OEA), que en 2001 aceptó tratarlo y poco después le pidió explicaciones al Gobierno argentino.
El escándalo empezaba a crecer.
En 2004, las apelaciones por las condenas dictadas contra los acusados de integrar “La Banda de los Comisarios” llegaron a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones. El argumento central de los defensores era que sus clientes habían sido torturados por la policía.
Les dieron la razón.
El 1º de junio de 2001, los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani se declararon sorprendidos por el hecho de que por las torturas contra Bayarri y contra Benito no hubieran existido condenados. “Los hechos no pueden ser tildados de excesos policiales en la utilización de la fuerza pública imprescindible para cumplir con el deber de detener a una persona”, indicaron.
“En estos caso se ha acreditado que la aplicación de tormentos tuvo por finalidad arrancar una confesión […] y el Estado no puede hacer valer como prueba elementos incorporados a una investigación de manera ilegal”, señalaron. En una clara adhesión a la doctrina del 'fruto del árbol envenenado' –todo lo que deriva de una prueba obtenida de manera ilegal debe ser anulado e ignorado-, decidieron sobreseer a Bayarri y liberarlo.
El ex policía llevaba doce años, seis meses y cinco días presos.
Los camaristas también sobreseyeron al ex sargento Benito.
Y, al verse obligados a anular parte de las pruebas, debieron declarar inocente al ex comisario mayor Rubén “el Negro” González -aquel que estaba en actividad durante el secuestro de Macri-, quien tiempo más tarde sería condenado a perpetua por su rol de torturador en el "circuito ABO”. En la misma línea, los jueces les rebajaron las condenas al ex suboficial Miguel Ángel Ramírez -quien también había denunciado torturas, aunque no lograría probarlas-, al ex subcomisario José “el Turco” Ahmed y al ex militar Héctor Ferrer.
Pero la historia no terminaría aquí.
Bajo la presión de este fallo de la Cámara Federal, y ante la inminente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la investigación por las torturas, aunque no lograría probarlas-, al ex subcomisario José “El Turco” Ahmed y al ex militar Héctor Ferrer.
Pero la historia no terminaría aquí.
Bajo la presión de este fallo de la Cámara Federal, y ante la inminente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la investigación por las torturas finalmente avanzó. En mayo de 2005, el juez Luis Zelaya ordenó a regañadientes el arresto de nueve policías federales -seis de los cuales eran comisarios- por las torturas infligidas durante la investigación del secuestro de Macri. “Debo seguir el camino argumental trazado por los camaristas en sus resoluciones”, pareció excusarse el magistrado al ordenar las detenciones.
El giro judicial pegó en pleno corazón de la Federal.
A la cabeza de los detenidos estaba uno de sus mayores referentes de las dos décadas anteriores, el comisario mayor Carlos Sablich. Especializado desde su juventud en los secuestros extorsivos, tras su actuación en la causa Macri había ascendido varias veces hasta alcanzar el cargo de jefe del Departamento de Delitos Complejos. Pero había tenido que dejar su puesto meses antes de ser arrestado, en medio de otro escándalo: sus hombres habían sido acusados por un fiscal federal de San Martín de esconderle información sobre el secuestro y asesinato de Axel Blumberg.
El mismo episodio había dejado afuera de la Federal al jefe y mentor de Sablich, el comisario general Jorge “el Fino” Palacios, quien encima había sido grabado negociando por teléfono la compra de una camioneta 4x4 con un reducidor de autos involucrado en ese mismo secuestro y charlando amistosamente con el ex oficial Carlos Gallone (aquel que en 1982 fuera fotografiado abrazando a una madre de Plaza de Mayo y que luego sería condenado a perpetua por “La Masacre de Fátima”).
Po las torturas al ex sargento Bayarri y la privación ilegítima de la libertad de su padre, el comisario Sablich fue condenado en mayo de 2014 a dieciséis años de prisión. La misma pena recibiría otro comisario, Carlos Gutiérrez, quien era su jefe para la época del secuestro de Macri. El resto de los oficiales imputados fue sobreseído, mientras que Alberto Larrea –quien había sido secretario del juzgado que intervino en la investigación de “La Banda los Comisarios”- resultó sentenciado a tres años por encubrir los tormentos. El juez Nerio Bonifati no llegó a ser imputado: murió antes.
