Este tipo de bonos tienen la particularidad de que, al estar atados al dólar y funcionar como cobertura antidevaluación, pueden terminar licitándose a un valor por sobre la par (el inversor “paga” más de 100 dólares por cada US$100 nominales), por lo que la tasa sobre el precio de corte es negativa (pero eso se compensa con la devaluación esperada).
Si bien la licitación es en teoría por u$s 500 millones –en realidad, el Gobierno tomará pesos y se endeudará en dólares pero a pagar en pesos a la denominación oficial del vencimiento-, es “ampliable”. Casi sin excepciones, el Gobierno opta el día de la licitación por ampliar la emisión.
La última licitación de este tipo fue el 18/08; en ese momento, el Gobierno tomó pesos por algo más de U$1.000 millones. De todos modos, la última ampliación de este tipo de bonos no fue por licitación sino por adjudicación directa, para pagar deuda del extinguido programa Petróleo Plus.
La licitación está abierta a “todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas”, aunque deben hacerlo a través de agentes registrados en los mercados de valores.
