Picardi imputó y pidió la indagatoria este viernes del exespía Antonio 'Jaime' Stiuso, exdirector de Operaciones de la exSIDE. Se trata de una causa impulsada por Oscar Parrilli, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), parte de una fuerte avanzada del Gobierno contra Stiuso, al que demonizó a partir de la muerte de Alberto Nisman.
Parrilli denunció que Stiuso utilizó una causa "inventada" para pinchar durante 3 años los teléfonos de decenas de personas, incluyendo a los médicos que atendieron a la Presidente de la Nación, a ministros nacionales y hasta funcionarios del gobierno porteño de Mauricio Macri.
El fiscal Picardi imputó al exespía por la intervención de 20 abonados telefónicos y correos electrónicos de la sucursal local de la firma británica de seguridad privada Dark Star Security por supuestas actividades de espionaje y contraespionaje en la Argentina. Sin embargo, esas escuchas continuaron por 3 años a pesar de que el fiscal Federico Delgado había afirmado que no existían elementos de que esas actividades ilegales hayan existido, informa el sitio fiscales.gob.ar.
Picardi mostró celeridad en el tema. La denuncia de Parrilli fue presentada el 16/06 último y ya solicitó la indagatoria de Stiuso.
Sin embargo, más comprensivo sería el fiscal camporista, en el otro extremo, con el titular del PAMI, Luciano Di Cesare, a quien habría pretendido beneficiar en una causa que lo investiga por fraude contra el Estado.
Según revela este viernes el diario Clarín, Picardi le pidió al juez
Claudio Bonadio que acote a un año específico, en lugar de 4, la investigación contra Di Cesare por presunto desvío de fondos de la obra social de los jubilados para financiar otras actividades del Gobierno.
De acuerdo a fuentes consultadas por el matutino, Picardi dijo al magistrado que “deberá encorsetar” su investigación al año 2012 y no desde el 2008 cuando comenzó la maniobra. No obstante, Bonadio rechazó el pedido.
La causa investiga un eventual fraude a la administración pública por la decisión del titular del PAMI de comprar letras públicas del Tesoro con fondos del PAMI a pesar de que la obra social de los jubilados se atrasa en sus pagos y las denuncias de malos servicios a los jubilados.
Según recuerda Clarín, la causa fue abierta por una denuncia de la ex titular del PAMI y actual diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, en el 2013. Ocaña denunció que el PAMI tenía aprobado un presupuesto para el 2012 de $26 mil millones y que usó parte de ese monto para comprar 2.330 millones de Letras del Tesoro para financiar los gastos del Gobierno.
Como el PAMI no le entregaba la información, Bonadio allanó 2 veces la sede central de la entidad y secuestró la documentación que necesitaba. Así descubrió que la operatoria de compras de Letras había empezado, en realidad, en el 2008 y terminado en el 2013.
La ley permite al PAMI invertir si tiene fondos excedentes en depósitos a largo plazo en el Banco Nación u otras entidades financieras. Entonces, el juez tomó una serie de denuncias sobre deficiencias en el servicio del PAMI a jubilados y pidió un peritaje un peritaje de la Corte sobre todos los movimientos financieros de la obra social desde el 2008 a la fecha, entre otros objetivos.
Entonces, Picardi pidió acotar el peritaje al 2012 porque “excede el objeto procesal penal”. “El juez fue cristalizando una dimensión investigativa que se proyectó a conductas que trascendieron el cuestionamiento acerca de que la administración nacional habría empleado 2.330 millones de pesos para fines ajenos a los objetivos de ese instituto asistencial”.
También criticó a Bonadio por “el alto grado de inferencia estatal sobre la privacidad y la intimidad, que por definición supone un allanamiento, ante el avance de la investigación traspasándose los ribetes propios de la actividad persecutoria delimitada por el Ministerio Pública Fiscal”.
Luego Bonadio rechazó el pedido del fiscal y dispuso continuar con el peritaje desde el año 2008 cuando empezó la maniobra.
