El problema de Máximo consiste en que él registró como sede de la empresa una dirección que se demostró que ya por entonces era “fantasma”, Belgrano 265.
Los investigadores de la Policía Metropolitana llegaron al Patagonia cerca de las 10 de la mañana con un listado de 23 empresas. En la puerta los recibió la gerenta de la entidad, que nunca se despegó de ellos hasta que se retiraron, cerca de las 16 horas.
En ese listado inicial también estaban mencionadas las firmas Don Francisco SA, La Estación SA (controla una estación Esso en Río Gallegos), Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Alucom, y Badial SA. Todas ellas pertenecen a Lázaro Báez y pagaban habitaciones del hotel Alto Calafate, cuando estaba administrado por Valle Mitre, otra firma del empresario patagónico.
Otra de las firmas que tenía cuentas en esa sucursal era Diagonal Sur Comunicaciones, ligado a la hija de Báez, Luciana. Casi a la misma hora, otro grupo de la Metropolitana allanaba la sede de la empresa, en Río Gallegos, donde se encontró, tal como reveló este diario, un servidor oculto que brindaba servicios de contabilidad y estaba conectado en red con otras computadoras.
La causa sobre los hoteles K se inició en noviembre del 2014 por una denuncia de la candidata a a Presidente de Margarita Stolbizer.
Desde entonces, la familia Kirchner usó los medios públicos para minimizar el papel que había tenía Máximo en el manejo empresarial del hotel.
En la causa judicial, en cambio, las pruebas indican lo contrario. Después de la muerte de su padre, Máximo fue quien actuó como único accionista –en representación de los demás-, en las asambleas de la empresa, eligió autoridades -con modos irregulares-, y aprobó balances contables también sospechosos, entre otras cuestiones de ese estilo.
