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"DDHH" en Chaco: "Comen en basurales por una cuestión cultural"

Si Víctor Hugo Morales causó polémica argumentando que "se vive bien en las villas y que la gente las elige", el Gobierno de Chaco no se quedará atrás. Allí, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Carlos Goya, explicó que las personas sin techo retornan a los basurales pese a la asistencia del Estado porque está "culturalmente aceptado por ellos mismos". "El Estado no los puede retener, son personas libres", sostuvo el funcionario de una de las provincias más castigada por la pobreza estructural que comanda el ministro nacional Jorge Capitanich y donde el acceso a la información sobre la población vulnerable resulta prácticamente imposible.
24 de junio de 2015 - 11:35

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El secretario de Derechos Humanos de Chaco, Juan Carlos Goya, explicó que la población en situación de calle que acude a comer en los basurales del distrito lo hace porque "está aceptado culturalmente".

Consultado por una denuncia sobre una familia que comió de un contenedor de residuos urbanos en un barrio de Resistencia, Goya indicó que se trata de una actividad habitual en la ciudad a pesar de la asistencia alimentaria que otorga el gobierno provincial.

"Permanentemente buscamos personas en los basurales, le damos seguridad alimentaria y albergue, y luego retornan a esta actividad. Hasta culturalmente están aceptadas por ellos mismos estas situaciones. No (depende) solamente de la voluntad del Estado sino de una complejidad cultural de larga data que cuesta muchísimo revertir", expuso el funcionario del gobernador Jorge Capitanich.

En declaraciones radiales, Goya fue más allá en su diagnóstico y afirmó que los indigentes que van a buscar comida en los contenedores "se sienten cómodos" en esas circunstancias. "Parece terrorífico, pero nos toca muchísimo. Muchas de las personas tienen serias perturbaciones mentales. El Estado tampoco los puede retener salvo para dar contención humana. Son personas libres", sostuvo.

Chaco es una de las provincias más castigadas por la pobreza estructural. Al igual que ocurre con los datos nacionales, el acceso a la información sobre la población vulnerable resulta prácticamente imposible, ya que los índices de pobreza e indigencia dejaron de publicarse en 2012. Asimismo, las cifras de desempleo están distorsionadas por el trabajo no registrado y los planes sociales, que suelen tomarse como dato de actividad laboral.

Pese a las dificultades en el el diagnóstico que fueron autoinfligidas, en el oficialismo provincial son optimistas. "Ayer hablaba sobre esto con un amigo. Cuando éramos pibes en Resistencia, teníamos en cada esquina un grupo de indigentes y personas en situación de calle. Hoy no llegan a doscientas las personas con situaciones familiares muy bien determinadas y que no podemos sacarlas de la calle", sostuvo Goya.

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