Marcelo Bermúdez volvió a referirse a los incidentes que protagonizó durante el fin de semana como integrante de la Asociación de Profesionales, cuando se enfrentaron con comunidades mapuches que impiden el ingreso al istmo de Mari Menuco: "Cuando el Estado se borra de esta situación conflictiva se generan estos episodios".
Debe recordarse lo ya publicado por Urgente24: el dictámen de la Comisión por los Derechos Indígenas elaborado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal acerca de la incorporación de la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil de Cristina Fernández de Kirchner.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal explicó en aquella ocasión:
"(...) Este proyecto de reforma, propone incorporar la propiedad comunitaria indígena al texto del Código Civil, bajo la forma de un nuevo derecho real (arts. 2028 a 2036 del proyecto) y la personería jurídica de las comunidades indígenas como personas de derecho privado (art. 148 inc. h). Son múltiples y variadas las razones que desaconsejan la incorporación del derecho a la propiedad comunitaria indígena en el Código Civil. (...)
En varios de estos fallos, se mencionaron las conclusiones de las Jornadas de Derecho Civil en las que se entendió que la posesión y propiedad de comunitaria indígena es completamente ajena al Código Civil: "(...) resulta objetable, atento a la jerarquía que el poder constituyente le ha atribuido a las comunidades indígenas y a su propiedad, con un evidente propósito de reparación histórica, la pertinencia de que, desde la grada inferior del derecho privado, en un mismo rango con los derechos reales esencialmente privatísticos, con la pretensión de una mayor garantía, se intente una tipificación distinta que, en definitiva, podría conspirar contra los objetivos perseguidos" (ponencia conjunta de Jorge Alterini, Pablo Corna y Alejandra Vázquez) (...)".
En la doctrina argentina también Quiroga Lavié destaca que las tierras indígenas se encuentran absolutamente fuera del comercio (tanto privado como público) y que, por esa razón, no pueden ser expropiadas por el Estado ni sujetas a prescripción adquisitiva. En tal sentido, remarca que "(...) implica una profunda modificación de los tradicionales regímenes establecidos en el Código Civil (...). En su texto Constitución Argentina Comentada, este autor sostiene que como la propiedad indígena está fuera del comercio, no puede ser enajenada ni transmitida y se debe aplicar entonces el régimen sobre el dominio público, establecido por el derecho administrativo y que esto debe ser entendido así aunque las tierras sean provinciales.
(...) la incorporación de la propiedad comunitaria en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a múltiples inconstitucionalidades tanto por acción como por omisión. Por acción, por ejemplo, al reconocer a los pueblos indígenas como personas jurídicas de naturaleza privada (art. 148 H) pues contradice abiertamente su consagración constitucional como nuevos sujetos colectivos que preexisten al Estado argentino y que implica un reconocimiento legal de carácter declarativo y no constitutivo de derechos, o al hacer depender el derecho a la propiedad comunitaria de la inscripción previa de la comunidad en un registro. Por omisión, porque no incorpora los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, desarrollados por los órganos de aplicación e interpretación de los tratados previstos en el art. 75 inc. 22 que, de acuerdo a una conteste jurisprudencia de nuestro máximo tribunal son obligatorios para el Estado argentino. (...)".
Las organizaciones mapuches protestan desde 2013 acerca de todo este asunto de tierras. Según escribió Felipe Gutiérrez en Informativo Mapuexpress, de inmediato el Consejo Plurinacional de los Pueblos Indígenas, de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO) comenzaron a reclamar tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no fueron escuchados.
Ahora hay consecuencias.
En declaraciones a LU5, Bermúdez explicó que la provincia otorgó terrenos a la Asociación de Profesionales de Neuquén, que a su vez fueron adquiridas por unas 7.000 personas. "Yo soy uno de los que está abonando una cuota para un terreno en esa zona y no se nos permite el ingreso para conocer y disfrutar de lo que estámos pagando", afirmó.
En declaraciones a LMNeuquén Gabriel Cherqui, el werken de la comunidad Kaxipayiñ, sostuvo que “nos insultaron y quisieron romper la barrera” y denunció a Bermúdez como uno de los impulsores de la manifestación.
Los integrantes del lof Kaxipayiñ mantienen bloqueado desde hace 4 meses el ingreso al Yacht Club Neuquén y aseguran que esos terrenos donde se pretenden llevar a cabo los proyectos turísticos e inmobiliarios son de ellos y que no se realizó una consulta previa.
