En 2013 Monsanto compró la empresa por una suma récord de US$ 930 millones. Un año antes, en 2012, Monsanto había adquirido Precision Planting, un fabricante de sembradoras, por US$ 250 millones. En consecuencia, los agricultores recibieron la posibilidad de analizar muestras del suelo de sus campos y cargar los resultados en un sistema común que programa las sembradoras para que puedan sembrar diferentes tipos de híbridos a diferentes profundidades y con distinta frecuencia en función de las características del suelo de cada parcela y de los pronósticos climáticos.
Tras llevar a cabo una serie de pruebas en campos de agricultores que se prestaron como voluntarios, Monsanto empezó a anunciar FieldScripts como un software que permite aumentar la cosecha de maíz en aproximadamente un 5% en dos años, algo que ningún otro método puede conseguir. Más concretamente, experimentos realizados en Iowa y otros tres estados productores de maíz permitieron a los granjeros locales incrementar considerablemente la cantidad de maíz cosechado en cada acre. Según calcula la cadena USA Today, la ganancia extra era de hasta US$ 50 por acre (US$ 150.000 por un campo de 3.000 acres).
Sin embargo, a pesar de los optimistas pronósticos, la comunidad agricultora ha recibido la innovación con cierto escepticismo. Las dudas se deben a los temores que suscita el uso que se podrá hacer de los datos una vez se hayan introducido en el sistema. "Nos preocupa quién podrá acceder a los datos y qué podrá hacer con ellos", comentó a la cadena Scott VanderWal, presidente del Buró de Agricultores de Dakota del Sur, un estado que a veces también se incluye en el 'cinturón del maíz' de EE.UU.
El mayor temor de los granjeros es que las empresas que dispongan de datos altamente sensibles sobre sus cosechas podrán utilizarlos para especular con los precios de maíz, en detrimento de los agricultores. O fijar precios para semillas y fertilizantes, ya que podrán predecir la futura demanda con una gran exactitud. Otra preocupación es que los secretos comerciales podrían filtrarse y acabar en las manos de agricultores rivales.
Monsanto y Malvinas Argentinas
Los últimos análisis practicados por la Universidad de Buenos Aires entre vecinos del municipio de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, confirmaron la presencia de agroquímicos en sangre. El resultado de los estudios apareció en medio del conflicto desatado por la instalación de la planta acondicionadora de semillas transgénicas de la empresa Monsanto Argentina en aquella localidad.
Por ello la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó a las autoridades sanitarias del país que se preste especial atención al registro y seguimiento de todas aquellas patologías que estén relacionadas con riesgos ambientales en el municipio de Malvinas Argentinas, alcanzando a los riesgos que generan tanto las actividades productivas presentes de Monsanto como las proyectadas para esa zona.
Los vecinos cordobeses han visto confirmado lo que tanto temían. A esto se suma el impacto en su salud que seguramente agravará la planta proyectada, una de las más grandes del mundo, con capacidad para acondicionar semillas suficientes como para sembrar tres millones y medio de hectáreas (3,5 millones ha).
Monsanto está presente en nuestro país desde hace más de 50 años y en 1996 introdujo el gen de la soja resistente al glifosato. Si bien las autoridades apoyan su instalación –vetada por el Juzgado de Conciliación de 4ª Nominación de Córdoba— en la idea de que llevará empleo y progreso a la región, los vecinos de Malvinas Argentinas, ubicados a 14 kilómetros de la capital cordobesa, llevan dos años oponiéndose a este modelo agroindustrial basado en agroquímicos y semillas transgénicas.
Pese al reclamo no han conseguido que se realice la evaluación del impacto ambiental que marca la ley, paso previo a cualquier autorización definitiva. Ni el intendente ni el gobernador provincial han accedido a su pedido y no se ha preservado el derecho a la información de todos los ciudadanos ni celebrado la una audiencia pública para evaluar los riesgos y consecuencias que traería el funcionamiento de la planta de Monsanto.
Es por eso que la Defensoría, además, insistió sobre la necesidad de contar con una evaluación sistemática del estado de salud de la población de Malvinas Argentinas, lo cual implicaría establecer una línea de base de la salud de la población desde la cual proceder a las verificaciones y controles en la etapa de plena producción. Para esto también recomendamos configurar un sistema de información epidemiológica adecuado que permita determinar la prevalencia de enfermedades.
