"El Gobierno argentino lamenta que el Gobierno uruguayo, a pesar de los requerimientos formulados a diferentes niveles y hasta muy recientemente, haya adoptado esta medida", dice el escrito.
Y asegura que dicha "interrupción" constituye "una nueva violación por parte del Uruguay de sus obligaciones que emanan del Estatuto del Río Uruguay y que la Corte Internacional de Justicia tuvo oportunidad de precisar en su fallo del 20 de abril de 2010".
"Dicha autorización se inscribe también en la constatación del incumplimiento por parte de la planta de UPM (ex Botnia) de los standards establecidos pertinentemente y que se verán agravados si la autorización de aumentar la producción se implementara", agrega.
La nota señala que el Gobierno "reclama que, de inmediato, el Gobierno uruguayo deje sin efecto" la autorización de su ministerio de Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que "produzca la información complementaria pendiente, solicitada reiteradamente por la Delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y se atenga al procedimiento de información y consulta previas previsto en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay".
Y finaliza: "De no proceder así el Uruguay, la Argentina considerará que la controversia que ha surgido no puede resolverse por la vía de negociaciones y se verá obligada a poner en marcha el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia previsto en el artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay".
