"Hay un espíritu común en todos los firmantes que tiene que ver con la necesidad de ponerle fin a una forma de ejercer el poder", de terminar con “una forma de hacer justicia”, afirmó De Luca en aquella ocasión. Y agregó: "Estamos un poco hastiados de que solamente se vea una forma de administración de justicia” porque “somos muchísimos magistrados y funcionarios que pensamos que la justicia tiene que ser más abierta y tiene resolver los problemas de la gente de carne y hueso y no estar viendo lo que se resuelve de acuerdo a los tiempos políticos que vive el país”.
Pero esperó a junio para renunciar a la Asociación de Magistrados.
"Esas acciones consisten en enfrentar a unos socios contra los otros, en lugar de trabajar para concebir la AMyFJN como un espacio de contención, de encuentro y de discusión, que acoja a todos los sectores con ideologías diferentes. La conducción se mueve como si la Asociación fuera un nuevo partido político, el judicial, cuya única idea visible es la defensa ciega de determinados colegas y de privilegios insostenibles en una democracia del 2013", afirmó ahora De Luca.
En su nota de renuncia, publicada por el diario paragubernamental Página/12, el funcionario advirtió que algunos sectores judiciales "en nombre de la representación que ostentan, aceptan o denuestan políticas de Estado (no del gobierno de turno) al que en realidad debemos servir, como si los jueces tuviesen algún tipo de competencia en la sanción y promulgación de la leyes que son el producto de la soberanía popular".
"Todas las expresiones de esta conducción siempre se reducen al mismo patrón, la defensa de los intereses de quienes pertenecen al círculo áulico de su dirección, sin reparar en que muchos de los socios piensan distinto y que se sienten ofendidos por los comunicados y acciones emprendidas", se quejó De Luca.
Agregó que "o existe ningún interés de la Asociación en juego" como para presentar amparos contra la reforma judicial.
"Las acciones serán interpuestas en defensa exclusiva del interés personal de algunos jueces que consideran que las leyes cuya inconstitucionalidad predican les producirán (vaya uno a saber cuándo y cómo) un perjuicio personal o profesional", indicó.
El fiscal consideró que las acciones que viene llevando a cabo la Asociación "son incompatibles con mis ideales republicanos y democráticos".
