La demanda, presentada en un tribunal federal de Los Ángeles (California), acusa a la agencia de ignorar los riesgos con el fin de ampliar su volumen de negocio con los bancos.
"Esta supuesta conducta es indignante, y está en el centro de la crisis financiera (de 2008)", indicó Holder.
El Departamento de Justicia reclama una indemnización por las "potenciales pérdidas" derivadas de los seguros con fondos federales a las instituciones financieras que ha estimado en US$ 5.000 millones, "en una valoración conservadora que puede cambiar a medida que evolucione el proceso judicial", explicó el fiscal general adjunto Tony West.
"Documentos internos de S&P demuestran que (la agencia) manipuló y cambió sus modelos de calificación para ajustarse a las necesidades de negocio de la compañía", afirmó West.
Desde el estallido de la burbuja financiera en USA, varias agencias y organismos federales han investigado la actuación de las agencias de calificación para tratar de dilucidar si violaron la ley o fallaron a la hora de predecir la crisis inmobiliaria.
West evitó hablar de posibles futuras demandas contra otras compañías, como Fitch o Moody's, que hicieron trabajos similares. S&P informó el lunes de que una demanda contra ella "carecería de pruebas legales o fácticas".
Una demanda "ignoraría los hechos fundamentales de que S&P revisó los mismos datos de las hipotecas de alto riesgo al igual que el resto del mercado -incluidos los funcionarios gubernamentales que en 2007 indicaron que los problemas de estas hipotecas parecían estar contenidos", agregó la agencia en un comunicado.
McGraw-Hill, propietaria de Standard & Poor's, retrocedió en la Bolsa de New York, 5,47%.
En la documentación entregada por el Departamento de Justicia, se señala que “S&P sabía que si esos activos de deuda no tenían una calificación lo suficientemente alta, la mayoría de las instituciones financieras no habrían invertido en ellos”. Y le acusa de engañar a los inversores al decir que la nota era objetiva, independiente y sin conflictos de intereses. Todo eso era falso, según el fiscal general Eric Holder.
[ pagebreak ]
La demanda cubre el periodo que va desde septiembre del año 2004 a octubre de 2007, que coincide con la fuerte apreciación del mercado inmobiliario en Estados Unidos hasta que empezaron a hacerse evidentes los primeros síntomas de la crisis. La Administración de Barack Obama insiste en que todo era falso y que, tras esa calificación desorbitada, estaba el deseo de la filial de McGraw-Hill de “elevar los ingresos y su cuota” en el mercado de la deuda hipotecaria.
Holder explicó en rueda de prensa que esa ansia por crecer “le llevó a rebajar y obviar el verdadero alcance del riesgo de esos activos, para así favorecer los intereses de los grandes bancos de inversión y otras firmas metidas en el negocio”. Por eso concluyó que hubo una “intención de defraudar, engañar y participar en una trama fraudulenta” por parte de la agencia de calificación.
S&P calificó activos hipotecarios por valor de casi US$ 4 billones durante esos 3 años. Los abogados de la firma neoyorquina insisten en que se puede cuestionar cómo se hizo el proceso de calificación, pero quieren ver las pruebas que tiene el Gobierno para acusarle ahora de fraude. Es más, recuerda que su análisis de la época coincidió con el de otras firmas y con el de la propia Reserva Federal y del Tesoro, que tampoco vieron venir la gravedad de la crisis.
Si hay juicio, el proceso puede durar años, por lo que no se descarta un arreglo extrajudicial. Por ahora, esa vía ha fracasado porque el Departamento de Justicia quería una indemnización de más de US$ 1.000 millones, y S&P solo estaba dispuesta a admitir una mucho menor.
De momento, Holder califica la acción legal contra S&P como un “importante paso adelante” para perseguir y castigar las conductas abusivas que llevaron a la crisis financiera. La investigación de su departamento, precisó, comenzó en 2009, al poco de llegar Obama a la Casa Blanca. Además, se apresuró en negar cualquier intención política en la maniobra contra la agencia. En este sentido, el fiscal dejó claro que no hay “conexión alguna” entre la demanda contra la filial de McGraw-Hill y el recorte que asestó en el verano de 2011 a la nota que aplicaba a la deuda soberana de USA.
S&P es la única entre las grandes agencias que le privó de la triple A. Moody’s, sobre la que también se cuestionó su conducta en el pasado, no es objeto de la última acción legal emprendida por la Administración Obama.
El ataque se ejecuta por la vía civil, porque para exigir un castigo por la vía criminal debía contar con pruebas sólidas de que hubo intención de cometer un fraude. Holder se limitó a hablar ante la prensa de “conflictos de interés significativos” y señaló que los ejecutivos de S&P ignoraron las alertas. Las agencias se han defendido anteriormente de demandas alegando que solo manifestaban opiniones independientes en uso de su libertad de expresión, garantizada por la Constitución. Pero los tribunales han empezado a cuestionar ese argumento.
A la espera de ver cómo progresa el caso, de momento McGraw-Hill está sufriendo un serio castigo en Wall Street. Sus acciones volvieron a caer un 5% este martes, tras perder un 13,8% el lunes. Y aunque Moody’s parece de momento librarse de la reprimenda legal, la palabra fraude revoloteando sobre su rival le comió un 11% de su capitalización bursátil en dos días.
“Ponemos nota a cualquier cosa. Puede estar estructurado hasta por vacas y lo calificaremos igualmente”. La frase está tomada de uno de los mensajes electrónicos que se intercambiaban analistas de Standard & Poor’s y que ahora forman parte de la batería de pruebas presentada por el Departamento de Justicia en un tribunal de Los Ángeles para apoyar su demanda contra la poderosa agencia.
[ pagebreak ]
Es una versión del coche sin frenos que se vende como seguro, que utilizó Phil Angelides para representar la sucesión de excesos que llevaron a la crisis financiera. La comisión de investigación que presidió hace tres años ya puso en evidencia las prácticas seguidas por las grandes agencias crediticias que valoran el riesgo y señaló que había claramente un conflicto de interés en su actuación.
Ese mismo panel ya calificó a S&P y sus rivales como uno de los “dientes del engranaje de la destrucción financiera”. Eso fue en enero de 2011, cuando publicó sus conclusiones. La historia que cuenta por tanto la demanda es conocida por el público. Ahora, este tipo de mensajes pretenden demostrar que realmente hubo una conducta irregular que debe ser sancionada.
La línea de ataque es poner en evidencia en estas 119 páginas que la compañía ignoró sus propios análisis internos sobre el estado del mercado hipotecario y actúo sabiendo que algo iba mal. En otro mensaje se hace referencia a la presión que recibían los empleados de sus jefes para no recortar la nota de los activos antes de tiempo, por el temor de que sus clientes se fueran a Moody’s o a Fitch, las otras dos grandes agencias.
Era conocido antes de la crisis que S&P era más conservadora que sus rivales a la hora de poner nota a este tipo de activos. De hecho, las investigaciones posteriores a la crisis ponen de relieve que Moody’s se regía por estándares más bajos al proceder a la calificación del riesgo. En esos mensajes que maneja Justicia, se ve el temor de que esa diferencia pueda dañar su balance.
Por eso llama la atención que la Administración de Barack Obama no actúe ahora contra Moody’s, que en anteriores investigaciones fue calificada como un caso de estudio para ilustrar los “fallos abismales” sin los cuales la crisis no habría ocurrido. S&P manifiesta en su defensa que la demanda no se justifica y señala que mensajes como el de la “vaca” están sacados de contexto.
