Toda la atención en la Corte Suprema de Justicia

Hartazgo, presiones y temor al juicio político son las causas, según el diagnóstico de las principales agrupaciones de jueces. En lo que va de este año ya se fueron 39 magistrados.
Es el índice de deserción más alto desde el advenimiento de la democracia.
Con Eduardo Duhalde renunciaron 16 jueces.
Con Fernando de la Rúa, 48.
Con Carlos Menem, 46 en el 1er. mandato 102 en el 2do. mandato.
Con Raúl Alfonsín, 110.
La Federación Argentina de la Magistratura advierte que 145 tribunales están acéfalos, de acuerdo con la información publicada por el Consejo de la Magistratura.
En este contexto ocurre la decisión del Ejecutivo de acatar parcialmente una decisión de la Corte Suprema de compensar y reajustar a los jubilados que no pertenecen a las categorías mínimas.
Las expectativas son que la Corte le ordene al Ejecutivo subir entre 7 y 8 puntos porcentuales más.
Pero, ¿qué hay con el mecanismo de movilidad de los haberes previsionales resuelto por el Ejecutivo, que consiste en un incremento anual –como piso– expresado en la Ley de Presupuesto?
La expectativa del Gobierno es que la Corte lo aceptará. ¿Será así?
De acuerdo con la argumentación del fallo Badaro, los aumentos de jubilaciones deben guardar relación con la evolución de los sueldos de los activos. Sobre esto último, el Gobierno afirma que está en regla con los jubilados que ganan menos de $ 1.000 y admite que podría verse obligado a aplicar un nuevo ajuste en los haberes de quienes cruzan esa frontera.
El Gobierno está convencido de que la Corte aceptará su criterio de movilidad, de un aumento anual incluido en el Presupuesto. Esa propuesta tiene un anclaje legal, aún vigente, que es la Ley de Solidaridad Previsional promovida por Domingo Cavallo en 1995, pero ningún gobierno hasta la fecha lo cumplió.
¿Qué pasaría si la Corte se ubica a la cabeza del Poder Judicial y ubica algunas cuestiones en claro acerca de la igualdad de poderes republicanos?
Miguel Angel Caminos, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, cree que hay un innegable descontento en el Poder Judicial.
"Las exigencias sociales son cada vez mayores y la capacidad de respuesta está mermada por la falta de infraestructura, medios, recursos humanos. Esto produce cansancio y desaliento", sostuvo Caminos. 
Para Abel Fleming, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), existe presión política "por omisión". "No cubrir las vacantes o no darle fondos a la Justicia, como pasa con los gobiernos de muchas provincias, es una forma de paralizar los poderes judiciales", denunció.
Un estudio del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la Universidad Di Tella, sólo el 1% de la gente percibe a la Justicia como "muy confiable".
¿Podrá hacer algo la Corte para que la sociedad vuelva a creer en el Poder Judicial o acatará lo que hay, que es más de lo mismo?