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Cargan contra el ejecutivo de la minera Alumbrera Limitada

El fiscal federal general Antonio Gómez volvió a arremeter contra el presidente de la empresa Minera Alumbrera Limitada, Julián Rooney, por presunta contaminación. La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales, mientras que pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por un derrame tóxico del mineraloducuto. Organizaciones sociales de Tafí del Valle, en Tucumán, advierten sobre contaminación del aire, radiaciones del electroducto e invasión de cementerios indígenas. Son sólo cinco de las decenas de acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera, impulsadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.
28 de agosto de 2006 - 00:00

Ahora, es el fiscal federal general Antonio Gómez quién volvió a arremeter contra el presidente de la empresa Minera Alumbrera Limitada, Julián Rooneyes. Según informa el Diario de Catamarca, Gómez insistió en que el Ejecutivo debe ser procesado por la posible contaminación (con cromo y cobre, entre otros elementos químicos) de las aguas del canal artificial (DP2), ubicado en Cruz Alta y que desemboca en el dique El Frontal, en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. .
Basándose en un informe de Juan González (doctor en Ciencias Biológicas), el funcionario denuncia la supuesta presencia de estroncio, un material que puede presentar una carga radiactiva. Pero la minera tiene antecedentes de denuncias: El fiscal de Tucumán Antonio Estofán denunció a la empresa por contaminación. El juez federal de Santiago del Estero Felipe Terán investiga una denuncia de presencia de cobre y plomo en el norte provincial y una posible contaminación de llegaría hasta las turísticas Termas de Río Hondo. La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por un derrame tóxico del mineraloducuto, y organizaciones sociales de Tafí del Valle, en Tucumán, advierten sobre contaminación del aire, radiaciones del electroducto e invasión de cementerios indígenas. Son sólo cinco de las decenas de acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera, impulsadas por una gran diversidad de sectores, localidades y provincias.
González, en 1997, tres meses antes de que comenzara la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera (Catamarca), en la sección de Carta de Lectores de LA GACETA de Tucumán , publicó una misiva en la que ya formulaba algunas advertencias. En ella se refería a la posibilidad de que hubiera metales pesados (son potencialmente contaminantes, como el arsénico) en los afluentes que, por medio del DP2, la empresa iba a volcar al Frontal.
Pero no es el único: Los  vecinos autoconvocados exigen desde hace años estudios independientes de tierra y agua. Pero las únicas respuestas que obtienen son análisis a cargo de la misma empresa o esporádicos y selectivos relevamientos de la provincia. "Alumbrera le significa al gobierno provincial el 70 por ciento de los ingresos fiscales. Conociendo a nuestra clase dirigente ¿usted cree que denunciarán a sus sostenedores económicos", advierte Omar Ramos, vecino de lugara un medio zonal.
Los vecinos denuncian que la empresa selecciona las muestras, las lleva ella misma al laboratorio y le informa a los órganos de control cuáles fueron los resultados.
La idea de la  Minera Alumbrera nació en 1994, cuando el gobierno de Ramón Ortega estaba obsesionado con la idea de que Catamarca no se llevara todos los beneficios de la explotación de la mina de cobre y oro.
Por ello, la Legislatura, por petición del entonces parlamentario peronista Sergio Díaz Ricci (hoy vocal del Tribunal de Cuentas), celebró una sesión especial para ocuparse sólo del emprendimiento, que empezaría a funcionar en 1997.
El 27 de diciembre de 1994, la Legislatura (con el voto favorable de 32 de los 40 legisladores) eximió a la compañía de pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones especiales, provinciales y comunales, creadas o por crearse, derivados de actos, contratos y operaciones relacionados con el mineralducto, el electroducto y la planta de filtrado ubicada en Ranchillos.
El 13 de julio de 1995, la Cámara limitó los beneficios impositivos a un período de cinco años, contados desde la promulgación de la ley (lo hizo Ortega el mismo año bajo el número 6.653), y los condicionó al hecho de que la empresa absorbiera mano de obra tucumana. En 1994, la provincia había declarado al proyecto minero de interés público; y en 1996, el presidente Carlos Menem lo hizo en el orden nacional.
La primera luz de alarma vino de afuera, en 1997, cuando una comisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) visitó la provincia.
"Así y sin que la provincia contara con vivencias necesarias, durante la presente década se posibilitó la explotación a gran escala de la riqueza minera de la región. Los protagonistas de estos emprendimientos son capitales y compañías multinacionales, cuyo alcance financiero y operativo plantea problemas cuantitativos y cualitativos inéditos a las autoridades provinciales y municipales, como a las comunidades", advirtió la Unesco.
Precisamente, el presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Legislatura, Alejandro Sangenis, pretende llevar a la ONU el caso del eventual daño ambiental causado por la empresa en los Valles Calchaquíes, por la instalación del electroducto (un tendido de 300 kilómetros que transporta energía eléctrica en 500.000 voltios y que conecta a la estación de El Bracho con el yacimiento que explota la empresa minera).
En setiembre de 2004, el gobernador José Alperovich denunció que la empresa estaba acostumbrada a manejar al Poder Ejecutivo, como si fuera la dueña de la provincia. "En Catamarca hizo un buraco (sic); en los Valles no hay más pájaros. Hizo un desastre", aseveró y amenazó con demandar a la compañía.
La compañía, que no admite haber contaminado, ofreció al Gobierno $ 22 millones en concepto de aporte por responsabilidad social empresaria, informa el medio la Gaceta.
Ahora, por separado, la Justicia Federal investiga la posible contaminación del canal artificial (DP2), cuyas aguas (desembocan en el dique Frontal) habrían sido contaminadas (con cobre y cromo) por efluentes de la compañía. Por medio del mineralducto (de 220 kilómetros), el concentrado de mineral procedente de Bajo La Alumbrera desemboca en la planta de Ranchillos. De esta se extrae el agua -que se vuelca al DP2- y el mineral viaja en tren a los puertos de Rosario, Santa Fe.

El fiscal Gómez insistió: "El valor reportado es de 2,30 miligramos por litro. Si se analiza la carga contaminante se llega a una cifra de 1.370 kilogramos de estroncio por año, razón por la que sugiere (González) realizar las consultas necesarias a la Comisión de Energía Atómica".
El funcionario judicial amplió la prueba ofrecida por el recurso de apelación que dedujo ante la Cámara Federal de Apelaciones en el afán de que sea revocado el fallo del juez federal Felipe Terán. Este, que actualmente afronta un proceso de destitución, sobreseyó al ejecutivo.
Gómez advirtió sobre otros posibles excedentes. "Los valores informados por Minera Alumbrera sobre cobre significan que aquel se excedió en 69 veces al de la tabla 2 (T2). Sobre cianuro, la firma no informa, pero Gendarmería Nacional, en marzo de 2004, detectó su presencia por un valor de 0,0008 miligramos por litro (mg/l)". "En el análisis de agosto de 2004 sobre cadmio, el valor encontrado por el Siprosa (0,02 mg/l) supera en 100 veces a los de la T2; y en cuanto al cromo total, el valor informado por el Siprosa (0,03 mg/l) excede 150 veces lo establecido en la T2", dijo.
Dede la empresa, el titular Julián Rooney, respondió ante las sucesivas acusaciones: "No existe contaminación de ninguna índole. El importante trabajo desplegado y las conclusiones del monitoreo ambiental han servido para que la industria pueda demostrar su apego al cumplimiento de las normas ambientales".

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