La filtración apareció, además, mientras Uhrig estaba envuelta en controversia con Sebastián "Bambi" Bello, también ex GH, que denunció que había puesto a su nombre un Mercedes-Benz que era para uso de ella. El acuerdo habría sido temporal, pero el trámite nunca se completó y el auto ya acumula más de 1 millón de pesos en multas que figuran a nombre de él.
Cabe aclarar que el joven, que tiene hipoacusia y cuenta con su propio CUD, también denunció el presunto uso de ese beneficio para cuestiones vinculadas con el vehículo y el TelePASE.
En un audio difundido en televisión, Uhrig explicó que no podía afrontar el trámite y le propuso que le prestara el dinero. "No es que puedo cambiar el auto a mi nombre, tengo que tener casi 5 millones de pesos, si vos tenés para prestármelos y después te los devuelvo, lo hago", afirmó.
Como dato de color, la exdiputada kirchnerista también está siendo investigada por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, causas en las que aparece vinculada con Festa. Sobre esto, el juicio oral está previsto para el 17 de noviembre de 2026. Esto no demuestra que el certificado filtrado sea irregular, pero explica por qué cada nueva información que trasciende sobre sus bienes y documentación despierta tantas preguntas.
Romina Uhrig salió a defenderse, pero... ¿alcanza?
Uhrig decidió responder a través de sus historias de Instagram mostrando un comprobante de una billetera digital por $994,15, correspondiente a un peaje de Ituzaingó, sobre el Acceso Oeste. Junto a la imagen, escribió: "Les dejo un comprobante de pago de peaje para que vean que no utilizo ningún certificado de discapacidad para evitarlos, ni tampoco para estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad".
Después compartió una imagen de su visa y agregó: "Si estuviera procesada, no me la entregarían. Dejen de inventar y difundir mentiras sobre mí".
Uhrig mostró un comprobante de peaje y su visa para defenderse, a pesar de que ninguno de los elementos responde a las acusaciones. Foto: Instagram
El problema para Romina es que ninguno de esos dos elementos responde a las preguntas centrales. Un comprobante no establece qué ocurrió en otros viajes ni aclara por qué existe un certificado a su nombre (así como tampoco demuestra que haya utilizado ese documento de manera irregular).
Con la visa pasa algo parecido. Uhrig confunde que recibir una visa prueba que una persona carece de causas judiciales, lo cual no es así, cada situación depende de su estado procesal y de las restricciones que eventualmente haya dispuesto un juez.
Incluso desde el Gobierno nacional, Santiago Caputo decidió meterse en la polémica y sostuvo (sin cifras que lo respalden) que alrededor del 60% de las pensiones por invalidez serían irregulares. Sí existen auditorías que detectaron irregularidades en el sistema, pero los porcentajes de casos revisados con dictamen desfavorable no equivalen automáticamente a fraude (puede que simplemente no se cumplen los requisitos).
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