"Es una situación tragicómica", dice el impulsor del proyecto de ley, refiriéndose a la contradicción del sistema ucraniano: las autoridades fiscales comenzaron a reclamar impuestos a personas que obtenían ingresos mediante OnlyFans, pero declarar esos ingresos podía servir como evidencia de que estaban produciendo pornografía, una actividad penalizada en Ucrania.
Zhelezniak sostiene que las personas quedan atrapadas entre no pagar impuestos y enfrentar cargos por evasión, o pagar y exponerse a cargos por producción ilegal de pornografía. Es el argumento central que utiliza para impulsar la legalización.
"Es un delito sin víctimas", asegura, del mismo modo, Lesia Mykhalenko, una abogada tributaria que ha representado a más de 100 modelos de OnlyFans. Su argumento es que perseguir penalmente a quienes producen contenido para adultos consume recursos del sistema judicial y policial en un momento en que Ucrania está en guerra, mientras se trata de una actividad entre adultos que podría generar ingresos fiscales. Por eso considera que mantenerla como delito es un uso innecesario del aparato judicial.
"Tenían una lista de modelos de cámaras web y conocían todas sus direcciones", afirma también la pornostar Svitlana Dvornikova. Es una de las creadoras investigadas. El WSJ cuenta que una mañana, mientras preparaba a su hija para ir a la escuela, la policía llegó a su casa, realizó un allanamiento y la acusó de producir pornografía con fines comerciales.
Los agentes se llevaron una computadora portátil, memorias USB y unos US$200.000 en efectivo que ella afirma que había reservado para pagar impuestos. Dvornikova dice que los policías incluso le ofrecieron quedarse con la mitad del dinero si entregaba la otra mitad como soborno. Ella rechazó la propuesta.
"No quiero que mi país tenga que pedir apoyo y armas a otros países...", expone Iryna Mosiychuk, que dirige en Leópolis una empresa que formalmente se presenta como consultora, pero que en realidad alberga estudios de cámaras web utilizados por varias decenas de modelos.
Mosiychuk explica que actualmente paga unos US$5.000 mensuales en impuestos, pero considera que podría multiplicar esa contribución si pudiera expandir legalmente su negocio. Su argumento es que, en lugar de perseguir la actividad, Ucrania debería permitir que crezca y recaudar una mayor cantidad de impuestos para financiar sus propias necesidades, sin depender del apoyo en materia de armamento de la OTAN y Estados Unidos.
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