Aunque ahora la denuncia llega al periodista y dueño de The Intercept Brasil por supuestamente ser parte de una "organización criminal" de hackers que accedió a los mensajes de Telegram de los miembros de la Justicia, sin restricciones. Aunque claro, en medio se encuentra el límite y la dicotomía siempre problemática entre que se considera libertad de prensa y que violación a la privacidad.
Es así que muchos ven la denuncia reciente como otra batalla más del presidente Bolsonaro contra la prensa, mientras otros aseguran que lo que hizo Greenwald no es nada más y nada menos que un crimen. Tengamos en cuenta que cuando el periodista fue cuestionado en cuanto a cómo accedió a los mensajes privados, el mismo aseguró que fue una fuente la que se los facilitó pero que por supuesto nunca identificó.
Por supuesto que desde la publicación condenaron el accionar de la justicia brasileña. "Estamos horrorizados de que el Ministerio Público de Brasil haya decidido presentar un cargo tan descaradamente motivado políticamente contra Greenwald, en aparente represalia por los informes críticos de The Intercept", explicó una editorial de The Intercept publicada este mismo lunes.
“El gobierno de Bolsonaro ha dejado en claro reiteradamente que no cree en las libertades de prensa básicas. El anuncio de hoy de que se ha presentado una denuncia penal contra el editor co fundador de Intercept, Glenn Greenwald, es el último ejemplo de periodistas que enfrentan serias amenazas en Brasil", concluyó la revista en su declaración, dejando en claro y recalcando que todo es parte de una misma cosa: la guerra que Bolsonaro comenzó contra la prensa siguiendo los pasos de su gurú nortemaericano, Donald Trump.
Greenwald es un inmigrante y periodista ganador de un premio Pullitzer por su trabajo sobre las revelaciones de Edward Snowden, quien se casó y formó una familia en Brasil, pero que desde que comenzó el gobierno de Bolsonaro está esquivando balas. Una de ellas fue cuando Sergio Moro, publicó en el Diario Oficial de la Unión una medida que planteaba la deportación sumaria o cancelación del plazo de estadía para los extranjeros que ejecuten actos contrarios a la Constitución, en el que incluía a Greenwald. Si bien nunca se ejecutó, fue una prueba más de los planes del presidente.
