Las FARC, el terror en el territorio y el caso "Chalá"
Esa misma certeza de impunidad y poder que denuncia Lainez en el plano institucional es la que ejercía de forma violenta alias "Chalá" en el municipio de Briceño, Antioquia. El informe de Semana detalla cómo este cabecilla de las disidencias de las FARC no solo estremeció a Colombia con la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez el pasado 7 de mayo, sino que mantenía bajo un régimen de terror a toda la población civil, publicó Semana.
A través de amedrentamientos por WhatsApp y amenazas directas de bombardeos con drones con explosivos, este criminal encarnaba el perfil de los victimarios a los que hace referencia la presidenta de la FIP: actores violentos que controlan las economías ilegales de los territorios y ven en la prensa independiente un enemigo directo al que hay que eliminar.
A diferencia de la parálisis judicial que afecta a los casos peruanos, la presión mediática y una millonaria recompensa de 300 millones de pesos permitieron a la Policía colombiana interceptar a "Chalá" en Tolima mientras intentaba escapar para asumir el control de otra estructura armada en Huila.
Periodismo: Un oficio bajo fuego en el interior de América Latina
Al cruzar ambos escenarios, se vuelve evidente que el periodismo regional comparte los mismos riesgos, hable el idioma que hable o habite el país que habite. Los contextos locales cambian, pero la matriz del problema es idéntica: la periferia es una zona de descarte para la seguridad de los comunicadores.
Tanto las reflexiones políticas de Lainez como la caída de "Chalá" demuestran que, frente a un ecosistema de medios nacionales concentrados en los grandes centros urbanos, son los periodistas locales —aquellos que cubren la corrupción municipal, el avance del narcotráfico y el desamparo social— quienes pagan con su vida el costo de la verdad.
La detención de un autor material en Colombia es un paso necesario, pero la desprotección estructural y la falta de condenas firmes a los autores intelectuales siguen dándole la razón a la advertencia gremial: mientras el Estado no garantice justicia plena, silenciar a la prensa seguirá saliendo gratis.
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