El propio ex jefe de Estado no ocultó sus métodos; en 2016, dijo: “Si Alemania tuvo a Hitler, que sea yo el que esté en Filipinas. En Alemania, Adolf Hitler exterminó a tres millones de judíos. Hay tres millones de drogadictos en Filipinas. Me gustaría matarlos”.
Los abogados están impugnando el arresto del político de 79 años aduciendo que Filipinas se retiró de la jurisdicción de la CPI mientras Duterte era presidente, pero parece que aún así será llevado a La Haya para ser juzgado. El actual gobierno filipino dice "la investigación se centra en asesinatos cometidos mientras Filipinas todavía era miembro del tribunal".
Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas de 2016 a 2022, combatió al narcotráfico con método ilegales contra cualquier sospechoso y, más tarde, de personas simplemente indeseables: rivales empresariales, periodistas, funcionarios incómodos o agentes de policía. Tras asumir el cargo, declaró públicamente que mataría a los sospechosos de traficar con drogas e instó al público a matar a los adictos
Los métodos de los infames “escuadrones de la muerte” semilegales bien organizados para combatir a la mafia de la droga que destruían físicamente a presuntos criminales sin juicio ni investigación, y posteriormente a cualquier otra persona indicada por los líderes, variaban: desde disparos hasta estrangulamiento torturas y alimentación con cocodrilos. Las víctimas a menudo eran desmembradas para que el entierro fuera lo más compacto posible y los cuerpos irreconocibles. Junto a sus cuerpos se dejaba un trozo de cartón con las palabras Pusher ako (“soy un traficante”).
Pese al horror internacional ante sus atroces crimines, Rodrigo Duterte sigue siendo muy popular en su país. De hecho, su hija, Sara Duterte, es la actual vicepresidenta. El año pasado la vice confesó que planeó asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr. Además enfrenta un juicio político, producto una tormenta legal por la amenaza de muerte, el presunto mal uso de fondos gubernamentales por parte de su oficina y otras acusaciones criminales.
Doble rasero de la CPI
Mientras Duterte es arrestado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusado de crímenes de lesa humanidad en Gaza, continúa libre. ¿Por qué la CPI ha actuado contra el filipino y no contra el israelí?
El 21 de noviembre de 2024 el tribunal emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el difunto líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, acusándolos de crímenes de guerra.
Netanyahu está a a la par con jefes de estado como el ex presidente sudanés Omar al-Bashir y el presidente ruso Vladimir Putin, acusado de deportación ilegal de niños ucranianos.
Sus crímenes de guerra están bien comprobados con el asedio extremo, desplazamientos masivos y ataques indiscriminados de Israel durante la contienda. Ha privado intencionalmente a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad.
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Benjamin Netanyahu también acusado de crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Resultaba evidente que los países más poderosos e influyentes nunca rendirían cuentas ante la autoridad de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo es posible hablar de justicia internacional si solo pueden ser procesados quienes carecen de poder?
Si bien la orden de arresto contra Netanyahu simboliza una condena internacional legítima e institucional a su guerra de venganza que revindica como una “autodefensa”, las implicaciones prácticas de la orden de detención son limitadas ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros del tribunal. Por eso el líder israelí no fue detenido cuando viajó a USA para sellar el respaldo de Donald Trump a Israel.
Israel no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y nunca ha ratificado su tratado fundacional, el Estatuto de Roma. La CPI no tiene una fuerza policial propia: depende de los Estados firmantes para hacer cumplir sus órdenes. Israel, por supuesto, no va a entregar a su primer ministro al Tribunal de la Haya.
En respuesta, legisladores estadounidenses amenazaron con imponer sanciones y cortar la financiación de la Corte Penal Internacional.
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