Lejos de achicarse, Sarubbi Benítez avanzó con otra idea más impactante: construir un ghetto con francotiradores. "Cercaría todo el conurbano bonaerense, levantaría un muro de 15 metros de altura con snipers arriba para que nadie pueda cruzar. Obviamente, daría la posibilidad de no quedarse ahí, pero con portación de cara. Sería totalmente arbitrario a la hora de decir quién pasa y quién no".
Después planteó que otra alternativa sería expulsar a la provincia de Buenos Aires del territorio nacional, asegurando que cada uno hiciera "su propio país", y finalmente remató con la idea de aplicar una solución militar extrema, muy arraigada a la Guerra de Vietnam.
"La tercera... es todas las mañanas tirar napalm desde aviones", agregando que previamente se avisaría, "con total arbitrariedad, a las personas que uno considera que hay que salvar", mientras en la mesa se escuchaban risas y comentarios que acompañaban el intercambio.
Alejandro Sarubbi Benítez hizo polémicas declaraciones sobre el conurbano bonaerense que le valieron todo tipo de etiquetas. Foto: X
Todo ocurrió durante una emisión de La Trinchera, el programa de Carajo Stream que comparte con Nicolás Promanzio, junto al resto del equipo integrado por Sofi Drehe, Francisco "Piro" Pirovano, Kalina y Adriel Segura.
Y aunque dentro del estudio se lo pretendía presentar como humor provocador, afuera se vio de una manera muy distinta.
Recordemos que hace apenas unos días, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal sancionó a Sarubbi por publicaciones realizadas desde su cuenta de X. En concreto, se lo acusaba de insultar a integrantes de la Corte Suprema, publicar datos personales y crediticios y difundir expresiones discriminatorias desde la cuenta @ASB2509, posteriormente rebautizada como @GordoLeyes.
Efecto dominó: El repudio a Sarubbi Benítez le hacen peligrar las medialunas
A raíz de la circulación de este clip, que en pocas horas acumuló cerca de 300.000 visualizaciones, empezaron a aparecer miles de mensajes en repudio a las barbaridades que dijo Sarubbi, tanto de personas comunes como de figuras públicas.
Una de ellas fue la economista Candelaria Botto, que escribió: "La esterilización forzada es lo que hizo el papa de Keiko Fujimori en Perú a cientos de mujeres campesinas. La derecha es la misma mierda en todos lados, a veces cuidan las formas y otras sienten la impunidad del poder."
El periodista Ari Lijalad fue todavía más directo y los tildó a todos de nazis. "Nazis financiados por el gobierno de Argentina". La abogada constitucionalista Natalia Volosin también cuestionó con dureza el contenido del video y exigió que se actúe en consecuencia.
"El analfabeto de mierda éste que no sé quién poronga es no sabe pronunciar 'arbitrario'. No sorprende, pues, que ande instigando a la comisión de graves delitos en vivo. ¿Algún fiscal con huevos u ovarios en la sala?".
El fragmento generó miles de críticas por presunto discurso de odio, pedidos de intervención judicial y un fuerte escrache digital contra los sponsors del programa. Foto: X
En la misma línea apareció el abogado Mario Riorda, que escribió: "¿Cómo actúa una fiscalía frente a este exceso? Esterilización, bombas de napalm, snipers. Parece una gilada pero no lo es. Naturalizan una nueva versión de nazismo frente a Buenos Aires. ¿Qué marcas privadas financian esto?".
Muchos reclamaron la intervención de fiscales y de organismos de derechos humanos, mientras otros directamente empezaron a etiquetar a las empresas que aparecen como sponsors del programa. La empresa que recibió la mayor parte del escrache fue SAO Medialunas, cuya cuenta se empezó a llenar de mensajes de usuarios anunciando que dejarían de comprar sus productos, y lo mismo pasó con Cindor por un viejo posteo que la marca de medialunas reposteó recientemente.
Algunos escribían "Nunca más compro tu marca, financiás nazis", otros invitaban a dejar reseñas negativas en Google y varios pedían extender el boicot a otras empresas que aparecen vinculadas al programa, entre ellas Cocos App y Skybroker.
En paralelo también comenzaron a circular publicaciones convocando a realizar denuncias formales ante organismos públicos y citando el Artículo 212 del Código Penal y la Ley 23.592 contra actos discriminatorios, mientras que distintas cuentas etiquetaban a la Secretaría de Derechos Humanos para reclamar una intervención.
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