El magistrado recordó que en su denuncia Tapia sostuvo que «el sr. Leandro Camani, en su rol de empresario de audiovisuales y fotomultas, se habría valido de esa posición para financiar a Yofe y Del Gaiso junto con los periodistas mencionados para mantener en los medios vigente el tema ‘AFA’ -respecto de la cual sería presidente-, quienes serían los mismos periodistas a quienes premiarían con el Martín Fierro que solventaría y sustentaría Camani«.
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Leandro Camani, Secutrans.
«Asimismo, el nombrado señaló que las actitudes del grupo denunciado estarían generando odio para con el dicente y grupo familiar, provocándoles un daño psíquico y físico, razón por la cual solicitó el dictado de medidas tendientes a resguardar su actividad laboral y su vida personal«, agregó.
A criterio del juez, la medida ordenada «no resulta desproporcionada, en tanto tiene como finalidad resguardar la seguridad y tranquilidad del denunciante y su grupo familiar, sin implicar una restricción irrazonable de derechos, sino una limitación mínima y necesaria en función del riesgo advertido«, al tiempo que evidenció su certeza de que su implementación «no impide el ejercicio de derecho alguno por parte de los denunciados, sino únicamente restringe la posibilidad de contacto con el denunciante, permitiendo así compatibilizar los derechos de ambas partes y evitar situaciones de peligro«.
Toviggino contra Del Gaiso
Por otra parte, la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la cautelar presentada por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggio, contra el legislador porteño Juan Facundo Del Gaiso en el marco de la causa en la que este último se encuentra imputado por coacción.
De esta forma, el tribunal integrado por Magdalena Laiño y Julio Marcelo Lucini ratificó la medida que disponía “la prohibición de contacto entre el denunciado Juan Facundo Del Gaiso y su persona por cualquier medio, ya sea telefónico, digital, redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro formato que permita la interacción directa o indirecta; la prohibición de contacto digital o tecnológico, incluyendo la captación y reproducción de imágenes del domicilio, vehículos, actividades o vida cotidiana de cualquier miembro de la familia; como así también que una prohibición de acercamiento a su domicilio familiar ubicado en la calle (…), Barrio (…), Pilar, Provincia de Buenos Aires, a los lugares donde desarrolla sus actividades laborales y a cualquier sitio en el que se encuentren los menores involucrados, fijándose un radio mínimo no inferior a 500 metros”.
Entre los fundamentos de esta confirmación, los jueces, después de entender que «las prohibiciones del modo en que fueron impuestas no restringen la libertad de expresión de Del Gaiso«, afirmaron su certeza de que «lo decidido no impide a Del Gaiso expresar ideas, críticas u opiniones en abstracto, ni establece una abstención general de manifestarse en redes sociales«. «Antes bien, las plataformas digitales son contempladas únicamente como uno de los vehículos posibles a través de los cuales podría materializarse el contacto cuya restricción se dispuso cautelarmente«, indicó.
En ese sentido y desde esa perspectiva, los camaristas evaluaron que «la prohibición de contacto digital o tecnológico, en este caso, no puede interpretarse de manera extensiva como una censura previa ni como una limitación autónoma a la libertad de expresión, pues su alcance se encuentra estrictamente circunscripto a evitar interacciones -directas o indirectas- respecto de las personas protegidas por la medida«.
Para los analistas, ambos fallos no hacen otra cosa que ir cerrando el cerco judicial sobre la figura de extorsión agravada que afecta tanto a Yofe como a Camani, y a la que ahora se suman, como posibles herramientas para esa extorsión, de un grupo de periodistas que llamativamente dicen trabajar sobre el caso AFA como el tema principal de su preocupación profesional.
Recordemos que los periodistas que responden a Clarín defienden la posición del grupo en cuanto a la recuperación de la transmisión de los partidos de fútbol que perdieron hace tiempo, y en el caso de La Nación +, el empresario Camani -el denunciado por Tapia- tiene como empleado en uno de sus portales al hijo del periodista Luis Majul.
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