Abogados de derechos civiles, como Sejal Zota, critican la privatización de la vigilancia: "Grupos externos actúan como cómplices del gobierno en la persecución de la disidencia". El Comité Antidiscriminación Árabe-Americano denuncia que estas prácticas fomentan un "ambiente de denuncia mutua", comparándolo con regímenes autoritarios.
Expansión de centros de detención en Luisiana
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AP publicó se incrementó la población en los centros de detención de Louisiana
La administración Trump ha trasladado a detenidos, como Khalil y Ozturk, a centros remotos en Luisiana —segundo estado con más inmigrantes bajo custodia de ICE—, dificultando su acceso a representación legal. Activistas denuncian condiciones inhumanas, incluyendo aislamiento prolongado y muertes bajo custodia. Actualmente, ICE detiene a 47,892 personas, cifra récord desde 2019.
Respuesta legal y resistencia
Un fallo reciente del juez Brian E. Murphy obliga a ICE a garantizar audiencias justas antes de deportar a terceros países. Sin embargo, casos como el de un guatemalteco enviado a México —donde sufrió abusos— evidencian fallas sistémicas. Organizaciones como la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración demandaron al gobierno por estas prácticas, alegando violaciones a derechos humanos.
Mientras Trump promete deportaciones masivas, universidades como Columbia y Pittsburgh enfrentan presiones para disciplinar a activistas. Aunque grupos como Betar insisten en enfocarse en "quienes incitan violencia", estudiantes y académicos advierten que el objetivo real es silenciar la crítica a Israel. "No se trata de seguridad, sino de controlar la narrativa", afirmó Sahar Bostock, estudiante israelí de Columbia.
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