Los demandantes sostienen que la empresa incrementó entre US$5 y US$10 el precio de algunos modelos de zapatillas y entre US$2 y US$10 en prendas de vestir para compensar el impacto de las tarifas comerciales.
El eje central del litigio es el concepto de “enriquecimiento injusto”. Los consumidores argumentan que Nike podría terminar recuperando dos veces el mismo dinero, una a través de los aumentos aplicados al público y otra mediante los reembolsos otorgados por el Estado norteamericano.
“Nike no asumió ningún compromiso legalmente vinculante para devolver esos sobreprecios a los consumidores”, señala la presentación judicial.
Un problema que llegaría a otras empresas
Durante los últimos años, muchas empresas justificaron subas de precios alegando mayores costos de importación derivados de la guerra comercial impulsada por Washington. Sin embargo, la reciente ola de devoluciones arancelarias podría modificar ese escenario y derivar en nuevas demandas contra compañías que no trasladen esos beneficios a los consumidores.
Nike no es la única firma alcanzada por este tipo de litigios. Empresas como Costco y EssilorLuxottica —fabricante de Ray-Ban— también enfrentan acciones judiciales similares.
Especialistas en comercio internacional advierten que podría generarse una ola de reclamos colectivos a medida que comiencen a efectivizarse los reembolsos federales.
Desde el punto de vista financiero, el caso también pone el foco sobre la estrategia de márgenes de las grandes corporaciones. En una conferencia con inversores realizada en marzo, Nike había anticipado que el trimestre finalizado en agosto de 2026 probablemente sería el último en el que los aranceles representaran un impacto material negativo sobre sus márgenes brutos.
Analistas consideran que este tipo de procesos judiciales podría obligar a las compañías a transparentar con mayor detalle cuánto de los incrementos de precios responde efectivamente a costos externos y cuánto corresponde a estrategias de rentabilidad.
En paralelo, el debate también expone las dificultades para determinar si los consumidores tienen derecho legal a recuperar parte de esos fondos, ya que el sistema de devoluciones está diseñado principalmente para importadores y no para compradores finales.
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