Y si gran parte de esas tierras no están formalmente registradas a nombre de la petrolera, la discusión sobre su transferencia adquiere otra dimensión.
Es que la explicación remite a antecedentes históricos que nunca terminaron de resolverse. El sitio local 'ADN Sur' lo cuenta así:
"En 1995, el Municipio y YPF firmaron un acuerdo que contemplaba la transferencia de múltiples inmuebles a la ciudad. A cambio, se condonó una deuda millonaria que la empresa mantenía por tributos locales. Sin embargo, ese proceso nunca se completó plenamente desde el punto de vista registral: faltaron mensuras y formalizaciones que consolidaran la titularidad.
La ordenanza de traspaso de tierras e inmuebles de 1995 incluyó una condonación de 2,1 millones de dólares que el municipio reclamaba en impuestos a YPF La ordenanza de traspaso de tierras e inmuebles de 1995 incluyó una condonación de 2,1 millones de dólares que el municipio reclamaba en impuestos a YPF
Esa omisión dejó una zona gris que persiste hasta hoy: tierras que pudieron haber sido transferidas en términos políticos, pero que no terminaron de serlo jurídicamente.
A esto se suma un antecedente aún más antiguo. Un decreto de 1982 establecía que YPF debía ceder al Municipio aquellos bienes que no fueran necesarios para su actividad productiva. Esa norma sigue vigente y es utilizada como argumento por quienes sostienen que parte de los terrenos en disputa podrían corresponder, en realidad, a la ciudad.
Sin embargo, durante años la propia YPF continuó pagando impuestos municipales por varios de esos lotes, lo que refuerza la complejidad del escenario: coexistieron indicios de dominio privado con antecedentes de cesión pública.
Sobre ese entramado legal incompleto se monta hoy la disputa política".
La disputa política por las tierras de YPF
En este marco, el ministro de Hidrocarburos del Gobierno de Ignacio Torres, Federico Ponce, defendió el acuerdo alcanzado con YPF (valuado en más de US$85 millones) y cuestionó con dureza a los dirigentes locales que reclaman mayor control municipal.
Según explicó, el convenio incluye dinero en efectivo, vehículos para servicios públicos y la transferencia de tierras e inmuebles que serán destinados a viviendas, clubes e instituciones sociales.
Bienes de YPF en Comodoro.
Y sostuvo que "la Provincia actuó antes de que estos bienes pudieran ser vendidos o transferidos a privados", al tiempo que aseguró que el objetivo es garantizar un destino social concreto para esos activos.
Incluso, el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, meses atrás cuando fue consultado sobre la posibilidad de transferir terrenos al municipio, respondió tajantemente: "Las tierras son nuestras, punto".
Hasta ese momento, Macharashvili mantenía expectativas de alcanzar un entendimiento con la empresa...
Como sea, desde el Municipio sostienen el planteo que apunta a preservar el control local sobre un patrimonio que consideran parte de su historia y el desarrollo de la ciudad.
"YPF ya se fue de Comodoro Rivadavia. Lo hizo sin que nadie lo impida y dejando detrás un pasivo ambiental y social de dimensiones incalculables. Pero ahora existe el riesgo de que también se lleven bienes que forman parte de la historia, el esfuerzo y el patrimonio de nuestra comunidad", sostuvo Luque.
Pero Ignacio Torres desafió al intente e incluso a los legisladores:
El problema de la falta de tierras
Más allá de la coyuntura política, el conflicto expone un problema estructural: la escasez de tierras disponibles en Comodoro Rivadavia para el desarrollo urbano.
Durante décadas, la expansión de la ciudad estuvo condicionada por la actividad petrolera, que ocupó amplias superficies dentro del ejido urbano. Como resultado, el acceso a suelo para viviendas, infraestructura y planificación se convirtió en uno de los principales déficits de la ciudad.
En ese contexto, los terrenos vinculados a YPF representan mucho más que un activo económico: son una herramienta clave para pensar el futuro urbano de Comodoro.
Posible judicialización
Con la transferencia ya concretada, el foco ahora está puesto en el proceso que se abrirá en la Legislatura del Chubut, donde deberá tratarse el acuerdo.
Pero en paralelo, no se descarta que el conflicto escale hasta la Justicia.
La posibilidad de impulsar una acción declarativa de certeza —una herramienta utilizada cuando existe incertidumbre sobre la titularidad de bienes— aparece como una de las alternativas para ordenar el escenario.
Así la disputa será además de política y económica, jurídica.
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