La apertura del concurso de acreedores de Expreso Brío sumó un nuevo capítulo a la crisis que atraviesa la firma y profundizó la incertidumbre entre sus trabajadores.
El impacto humano y el conflicto laboral
La situación de los operarios se tornó crítica a partir del 30 de junio, fecha en la que cerca de 60 agentes pertenecientes a la base operativa de Rosario concurrieron a sus puestos habituales y hallaron los accesos bloqueados.
Al respecto, testimonios de los afectados describen una metodología abrupta de selección de personal mediante listas elaboradas de manera improvisada en el lugar.
"Nos dijeron que esperáramos hasta que viniera una persona a comunicarnos quién seguía trabajando. Llegó con una lista y empezó a decir quién entraba y quién no". "Nos dijeron que esperáramos hasta que viniera una persona a comunicarnos quién seguía trabajando. Llegó con una lista y empezó a decir quién entraba y quién no".
En total, el ajuste operativo y los despidos superaron los dos centenares de afectados distribuidos en diversas delegaciones nacionales, abarcando provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Santa Fe.
El sector gremial de base y los damnificados señalan que las obligaciones patronales incumplidas abarcan los emolumentos correspondientes a mayo y junio, la proporcionalidad del sueldo anual complementario y adicionales estipulados por convenio colectivo.
Los empleados cesanteados realizaron una concentración para exigir el pago de los haberes correspondientes a mayo y junio.
Antecedentes, proveedores y fallidas negociaciones de salvataje
Con una trayectoria superior a un cuarto de siglo y sus raíces históricas ancladas en la localidad santafesina de Pujato, la empresa arrastraba compromisos financieros de gran envergadura con proveedores estratégicos y entidades bancarias.
Entre los pasivos más significativos destacan obligaciones con YPF por 118 millones de pesos, compromisos con Mercedes-Benz por 122 millones, pasivos con Coinag por 120 millones y deudas con Banco Comafi por 23 millones de pesos.
Antes de desembocar en la cesación de pagos y el consecuente concurso, los accionistas de la firma intentaron articular soluciones junto al Sindicato de Camioneros de Santa Fe con el fin de eludir la quiebra o el cierre definitivo. La alternativa más viable provino de COC Global Enterprise, un fondo de capitales dirigido por el empresario Leonardo Scatturice —conocido por su vinculación con la firma OCA—.
No obstante, las conversaciones colapsaron debido a que el volumen total de los pasivos superaba holgadamente la tasación de mercado de la compañía.
Reclamos, operatividad y cuestionamientos
Mientras el proceso judicial avanza, la firma mantiene su funcionamiento comercial habitual, un hecho que genera indignación entre los exempleados. Voceros del sector afectado calificaron el proceder patronal como desprovisto de empatía y cuestionaron la falta de respuestas claras sobre las razones detrás de la desvinculación masiva.
Asimismo, manifestaron su descontento frente al rol adoptado por la representación sindical local durante el desarrollo del conflicto, exigiendo una investigación a fondo para esclarecer el manejo financiero de la firma y garantizar la percepción de los sueldos caídos y las indemnizaciones legales correspondientes.
Gabriela Díaz, trabajadora despedida, cuestionó que los empleados no hayan sido comunicados sobre la presentación judicial. "En ningún momento nos informaron esto", sostuvo, y consideró que la empresa está incumpliendo sus obligaciones con quienes fueron destituidos. Sobre esa línea remarcó: "Nosotros lo que queremos es cobrar todo lo que nos corresponde".
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