Uno de los principales argumentos que sostiene esa recomendación está relacionado con el funcionamiento bajo contratos de fasón. Dicha modalidad consiste en procesar materia prima perteneciente a otras compañías a cambio de un ingreso por el servicio realizado. Sin embargo, los recursos que obtiene Algodonera Avellaneda mediante estos acuerdos no alcanzan para cubrir la totalidad de los costos que demanda mantener las instalaciones en actividad.
La situación resulta especialmente delicada en la hilandería ubicada en Reconquista, donde la diferencia entre los ingresos y los gastos operativos refleja la profundidad del problema. Según los números incluidos en el dictamen, la planta recibe aproximadamente $424,8 millones mensuales por los trabajos de fasón, mientras que sus costos pueden trepar hasta los $1.239,5 millones.
Dentro de esa estructura de gastos, los salarios y las cargas sociales representan unos $354,5 millones por mes. A ese desembolso se suma el costo de la electricidad, que oscila entre $533 millones y $782,5 millones, dependiendo del nivel de consumo. De esta manera, los recursos que ingresan por la actividad productiva quedan muy por debajo del dinero necesario para sostenerla.
Se corta el hilo: 243 trabajadores en vilo.
La electricidad, uno de los principales obstáculos para mantener la actividad
Entre los distintos factores que explican la recomendación de cierre, el gasto energético aparece como uno de los problemas más difíciles de afrontar. El consumo eléctrico de la hilandería representa una erogación de tal magnitud que, por sí sola, puede superar ampliamente los ingresos mensuales que genera la compañía mediante los contratos de fasón.
En ese sentido, los síndicos resumieron la situación con una advertencia contundente: "Los fasones sólo cubren salarios". La afirmación refleja que los ingresos obtenidos por el procesamiento de materia prima de terceros apenas permiten afrontar una parte de las obligaciones laborales, sin dejar margen suficiente para cubrir otros gastos indispensables para el funcionamiento de la fábrica.
El panorama se vuelve todavía más complejo al considerar los compromisos pendientes con la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE). La compañía acumula una importante deuda por el suministro eléctrico, que se convirtió en otro de los factores que ponen en riesgo la continuidad de las operaciones.
El 20 de octubre, la distribuidora provincial intimó a Algodonera Avellaneda a cancelar una deuda de $4.603,9 millones, bajo advertencia de interrumpir el servicio. Sin embargo, el saldo exigible al 9 de octubre ya superaba los $9.281 millones, una cifra que da cuenta de la dimensión de los compromisos financieros acumulados por la empresa y de las dificultades para regularizar su situación.
Tres plantas en riesgo y 243 puestos de trabajo comprometidos
La recomendación presentada ante la Justicia contempla el cierre de las tres unidades productivas que integran la estructura industrial de Algodonera Avellaneda. Se trata de la hilandería de Reconquista, en el norte santafesino, y de las desmotadoras ubicadas en Bandera, provincia de Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco.
En el caso de las dos últimas instalaciones, el escenario también presenta dificultades para sostener la actividad. La campaña de desmote finalizó en octubre y la próxima temporada recién comenzará con la cosecha de 2027. Esto significa que, durante los próximos meses, ambas plantas permanecerán sin generar ingresos propios a partir de su producción.
Hasta el momento, los gastos necesarios para mantenerlas operativas se cubrían mediante anticipos de Vicentin, vinculados a trabajos que debían realizarse en futuras campañas. No obstante, ese mecanismo de financiamiento ya no representa una alternativa suficiente para garantizar la continuidad de las instalaciones.
El impacto laboral de la medida alcanzaría a 243 empleados distribuidos entre los tres establecimientos. La mayor cantidad de puestos de trabajo corresponde a Reconquista, donde quedarían afectados 204 trabajadores. En tanto, la desmotadora de Bandera cuenta con 21 empleados y la de General Pinedo con otros 18.
De concretarse la recomendación de la Sindicatura, los contratos laborales se extinguirían como consecuencia de la quiebra de la compañía. Así, la crisis empresarial amenaza con profundizar el deterioro del empleo industrial en las localidades donde Algodonera Avellaneda tuvo históricamente una presencia económica significativa.
La medida podría afectar a trabajadores de Reconquista, Bandera y General Pinedo.
Qué pasará con los trabajadores y las instalaciones de la empresa
En su presentación, la Sindicatura también hizo referencia a las consecuencias que tendría el eventual cierre sobre los empleados y solicitó que se instrumenten las medidas necesarias para garantizar el acceso a las prestaciones por desempleo. Además, planteó que los trabajadores puedan realizar los reclamos correspondientes para cobrar los créditos laborales que mantienen pendientes con la compañía.
Por otra parte, los responsables de la administración judicial aclararon que la interrupción de las actividades productivas no debe confundirse con el abandono de los establecimientos. En ese sentido, propusieron conservar una dotación mínima de personal en cada planta para desarrollar tareas de vigilancia, mantenimiento y prevención de incendios.
El objetivo es preservar las instalaciones, los equipos y las maquinarias industriales, cuyos valores resultan significativos, mientras continúa el procedimiento judicial destinado a concretar la venta de los activos de la empresa. La conservación de esos bienes será fundamental para evitar su deterioro y mantenerlos en condiciones hasta que puedan ser comercializados.
Mientras tanto, la Justicia deberá evaluar los argumentos presentados por la Sindicatura y determinar cómo continuará el proceso de quiebra. La decisión de Lorenzini no solamente definirá el destino de las tres unidades productivas, sino que también tendrá un impacto directo sobre los 243 trabajadores que dependen de ellas.
La posible paralización de Algodonera Avellaneda representa un nuevo capítulo en la crisis de una compañía que durante décadas fue una referencia industrial y una fuente de empleo para Reconquista, Bandera y General Pinedo. Ahora, con sus plantas bajo amenaza de cierre y cientos de puestos de trabajo comprometidos, el futuro de la firma quedó atado a una resolución judicial que podría marcar el final de su actividad productiva.
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