La patronal, vinculada a las familias Zanon y Bocci, optó por aplicar el marco normativo que contempla reducciones indemnizatorias ante contextos críticos, aunque tampoco abonó dichos montos.
Actualmente, el expediente se encuentra radicado en el Juzgado Comercial N°12, bajo la órbita del magistrado Hernán Papa, instancia en la cual la firma solicitó un concurso preventivo destinado a frenar posibles medidas cautelares sobre su patrimonio.
Sobre ese marco, Gabriela Vallejos, una de las trabajadoras despedidas, quien trabajó en la fábrica durante dos décadas, recordó que "Hace un año, nuestras vidas cambiaron por completo. Desde entonces golpeamos puertas, realizamos movilizaciones, cortamos calles, estuvimos en los accesos al Parque Industrial y en la Panamericana, y hasta el día de hoy sostenemos un acampe en la puerta de la fábrica".
"Un año de espera, de incertidumbre, de dolor y de una lucha que, a pesar del tiempo, sigue sin obtener las respuestas que tanto esperamos”.
"Un año de espera, de incertidumbre, de dolor y de una lucha que, a pesar del tiempo, sigue sin obtener las respuestas que tanto esperamos”.
La Justicia todavía define el concurso preventivo de la empresa.
Repercusiones cotidianas y precarización
Las consecuencias socioeconómicas alteraron drásticamente las condiciones de vida de los afectados, quienes en su gran mayoría poseían una trayectoria superior a las dos décadas dentro de la planta.
Las opciones de reinserción formal resultaron sumamente acotadas, relegando a los operarios de mayor edad a la realización de labores informales o tareas de transporte mediante plataformas digitales. Asimismo, la interrupción de la cobertura médica generó situaciones críticas para quienes transitaban tratamientos de alta complejidad, obligando a los propios damnificados a articular redes comunitarias de asistencia farmacéutica.
Vale recordar que durante este año, los trabajadores también atravesaron un momento especialmente doloroso con la muerte de uno de sus compañeros despedidos, quien se quitó la vida.
Un año después del cierre de ILVA, el reclamo es mayor
La persistencia del acampe se canaliza mediante esquemas de relevos horarios y recibe el respaldo material de la comunidad a través de donaciones gestionadas por organizaciones sindicales y vecinos de la zona.
En base a ello, los referentes del sector afectado reclaman celeridad y sensibilidad social a la judicatura interviniente, subrayando que la prioridad radica en la obtención de los pagos adeudados para garantizar la subsistencia de familias enteras y honrar la memoria de quienes sufrieron el impacto extremo de la crisis.
La fábrica permanece como uno de los símbolos de la crisis industrial que atraviesa Pilar.
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