La infraestructura necesaria demandaría entre US$400 millones y US$500 millones adicionales.
Caso 2: Los Azules
En el proyecto que impulsa McEwen Copper, cuestionaron que una prioridad de semejante extensión temporal sobre un corredor estratégico termine generando una exclusividad de hecho.
Según expusieron durante la audiencia, otorgar el control de la capacidad adicional durante un cuarto de siglo podría condicionar el desarrollo de futuras inversiones mineras en la región.
Es que la línea Nueva San Juan-Rodeo fue financiada en parte por otras compañías mineras, entre ellas Barrick y Gualcamayo, que aportaron más de US$133 millones para su construcción.
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Plano general de la zona afectada en San Juan.
Caso 3: Estado (décadas sin obras)
La falta de expansión del sistema de transporte eléctrico se convirtió en una de las principales amenazas para el desarrollo minero. Durante años, el déficit de infraestructura frenó proyectos energéticos y ahora amenaza con limitar inversiones multimillonarias en minería.
“El crecimiento de la actividad minera volvió a poner en evidencia las restricciones del sistema”, advirtieron especialistas durante la audiencia.
Decisión que puede cambiar proyectos
El EPRE de San Juan advirtió que la modificación propuesta podría alterar el funcionamiento eléctrico regional y afectar parte de la capacidad disponible en el corredor Mendoza-San Juan.
También surgieron cuestionamientos respecto de la utilización de infraestructura financiada previamente por otras compañías sin mecanismos de compensación claros.
La audiencia no tiene carácter vinculante, pero el resultado será observado por toda el sector
Lo que está en juego excede a Vicuña, Los Azules o Barrick. La definición marcará si el esquema de infraestructura privada promovido por el Gobierno logra acelerar inversiones estratégicas o si termina generando una nueva fuente de conflictos en el sector que promete convertirse en uno de los principales generadores de dólares para la Argentina.
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