Inmediatamente intervinieron otros jugadores -entre ellos Sosa, Schiavi, el arquero Agustín Orion y Walter Erviti- lo que motivó la irrupción del escaso personal policial presente, que tuvo que efectuar disparos al aire con postas de goma para dispersar la pelea.
Las condenas contra Silva, Sosa, Schiavi son extensivas "a un radio de 500 metros del lugar y a todo otro estadio donde dicha Institución (Boca Juniors) juegue de forma oficial", y que en caso de no acatar la pena se ordenará "la inmediata detención".
La magistrada utilizó para condenar a los jugadores y simpatizantes el artículo 10 del Régimen Contravencional en los Espectáculos Deportivos (RCED), que establece sanciones de "quince a treinta días de arresto y/o prohibición de concurrencia de seis a veinte fechas".
La funcionaria cuestionó a los jugadores xeneizes al afirmar que "el medio empleado -bajarse del micro, encaminarse hacia los injuriantes empujando a la gente que obstaculizaba el camino y golpearlos violentamente- no es razonable para impedir o repeler la agresión al honor y dignidad que padecieron".
Las penas fueron justificadas, "no sólo en la situación de cada uno de los imputados, sino que también procurando resguardar los intereses colectivos de los vecinos de San Fernando. Máxime, cuando los episodios de violencia en espectáculos deportivos dejaron de ser esporádicos para convertirse en un problema habitual de la localidad de Victoria".
En su fallo Carranza denunció que al incidente "debe sumarse que al momento del hecho no había separadores, cordones ni vallas de ninguna especie que evite el contacto entre el plantel y los espectadores" y que el personal de la Caballería no se encontraba en el lugar del hecho, cuando "debía estarlo".
Finalmente advirtió que "las luminarias del sector eran insuficientes" y que la Central de Monitoreo y Vigilancia del municipio no contaba con cámaras en donde ocurrió la pelea, por lo que pidió a la comuna que "mejoren" esas deficiencias en la zona del estadio de Tigre.
