En eso, varios integrantes de las facciones de Pacheco y Talar, disconformes con la distribución de las entradas y los dividendos que otorga ser la hinchada oficial, evidenciaron su disconformidad a los golpes, primero, y con armas de fuego, después. Las investigaciones preliminares hablaron de cerca de 100 disparos. Hubieron 13 heridos de bala (Velázquez era uno de los más comprometidos; aún quedan dos internados) y ningún detenido.
"Con esto habrá que cambiar el listado de los hinchas alcanzados por el derecho de admisión", reconocieron en el club de Victoria. Hasta hoy, la nómina incluye a dos simpatizantes, que no son barras. Las explicaciones suenan a disco rayado: "
¿Cómo hacés para prohibirles el ingreso a hinchas que no tienen procesos judiciales, salvo contravenciones?", se preguntan los directivos, fuera de micrófono. Y agregan: "Incluso ellos pueden contraatacar y hacerte una demanda por discriminación". Es decir, le pasan la pelota a la Justicia.
Los funcionarios judiciales poco pueden hacer cuando, por ejemplo, en el municipio de las cámaras (Tigre), los aparatos se rompen el día anterior a los incidentes. O cuando las declaraciones de testigos presenciales de la balacera poco aclaran con respecto a las cuestiones de la barra.
"Una vez más, la muerte viene de la mano de la lucha por el botín que reparten los dirigentes y los políticos", opinó el abogado Juan Manuel Lugones, coordinador del movimiento Fútbol en Paz en Argentina. Y agregó, en alusión a las responsabilidades que le caben al poder político: "
Resulta lamentable que Sergio Massa repudie los hechos de violencia de la hinchada de Tigre conociendo tanto cómo funciona la barra. Que no lo lamente, que haga lo que tiene que hacer. Que los denuncie, que les apliquen el derecho de admisión".
