Datos
La iniciativa está dirigida a deudas en mora registradas hasta el 1° de junio de 2026. Los solicitantes deben registrar entre 60 y 180 días de atraso en sus pagos, tener ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos y que el pago de deudas represente más del 30% de sus ingresos mensuales. Además, se exige una residencia mínima de dos años en CABA.
Quedan excluidas del programa aquellas personas que posean más de un inmueble, vehículos con menos de cinco años de antigüedad (a excepción de los utilizados para actividades laborales), embarcaciones, aeronaves, bienes suntuarios, o activos financieros que superen el monto total de la deuda. Tampoco podrán adherirse quienes hayan comprado divisas durante el período en que se generaron las obligaciones impagas.
Pese a esos números, fuentes del Banco Central (BCRA) aseguraron que la morosidad ya tocó su pico y que, aunque se puede discutir a qué velocidad bajará, los números de fin de año serán menores a los que se vieron en la primera parte de 2026.
La situación adquiere una dimensión preocupante cuando se incorporan al análisis los proveedores no financieros de crédito, como billeteras virtuales y empresas Fintech. En ese caso, la morosidad consolidada de las familias asciende a un estimado del 15,5%, alcanzando a 5,91 millones de personas que se encuentran en situación irregular.
Uno de los aspectos más críticos del período es el crecimiento de la categoría de deudores considerados “irrecuperables”. Este segmento alcanza ya a 3,6 millones de argentinos, lo que representa un incremento interanual de 2,3 millones de personas. El dato constituye una señal de alarma sobre el deterioro de la capacidad de pago de los hogares y sobre las dificultades crecientes para sostener los niveles básicos de consumo.
Una parte significativa de los créditos considerados irrecuperables corresponde a montos relativamente pequeños: la mitad de estos créditos se ubica en $309.000 o menos.
Este dato resulta particularmente significativo porque permite inferir que buena parte de las familias no recurrió al endeudamiento para financiar la adquisición de bienes durables, como viviendas o vehículos, sino para afrontar gastos esenciales de la vida cotidiana: alimentos, servicios públicos y transporte.
En este contexto, el endeudamiento comienza a funcionar como un sustituto del ingreso laboral. Ante la insuficiencia de los ingresos corrientes, numerosas familias recurren al crédito para sostener su consumo básico y llegar a fin de mes.
Entre fines de 2024 y mediados de 2026, la morosidad de los préstamos personales pasó del 3,3% al 15,9%, mientras que la correspondiente a las tarjetas de crédito aumentó del 1,6% al 13,1%.
La dimensión social del fenómeno es todavía más evidente entre los jóvenes.
Entre los menores de 34 años, casi cuatro de cada diez personas —el 38,7%— son deudores irregulares. A su vez, entre quienes tienen entre 15 y 29 años, la cantidad de morosos considerados irrecuperables aumentó un 87% respecto del año anterior.
Las billeteras virtuales constituyen, en este segmento, una de las principales fuentes de financiamiento: el 72,6% mantiene deudas en este sistema.
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