Escándalo en Ecuador por la expropiación de las empresas del Grupo Isaías

La oscuridad de la noche de Quito fue aprovechada por más de 80 policías que se agolparon en la entrada de TC Televisión para incautar este canal, Gamavisión, las tres señales por cable y "195 empresas más pertenecientes a la familia Isaías", según un correo electrónico de la Presidencia de Ecuador. Eran aproximadamente las 02:00 cuando el pelotón de gendarmes llegó a las instalaciones de TC, ubicadas en la Avenida de las Américas, en varias unidades móviles encabezado por el coronel Euclides Mantilla, jefe del IV Distrito de Policía, y el principal de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Bravo, y el nuevo administrador de la empresa, Enrique Arosemena. Cuando los funcionarios intentaron ingresar al canal, el funcionario de la AGD fue interceptado por el periodista de esta estación Fausto Valdiviezo, quien, como representante de los trabajadores, exigió que le muestren los documentos para proceder al embargo. Bravo accedió al requerimiento y la orden judicial fue mostrada, no sin antes advertir al comunicador que tomarán las medidas necesarias para cumplir con esta diligencia. En ese momento, lo que primero fue una conversación, se convirtió en una discusión la cual finalizó con el ingreso de las autoridades a las instalaciones por medio de la fuerza uniformada que se abrió camino a empujones. En los estacionamientos se hallaban aglutinados los trabajadores de TC que fueron convocados desde la 01:00 para que protegieran sus lugares de trabajo. Poco fue lo que pudieron hacer los empleados del canal, que no dejaban de gritar "¡déjennos trabajar!", ya que fueron controlados por la Policía y el proceso de incautación continuó. Los demás medios de comunicación que llegaron al sitio fueron impedidos de entrar en primera instancia. Sin embargo, minutos más tarde pudieron ingresar y constatar la situación. Contradicciones El gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Bravo, dijo que con la incautación de 195 empresas del llamado Grupo Isaías, los acreedores de Filanbanco podrán cobrar sus haberes. Sin embargo, el funcionario no pudo precisar ante la prensa el número de acreedores que tiene la institución y los montos que son parte de la deuda. En una rueda de prensa en la que sólo un grupo de medios de comunicación pudo realizar una pregunta, Bravo no explicó porqué la AGD debería asumir dicha obligación de pago si el Filanbanco está en proceso de liquidación. Sin embargo, aclaró que los activos serán administrados por un fideicomiso y que se buscará su realización para poder pagar a los acreedores. El ex ministro de Gobierno de Lucio Gutiérrez, y dirigente de los acreedores, Óscar Ayerve, dijo que ellos respaldan el proceso de incautación. Según Ayerve son alrededor de 60.000 personas las que aún no han cobrado sus acreencias. "De los cuales unos 6.000 tienen montos importantes en Filanbanco S.A. y Filanbanco Trust", comentó. A decir de Ayerve, las acreencias alcanzan los US$ 350 millones. Sin embargo, dijo que el hueco patrimonial de la entidad financiera alcanzaría los US$ 2.200 millones. En la resolución de liquidación, la AGD sostiene que las pérdidas de Filanbanco, al 2 de diciembre pasado, alcanzan los US$ 661,5 millones. El domingo el presidente Rafael Correa dijo que la posibilidad de una incautación a los activos de los hermanos Isaías, principales ejecutivos de Filanbanco, no tenían sustento. Ayer, Bravo dijo que el Presidente fue informado sobre la decisión de incautación la noche del lunes, durante "una reunión en la que le solicité para informarle sobre las acciones". Entrevista a Roberto Isaías Ex accionista del banco Filanbanco, cerrado en 1998, Roberto Isaías mantuvo el siguiente diálogo con un periodista del diario Hoy, de Quito: -Tras la decisión tomada por la AGD, ¿cuáles son las acciones legales que adoptará su defensa? -Aún estamos analizando las acciones legales que tomaremos porque la noticia nos tomó por sorpresa. Lo cierto es que se trata de una medida totalmente ilegal. Lo cierto es que tenemos que proteger hasta a los propios empleados. -Pero hubo una ola de rumores durante el fin de semana pasado... -Ayer por la noche (el lunes) llegó nuestro abogado (Carlos Pareja) para analizar el tema, aunque es algo ilegal. -¿De las empresas incautadas cuáles pertenecen al Grupo Isaías? -Ahí se han incautado hasta de compañías que no son de nosotros. Ordenan la incautación de un avión que no es nuestro. Hay demasiados errores. Hay empresas en las que no tenemos nada que ver o de las cuales somos socios con apenas el 1% o el 0,5% de las acciones. -¿Cuánto pierde el Grupo con la incautación de 195 compañías? -La cifra es muy superior a lo que engañosamente dicen que es. Son muchos millones. Pero, lo que sí puedo decir es que no existe ninguna deuda. El informe se basa en un documento de auditoría de 2000. Ahí dicen que las posibles pérdidas pueden ser de 600 millones, pero no han hecho una actualización de las pérdidas. No se les ocurrió hacer una auditoría para identificar la pérdida hasta la fecha. -¿En cuánto se valoran las empresas? -Qué valor van a tener ahora. Cuando destrocen el canal, cuando no tengan programación, cómo van a pagar a los empleados. La AGD no tiene capacidad para administrar. -El Gobierno ofrece estabilidad... -Los canales trabajan con base en el rating, sin eso, no van a tener la posibilidad de pagar a los empleados. ¿De qué estabilidad se habla? ¿Con qué plata? Las empresas no van a querer seguir pautando en esos medios. Nueva ministra La ministra de Economía, Wilma Salgado, aseguró que una de sus prioridades en su nuevo cargo será pagar la deuda social y efectuar un saneamiento moral e institucional. "No vamos a diseñar desde el escritorio ninguna política, vamos a diseñar conjuntamente con la población, que se espera que sea la beneficiaria, porque ellos saben las soluciones y las necesidades", dijo Salgado. Salgado, que también fue gerente de la AGD, dijo que en su administración se pagará la deuda social y no se seguirá sometiendo a la población a la "dictadura de los mercados financieros internacionales que dominan el mundo". "Vamos a revertir esa situación", dijo, tras agregar que no utilizará "indicadores macroeconómicos" que usan ciertos países para mostrar una "economía saludable", cuando en los hogares de esas ciudades "hay pobreza". Salgado dijo que seguirá en el proceso de cierre de la AGD, institución creada hace 10 años para recuperar el dinero que el Estado destinó para sanear a una veintena de bancos intervenidos tras la crisis financiera de 1999. Salgado, que fue acusada por la justicia ecuatoriana de cometer irregularidades durante el período que se desempeñó como gerenta de la AGD, dijo que impulsará juicios penales y "seguirá con las órdenes de incautación". "La AGD tiene que cumplir su misión antes del cierre. Su función es el saneamiento económico, no solo se trata de recuperar los recursos económicos que nos fueron esquilmados, sino que se trata de un saneamiento moral e institucional", agregó Salgado.