Empresa en cesación de pagos proyecta otro casino porteño

Casino Club aparece como la empresa de juegos de azar en expansión en la Ciudad de Buenos Aires, por su presencia en la Patagonia y un conocimiento privilegiado con el gobierno de Néstor Kirchner, incluyendo a los directivos de Lotería Nacional. Sin embargo, su presidente, Cristóbal López, ha soportado una durísima campaña en su contra en la prensa, a partir que U24 reveló su existencia. Desde entonces, gente de Casino Club o supuestos amigos de Cristóbal López, quien ahora se pasa más tiempo en la Ciudad de Buenos Aires que en su Comodoro Rivadavia habitual, han insistido a U24 lo siguiente: ** Que López no quiere ampliarse demasiado en la Ciudad de Buenos Aires y que habría llegado a un acuerdo de convivencia pacífica con Cirsa, la empresa que tiene la concesión del casino flotante amarrado en el puerto porteño; ** Que es López y no Casino Club quien se encuentra vinculado a las tragamonedas en el Hipódromo de Palermo; ** Que López sólo aportó el financiamiento inicial al emprendimiento; ** Que con gusto López le cedería a Samuel Liberman su participación en el negocio de las tragamonedas palermitanas; etc. etc. etc. ¿Desinformación o información? ¿Verdad o mentira? Hay versiones que han comenzado a diseminarse cerca de la Casa Rosada, que afirma que Casino Club avanza en un proyecto con Hipódromo Argentino de Palermo Sociedad Anónima (Hapsa) para instalar más atracciones vinculadas al azar en el predio de la avenida del Libertador. En este momento, hay unas 600 máquinas tragamonedas, con opción a 150 más, que dejan unos $ 300 por día cada una. En total, son $ 5,5 millones por mes, más o menos, que embolsa un sistema que no se encuentra online con Lotería Nacional y, entonces, se ignora si respeta las proporciones legales entre apuestas y premios que debe tener cada máquina. De más está decir que la Administración Federal de Ingresos Públicos y la propia Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires deberían interesarse más en esto de que las tragamonedas de Palermo no se encuentren online, pero ni siquiera la vía pública que tiempo atrás hizo pegar U24 les llamó la atención. Las 600 tragamonedas que gozan de un éxito notable entre los porteños, tampoco tienen contención legal porteña porque, si bien hay una Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, nunca se mostró interesado en hacerla realmente autónoma. Así, es una Ciudad Autónoma que no tiene policía propia ni un instituto de juegos de azar propio, pese a que se encuentra vigente una Ley de Juegos de la Ciudad, que prohibe expresamente las tragamonedas, con excepción de las instaladas en el bendito buque-casino, porque así se lo autorizó la concesión. Entonces, las tragamonedas llegaron a Palermo por omisión de Lotería Nacional, inexistencia del Instituto del Juego de la Ciudad y por un fallo judicial de un juez que hizo lugar a un oportuno amparo que presentó la empresa que explota estas máquinas pero que ha sido desestimado por fallos posteriores. Tal como dice el sitio en Internet de Alicia Pierini, www.noticiasurbanas.com.ar/, "Los juegos de azar que se desarrollan en la Ciudad de Buenos Aires son una presa codiciada, tanto en el ámbito privado como en el oficial. Tal es así que la Lotería Nacional -con una llamativa falta de elegancia- vulneró en repetidas ocasiones la competencia de las autoridades de la Ciudad en el control de las apuestas que se producen en su jurisdicción. El propio Fernando de la Rúa -quien antes de ser Presidente fue jefe de Gobierno porteño- emitió en mayo de 2001 el bochornoso Decreto 494, por medio del cual intentó autorizar la instalación de las cuestionadas 'tragaperras' en la Ciudad. El 30 de octubre del mismo año la jueza Clara do Pico, del Fuero Civil y Comercial Federal, anuló el decretito, alegando que las autoridades nacionales "sinuosamente intentan burlar la legislación local vigente, mediante el artilugio de considerar que los tragamonedas son una innovación tecnológica de la raspadita". Posteriormente, la jueza del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandra Petrella, le ordenó al gobierno porteño que "haga cesar en su funcionamiento cualquier máquina tragamoneda que opere en el Hipódromo Argentino de Palermo S.A." Más tarde, a pesar de que el fallo de do Pico fue ratificado por la Sala V del mismo fuero, los jueces federales de la ciudad de La Plata, Julio Miralles y Tomás Ide, a los que se sumó el juez del Fuero Civil y Comercial porteño Luis María Márquez, autorizaron el funcionamiento de las controvertidas maquinitas. Miralles está procesado, y en el Consejo de la Magistratura de la Nación avanza un pedido de juicio político contra Márquez, precisamente por este fallo. La medida cautelar que dictó el juez Ide, mientras tanto, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que además apercibió severamente al magistrado". Sin embargo, Aníbal Ibarra ni se enteró. Y lo increíble es que Hapsa se encuentra en default con sus proveedores desde hace mucho tiempo. Ni siquiera los ingresos que consigue por las tragamonedas hizo que levante su cesación de pagos. Ahora se ampliarían los juegos de azar en el predio palermitano, pero antes habría que revisar la concesión a Hapsa, si es que hay una decisión política de crear un centro de juegos de azar en el hipódromo. En sí mismo no hay nada ilícito en la cuestión sino la imperiosa necesidad de legitimar todo lo que ocurra, que se paguen los impuestos como corresponde y se defienda el interés de los apostadores concurrentes.