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Promoción industrial: Duro amparo de Mendoza contra Cristina frente a la Corte
Mientras que hoy el Gobierno de Mendoza efectivizará ante la Corte una presentación "durísima" contra la extensión de la promoción industrial que Cristina de Kirchner le otorgó a La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis, la puja disparó fuerte cruce de acusaciones entre mandatarios, ministros y legisladores justicialistas alineados con el kirchnerismo, que salpica además al vicepresidente Julio Cobos.
02 de junio de 2010 - 11:00
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Avanza la iniciativa promovida por el Gobierno de Mendoza contra contra la extensión de la promoción industrial que Cristina de Kirchner le otorgó a La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis. En la Jornada de hoy el Gobierno mendocino efectivizará ante la Corte una presentación.
Técnicamente, se trata de "una acción declarativa de inconstitucionalidad acompañada por una medida cautelar". Pero según informa el diario
Mendozaonline, en la práctica, es un amparo calificado por sus ideólogos como "durísimo" y que enfrentará definitivamente a Celso Jaque con el Ejecutivo Nacional. La medida judicial que presentarán este miércoles (02/06) Joaquín de Rosas (fiscal de Estado en ejercicio) y el asesor de gobierno César Mosso Gianini buscará pegar en la línea de flotación de las atribuciones que Cristina de Kirchner tiene como presidente, según se publicó por el medio que tuvo acceso a la presentación.
Además, en las últimas horas la pelea se recalentó y disparó un fuerte cruce de acusaciones entre mandatarios, ministros y legisladores justicialistas alineados con el kirchnerismo, que salpica además al vicepresidente Julio Cobos.
¿El resultado? Dos mandatarios kirchneristas con los K. Por un lado, el mendocino Celso Jaque ya pidió una audiencia con la jefa de Estado, mientras que el chaqueño Jorge Capitanich amenazó con enviarle una carta para solicitarle que sume a su provincia al ramillete de estados beneficiados, aunque luego desistió de esa estrategia.
Ayer, Capitanich habló con la ministra de la Producción nacional, Debora Giorgi, quien se comprometió a trabajar en el tema para modificar las inequidades y quedó en darle una respuesta el próximo lunes, en el marco de un encuentro al que asistirá además la Presidente.
Por su parte, Jaque además se reunió ayer con ex gobernadores mendocinos y completará su embestida, en tanto, con la presentación hoy de una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial 669.
Por otro lado, las provincias beneficias con el decreto de Cristina también hacen sonar su campana.
"Nos vamos a defender con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance porque es algo que hemos conseguido con trabajo y sacrificio, así que espero que nos corran traslado de los recursos que van a presentar en la Justicia Federal", señaló ayer el gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera.
Mientras tanto, en el terreno de las declaraciones y lejos de la en general habitual diplomacia política, los principales blancos de las críticas -más allá de los cuestionamientos a la norma nacional- fueron dos mendocinos: Jaque y Cobos. Pero los cuyanos también reaccionaron.
En La Rioja, Beder Herrera sorprendió ayer al castigar con dureza a su par de Mendoza. "Si Jaque, pisándole la cabeza a otras provincias como la nuestra, quiere levantar su imagen en Mendoza, es lamentable", sentenció.
"Pensé que era un amigo; él es peronista, hemos conversado mucho sobre estos temas, conoce la situación de La Rioja y de las injusticias que ha sufrido la provincia históricamente", resaltó además.
Beder Herrera también se acordó de Cobos, quien respaldó la estocada del Ejecutivo mendocino contra la prórroga del régimen de beneficios impositivos. "Ahora que es vicepresidente, debería pensar en forma igualitaria para todas las provincias y no buscar ventajas para la suya", dijo.
El riojano sostuvo además que Jaque es el "mejor alumno" de Cobos, al encarar la batalla contra la promoción que otrora liderara el por entonces gobernador de Mendoza.
Sin embargo, la primera reacción había surgido días antes desde San Juan y de la mano del titular del Ejecutivo, el justicialista José Luis Gioja, quien aseguró que le "hincha las pelotas" el reclamo permanente de los mendocinos en torno a la promoción. "Me parece una falta de respeto; los mendocinos no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje ni de expresión", le contestó el lunes el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
En las últimas horas tomaron la posta los legisladores nacionales sanjuaninos. Por caso, el senador nacional César Gioja remarcó que "Mendoza quiere emparejar para abajo", aunque dijo que se puso en contacto con su par mendocino, Adolfo Bermejo, para "bajarle el tono a la polémica» porque «el árbol no debe taparnos el bosque".
También hubo dardos contra Jaque desde San Luis, en este caso gobernada por un justicialista del peronismo disidente, Alberto Rodríguez Saá. En esa línea, la ministra de Gobierno, Justicia y Culto, Gladys Bailac de Follari, tildó a las declaraciones de Jaque de "mezquinas".
Por su parte, la diputada nacional Ivana Bianchi (Peronismo Federal) aseguró que el mendocino "ataca" al pueblo puntano "por mero formulismo o disensión política".
En Mendoza, el pasado 27 de mayo Jaque había sostenido que no se opone a la extensión de la promoción industrial para La Rioja, pero sí para el resto de los distritos implicados. "Sería injusto, inequitativo y nos generaría a los mendocinos muchos inconvenientes", dijo.
En sintonía, para Chaco, la medida nacional "discrimina a otras regiones que también necesitan captar inversiones", según los dichos del ministro de Economía, Eduardo Aguilar.
Ello, en concordancia con la carta enviada por Capitanich a la Presidente y con el fuerte malestar desatado en el sector industrial chaqueño, desde cuya dirigencia anunciaron que instalarán el tema en la Unión Industrial Argentina.
* La presentación
La acción de amparo cuenta de cinco puntos clave. En el proyecto trabajaron los abogados de Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno y de la Subsecretaría Legal y Técnica, para finalmente darle forma a la presentación.
Según publica
MEdzonline: El punto uno tiene que ver con un pedido de inconstitucionalidad del decreto que prorroga la promoción industrial para las provincias de Cuyo y excluye a Mendoza de los beneficios impositivos. Además, se solicitará una medida de "no innovar" para evitar que el decreto presidencial se ponga en práctica hasta que no se resuelva el tema de fondo.
¿Cuál es el fondo de la cuestión? Este es el punto dos y el más importante. El gobierno de Mendoza decidió cuestionar el alcance de las facultades delegadas a la Presidencia de la Nación en el marco de la emergencia económica. La idea es clara: ni Cristina Fernández ni quien se siente oportunamente en el Sillón de Rivadavia podrán apelar a este argumento para firman un decreto que se base en la discrecionalidad y la arbitrariedad de las decisiones. Precisamente, de esto se trata el tercer punto.
Para los representantes legales mendocinos, no existe ningún parámetro que pueda justificar en la actualidad que, por ejemplo, San Juan o San Luis sean beneficiados con una serie de exenciones impositivas para lograr la radicación de nuevas empresas. Las precisiones, según la redacción de la norma, se refieren a la situación de La Rioja y se hacen extensibles hacia las otras provincias, cuya realidad económica es diferente.
De paso, se busca discutir sobre los perjuicios que la promoción industrial trae para el resto de las provincias. Las ventajas impositivas están relacionadas con impuestos nacionales como el IVA y Ganancias, que son coparticipables. Y si no hay recaudación, tampoco habrá redistribución.
Por último, se hará hincapié en la "doctrina de los actos propios". Esto significa que, para el gobierno de Mendoza, desde el momento en que la Nación prometió llevar adelante el proyecto de Portezuelo de Viento, hubo un reconocimiento del deterioro sufrido por la provincia por estar en desigualdad de condiciones para competir con el resto de la región. La megaobra inconclusa tenía como objetivo, en teoría, compensar a los mendocinos por haber sido discriminados por la Casa Rosada.
