Secreto bancario en Uruguay y una historia del BBVA y Crédit Agricole

MADRID ( Madrid Capital) – Sin la coartada de un consejero delegado de compromiso al que echar la culpa de todo lo que sale mal (y es mucho), el presidente del BBVA, Francisco González, sigue sin acertar en sus operaciones en América Latina. Argentina nacionalizó la administradora de fondos de pensiones que gestionaba el grupo que preside Francisco González, que todavía espera la correspondiente compensación económica. Bolivia ya anunció una medida similar, que pueden seguir otros países de la zona. Y está la espada de Damocles de Hugo Chávez en Venezuela, el principal mercado del BBVA en América Latina y que sufre el doble impacto de la devaluación del bolívar fuerte (en enero) y de las enormes dificultades para la expatriación de los dividendos y beneficios. Ahora, el BBVA se encuentra que, nada más adquirir la filial uruguaya del francés Crédit Agricole, el Gobierno de José Mújica ha decidido suprimir el secreto bancario. Esta medida dificultará la captación de depósitos de no residentes, sobre todo de argentinos, que es el principal atractivo de la banca en Uruguay. Y el motivo fundamental, aunque no haya sido hecho público por los responsables del BBVA, para incrementar su presencia en el país. Claro que a lo peor no se trata de un problema de aciertos ni siquiera de mala suerte, sino de errores de planificación. Porque desde antes de la campaña electoral que le llevó a la presidencia de Uruguay, José Mújica mostraba su intención de poner fin al secreto bancario en el país. Aún así, el BBVA, que llevaba un año tratando de realizar una adquisición en Uruguay, siguió adelante con sus planes de compra de la filial de Crédit Agricole, como desveló CapitalMadrid.info el 22 de diciembre de 2009. El Ministerio de Economía y el Banco Central de Uruguay buscan, por una parte, un mayor acceso de los uruguayos a los servicios financieros. Por otra, penalizar que sus ciudadanos se lleven el dinero fuera: los 9.000 millones de dólares que oficialmente tienen en el exterior estarán gravados con el IRPF. Un tercer objetivo es que se invierta en títulos emitidos por el Estado, que no tienen gravamen fiscal. Y sobre todo agilizar el acceso a los datos de las cuentas bancarias de empresas y particulares, sobre todo en caso de sospecha de evasión de impuestos. El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, opina que de esta manera "se va haciendo desaparecer de a poco el secreto bancario en Uruguay". A la banca y, por tanto, también al BBVA, le preocupa esta medida. Como esta otra, que también supone eliminar el secreto bancario: la apertura de los datos de la Central de Riesgo del Banco Central de Uruguay, que permite conocer la solvencia de cada cliente. La decisión de Uruguay de levantar el secreto bancario se debe, entre otros factores, a la presión de Argentina, que exige acceder a los datos de depósitos de sus ciudadanos en ese país. Esta cuestión es prioritaria para el Gobierno de Cristina Fernández, que necesita incrementar sus ingresos fiscales para compensar su enorme déficit. Precisamente el miércoles los dos presidentes, Mújica y Fernández, discutirán este asunto. Argentina quiere firmar un acuerdo para evitar la doble imposición de tributos. Pero no es sólo una cuestión de Argentina, Uruguay quiere quitarse el estigma de paraíso fiscal, sobre todo ahora que gobierna la izquierda, y cumplir con los parámetros de transparencia internacional y de intercambio de información tributaria. El Gobierno de José Mújica ya ha suscrito 12 acuerdos con otros tantos Estados para evitar la doble tributación y facilitar el intercambio de información tributaria, en línea con las exigencias de la OCDE para salir de la lista negra de paraísos fiscales. Hasta que no se firme un acuerdo similar con Argentina, Uruguay no facilitará dato alguno sobre el dinero que los ciudadanos de ese país tienen allí. Se estima que los depósitos de argentinos son la abrumadora mayoría de las colocaciones de no residentes que registra el Banco Central del Uruguay. La cifra total de depósitos en abril fue de US$ 12.851 millones, y US$ 3.022 millones, nada menos que el 23,5% del total, corresponde a los depósitos de no residentes. Insistentemente, Argentina ha expresado a Uruguay su temor por la evasión fiscal que podrían estar cometiendo sus ciudadanos al desviar fondos hacia Uruguay, donde los movimientos son amparados por el secreto bancario. En este sentido, el gobernador del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, defiende la flexibilización del secreto bancario, medida que ya está siendo aplicada por países como Chile, "que integra la lista de los países más transparentes según la OCDE". Pero niega que se esté produciendo una retirada de depósitos por parte de no residentes ante el anuncio de la medida del Gobierno: "No hay punto de nerviosismo en el sistema bancario ni en las actividades financieras ni nada por el estilo. Uruguay es un país que crece y mejora su reputación en ese sentido con un sistema bancario y financiero muy sólido demostrado al atravesar la crisis sin problemas", dijo. Otro argumento del Gobierno uruguayo para suprimir el secreto bancario es evitar discriminaciones entre sus ciudadanos y los no residentes que tienen depósitos y otros activos financieros en el país. Pero, quizás para tranquilizar a los argentinos, el Gobierno de José Mújica aclara que la autoridad impositiva argentina no va a poder "hacer base" en Uruguay para revisar cuentas de argentinos a su antojo, sino que la potestad para pedir el levantamiento del secreto quedará restringida a la Dirección General Impositiva (el equivalente uruguayo de la Agencia Tributaria), y además deberá mediar, igual que hasta ahora, la orden de un juez, que es el que dispone la apertura de los datos sobre las cuentas bancarias de un contribuyente. Ahora, hecha la ley, hecha la trampa. Fuentes financieras uruguayas reconocen que ahí hay mucho dinero de argentinos que tienen la cuenta a nombre de una sociedad anónima uruguaya. Para no verse perjudicados por el levantamiento del secreto bancario pueden hacer un trámite no muy complejo mediante la constitución de una sociedad en otro país. De esta forma, se mantiene oculta la identidad del titular del dinero, que no tendrá que pagar al IRPF uruguayo. Pero el BBVA ha sufrido en carne propia (caso de las cuentas opacas, caso Privanza, caso Canal Trust, entre otros) el daño que producen  los líos fiscales. ¿Le pillarán a FG por estas lides?